EFE
Bolivia enviará una nota verbal a Lima para manifestar su "preocupación" porque los tres ex ministros bolivianos imputados en el caso del "octubre negro" que están asilados en Perú están haciendo actividad política.
El ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, expresó hoy en conferencia de prensa su queja por las críticas que desde Perú los tres ex funcionarios bolivianos han vertido en los medios y denunció que eso supone "actividad política" incompatible con la condición de asilado.
"Quiero exhortar a las autoridades peruanas para que ellos puedan velar por las buenas relaciones entre Perú y Bolivia porque estas declaraciones pueden dañar estas buenas relaciones entre nuestros países", afirmó Choquehuanca.
El canciller dijo que los tres ex funcionarios a los que el Gobierno peruano otorgó asilo a principios de mes "están haciendo actividad política en el Perú que es reflejada a través de los medios de comunicación en Bolivia".
En este sentido, recordó que, según las normas internacionales, los asilados "no deben intervenir en asuntos políticos que comprometan las buenas relaciones internacionales".
Los ex ministros Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Hacienda) están acusados de "genocidio" junto al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y miembros del Gobierno de la época por la muerte de más de 60 personas durante la represión militar de octubre de 2003.
La decisión de Perú de dar asilo político a los ex funcionarios creó un conflicto entre los Gobiernos de La Paz y Lima hasta el punto de que el presidente Evo Morales dijo que las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban en "alto riesgo".
Choquehuanca informó que el embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano, solicitó una audiencia con el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, para entregar documentación sobre la actuación de los tres ex ministros en octubre de 2003 y que aguarda por una respuesta en las próximas horas al respecto.
"Esperamos que el Perú, contando con esta información fundada, pueda revisar y revocar el asilo y poner fin al refugio", apuntó el canciller boliviano.
Choquehuanca informó la semana pasada del envío de esa documentación también a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a "todos los organismos internacionales" y al cuerpo diplomático acreditado en La Paz.
Con el envío de esta documentación, el Ministerio de Exteriores boliviano busca que Lima "considere la revocatoria del asilo y el cese del refugio" a los ex ministros.
La Corte Suprema de Bolivia ordenó ayer la captura de los tres ex ministros que se encuentran Perú, así como de otros tres que residen en Estados Unidos y España, para que puedan ser juzgados en su país por las muertes del "octubre negro" de 2003.
El juicio contra el segundo Gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada se instauró ayer en Sucre, pero se suspendió horas más tarde porque uno de los ex ministros que está fuera de Bolivia presentó a través de sus abogados una recusación contra todos los magistrados del tribunal.
De los 17 imputados por este caso, nueve se encuentran fuera de Bolivia, en concreto el propio Sánchez de Lozada y ocho de sus ex ministros.
Bolivia enviará una nota verbal a Lima para manifestar su "preocupación" porque los tres ex ministros bolivianos imputados en el caso del "octubre negro" que están asilados en Perú están haciendo actividad política.
El ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, expresó hoy en conferencia de prensa su queja por las críticas que desde Perú los tres ex funcionarios bolivianos han vertido en los medios y denunció que eso supone "actividad política" incompatible con la condición de asilado.
"Quiero exhortar a las autoridades peruanas para que ellos puedan velar por las buenas relaciones entre Perú y Bolivia porque estas declaraciones pueden dañar estas buenas relaciones entre nuestros países", afirmó Choquehuanca.
El canciller dijo que los tres ex funcionarios a los que el Gobierno peruano otorgó asilo a principios de mes "están haciendo actividad política en el Perú que es reflejada a través de los medios de comunicación en Bolivia".
En este sentido, recordó que, según las normas internacionales, los asilados "no deben intervenir en asuntos políticos que comprometan las buenas relaciones internacionales".
Los ex ministros Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Hacienda) están acusados de "genocidio" junto al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y miembros del Gobierno de la época por la muerte de más de 60 personas durante la represión militar de octubre de 2003.
La decisión de Perú de dar asilo político a los ex funcionarios creó un conflicto entre los Gobiernos de La Paz y Lima hasta el punto de que el presidente Evo Morales dijo que las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban en "alto riesgo".
Choquehuanca informó que el embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano, solicitó una audiencia con el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, para entregar documentación sobre la actuación de los tres ex ministros en octubre de 2003 y que aguarda por una respuesta en las próximas horas al respecto.
"Esperamos que el Perú, contando con esta información fundada, pueda revisar y revocar el asilo y poner fin al refugio", apuntó el canciller boliviano.
Choquehuanca informó la semana pasada del envío de esa documentación también a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a "todos los organismos internacionales" y al cuerpo diplomático acreditado en La Paz.
Con el envío de esta documentación, el Ministerio de Exteriores boliviano busca que Lima "considere la revocatoria del asilo y el cese del refugio" a los ex ministros.
La Corte Suprema de Bolivia ordenó ayer la captura de los tres ex ministros que se encuentran Perú, así como de otros tres que residen en Estados Unidos y España, para que puedan ser juzgados en su país por las muertes del "octubre negro" de 2003.
El juicio contra el segundo Gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada se instauró ayer en Sucre, pero se suspendió horas más tarde porque uno de los ex ministros que está fuera de Bolivia presentó a través de sus abogados una recusación contra todos los magistrados del tribunal.
De los 17 imputados por este caso, nueve se encuentran fuera de Bolivia, en concreto el propio Sánchez de Lozada y ocho de sus ex ministros.
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