El estado del malestar

Amylkar D. Acosta M.

“Rechazamos por falsa la opción entre nuestra seguridad y nuestros ideales”, Barack Obama

El desbarajuste institucional

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 consagró como principio constitucional que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”[1]. Pero este, como tantos otros preceptos de la nueva Constitución, no sólo no ha tenido mayor desarrollo sino que las sucesivas reformas lo han tornado nugatorio a la hora de su aplicación. En sólo 17 años se han expedido ya más de 26 actos legislativos, reformando a través de ellos más de 50 artículos de la Constitución; porque la tendencia de los gobernantes de turno ha sido hacer de ella la que denominó el inmolado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona Cruz, una Carta a la carta. No mas en el 2007 se le introdujeron cuatro reformas a la Constitución, en una de ellas[2] se modificaron de una vez cinco artículos (¡!). El país sigue siendo rehén del fetichismo normativo, de la reformitis, creyendo que todos los problemas y tropiezos que encare el país se resuelven cambiando las normas, lo cual es lo más atentatorio contra la seguridad jurídica, uno de los bienes más preciados de una sociedad. En concepto del Presidente Alvaro Uribe Vélez, “En un Estado de opinión los temas constitucionales son de opinión”, de lo cual se sigue que la Constitución en lugar de servir como pacto de convivencia, de tierra de frontera, queda así convertida en una especie de giralda, tomando siempre la dirección en la que soplan los vientos. Según dicho criterio las mayorías se imponen e ignora que el concepto de democracia va mucho más allá, no se reduce a la voluntad mayoritaria sino que demanda el respeto escrupuloso de sus reglas y procedimientos. Por ello, Kelsen distingue muy bien la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la que se refrenda a diario con los actos de gobierno. Cuando tales concepciones hacen carrera, como lo afirma el ex ministro Fernando Carrillo, “los frenos y contrapesos del Estado de Derecho son las primeras víctimas”[3]. Es obvio de toda obviedad que la entelequia del Estado “de opinión” es extraña al Estado Social de Derecho y se contrapone a él o, lo que es peor, lo suplanta.

Como lo afirma el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, desde la pasada década del 90, estamos asistiendo en América Latina al desarrollo de un nuevo modelo “democrático”, que en nada se parece al arquetipo de las democracias liberales de Occidente que inspiraron a los padres de la patria. El lo denomina 'democracia delegativa' y su característica fundamental es que los ciudadanos, exasperados y desencantados por los repetidos fracasos de los gobiernos, están dispuestos a delegar todo el poder de decisión en las manos de un líder carismático, providencial y mesiánico. Este se vuelve irreemplazable, imprescindible e insustituible, lo cual es nocivo y pernicioso para el ordenamiento democrático. Las democracias delegativas “se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente…El Presidente es considerado la encarnación de la Nación y el principal definidor y guardián de sus intereses…La democracia delegativa es fuertemente mayoritaria”[4]. Y la verdad sea dicha, como lo ha sostenido Karl Popper “no necesitamos tantos buenos hombres como buenas instituciones”, remembranzas de Simón Bolivar, arquitecto de nuestras instituciones primigenias, quien sentenciara: “instituciones fuertes sí, hombres fuertes no”. Digamos con Napoleón que “los hombres son verdaderamente grandes, nada más porque dejan instituciones tras ellos” y no por ser sus demoledores. Aunque con distinto signo y orientación ideológica, la democracia “delegativa” viene sentando sus reales en la región y se inclina cada vez más por la democracia directa que por la representativa. Ello ha llevado a estos países a un grado de crispación y polarización política permanente que no tenía precedentes.

Colombia no ha escapado a esta ola y a ello ha contribuido y de qué manera la ceguera y la insensatez de una guerrilla que hace rato perdió su norte, propiciando el enseñoreamiento de un pensamiento único y reduccionista de la misión del Estado, amén del macartismo, la intransigencia y la intolerancia hacia las ideas ajenas, como reacción primaria a sus desvaríos. La seguridad a todo transe se ha convertido en la obsesión del gobierno y en el anhelo represado de los ciudadanos, en un fin en sí mismo, sin importar los medios. Se olvida que, como lo sostuvo Rafael Nuñez, el regenerador, “el Estado no es un órgano de simple conservación; su fin exclusivo no es mantener el orden, la paz y la obediencia; esas son apenas condiciones previas e indispensables para lograr más altos fines”. Es de advertir que la seguridad, por ser algo esencial e inherente a la función del Estado y en esa misma medida debe responder a una política de Estado. No basta con convertirla en ley de la República o constitucionalizarla, como lo han pretendido algunos despistados; para que tenga el carácter de tal debe cumplir con tres pre-requisitos, imprescindibles todos ellos, a saber: quienes participen de ella deben contar con información fidedigna y confiable, participar activamente del análisis y estar comprometidos en las estrategias que se definan. El asunto de la guerra y/o de la paz, es de aquellos que ameritan ser abordados como política de Estado y no como política de gobierno, para que no dependa de la discrecionalidad del Presidente de turno, en un propósito que tiene que ser de largo aliento y que, por ello mismo, no puede estar al vaivén de la coyuntura del momento. En respuesta a la insistencia del Presidente Uribe sobre la necesidad de reelegir la seguridad democrática, el politólogo Eduardo Posada Carbó afirma que “La mejor forma de reelegir al principio de seguridad es despolitizarlo, mediante un acuerdo con todos los partidos sobre su valor fundante del orden social. Y, por supuesto, despersonalizarlo. Contrariamente a lo que piensan muchos de sus seguidores, el peor enemigo de la seguridad democrática es la reelección presidencial. Mientras más dependa el destino del país de una sola voluntad más nos alejaremos los colombianos de la seguridad”[5].

La Constitución funciona como un juego de ajedrez, en el que el movimiento de cualquiera de sus piezas altera todo el juego y ello fue lo que ocurrió en Colombia con la reforma constitucional que introdujo la reelección presidencial inmediata. Lo que se planteó como la reforma de un “articulito” terminó desbarajustando toda la arquitectura institucional, fortaleciendo en grado superlativo el poder del ejecutivo, enervando la autonomía de las demás ramas del poder e invadiendo el ámbito de sus competencias. La prolongación del mandato al Presidente de la República más allá de los cuatro años previstos anteriormente, sin ajustar simultaneamente los períodos de las cortes y de la Junta directiva del Banco de la República, han causado un dislocamiento del andamiaje institucional. Su integración ha ido quedando paulatinamente en manos del ejecutivo, minando su independencia y atentando contra la separación de las ramas. Una prueba al canto: a estas alturas Fernando Tenjo es el único codirector del B de la R que queda no designado por el actual Presidente de la República.

La administración Uribe en forma reiterativa alude a la confianza como su principal activo y la basa en tres pilares fundamentales: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. No obstante, el talante del Presidente, su estilo de gobierno y sus acciones conspiran contra ella, pues la base fundamental de la confianza de los empresarios, de los inversionistas y de los consumidores radica en la estabilidad de las reglas y estas se están cambiando constantemente, sin vísperas y de manea caprichosa. Ya se empieza a hablar de la inseguridad inversionista, como lo hizo el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo[6], refiriéndose a las equívocas señales que se vienen dando por parte del gobierno al sector eléctrico, lo mismo que el pronunciamiento de los gremios de la mineria a raíz de las contradicciones en el seno del gobierno en torno a las licencias de explotación de minerales en el país. Ello es tanto más cierto, si tenemos en cuenta que los empresarios que quieran gozar de la estabilidad de las reglas que le son aplicables deben pagar por ello[7]. Ese es el caso de los “acuerdos de promoción y protección de la inversión” entre las empresas y el gobierno, que ampara la Ley 963 de 2005. Para Douglas North, premio Nobel de Economía 1993, institucionalista por excelencia, “…la posibilidad de que existan mercados eficientes, con bajos costos de transacción, depende de manera fundamental de unas reglas de juego legítimas, creíbles y aceptables”. Y es muy diciente su reacción a propósito de la pretensión de Menen de hacerse reelegir a despecho de lo que disponía la Constitución argentina. Esto manifestó: “cuando un Presidente es tan poderoso que puede cambiar la Ley cuando le estorba, lo que se tiene en el fondo es una situación en la que la economía depende de los caprichos de los políticos. Y eso generalmente es un desastre”. Cualquier parecido con la realidad colombiana no es nada coincidencial. Es que “las instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana…Las instituciones reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria…Junto con la tecnología empleada determinan los costos de transacción y transformación (producción) que constituyen los costos totales”[8].


De vuelta al centralismo

La concentración de poder en el ejecutivo también se ha traducido en la reversión del proceso de descentralización y autonomía territorial. So pretexto de “profundizar” la descentralización esta se ha visto menguada merced a las políticas que han estado enderezadas a su desmantelamiento. El esperpento de la “asociatividad” entre las entidades territoriales ha servido de subterfugio a este gobierno, como en el pasado las “áreas de desarrollo territorial”, para impedir el avance hacia la autonomía regional consagrada en la Constitución[9]. Los tan execrados fondos de cofinanciación presupuestales fueron reemplazados por las no menos vitandas audiencias públicas con los parlamentarios para asignar tales recursos, más parecidas a una especie de tómbola. De un manotazo, le arrebataron a las regiones los recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR)[10], para darle su manejo al DNP, no obstante que la Ley 756 de 2002 en el parágrafo del artículo 1º establece claramente que "Los recursos del Fondo Nacional de Regalías son propiedad exclusiva de las entidades territoriales”. Y para añadirle injusticia al despropósito, se viene desviando la destinación de esos recursos, que están llamados a financiar los proyectos de impacto regional[11], para financiar el abultado déficit gubernamental mediante su colocación en títulos de tesorería (TES). Al zarpazo que recibieron las entidades territoriales al recortarles las mal llamadas transferencias (léase Sistema General de Participación) a través del Acto legislativo 01 de 2001, se vino a sumar un nuevo recorte a las mismas a través del Acto legislativo 04 de 2007. Para rematar, a través del Decreto 028 del 10 de enero de 2008 se arroga el gobierno central la facultad de intervenir, si es del caso, los recursos del Sistema General de Participación (SGP) de las entidades territoriales, como ya lo viene haciendo con las regalías directas que perciben las entidades territoriales, en unos casos congelándoselas y en otos cambiándoles de ejecutor.

Incluso, se llegó a plantear por parte del Vicepresidente Francisco Santos “una reforma constitucional que le permita al gobierno… tomar decisiones dentro del gasto público en departamentos y municipios (sic!)…crear una especie de emergencia que le permita al gobierno central disolver gobiernos locales, departamentales, intervenir, nombrar durante un año y luego llamar a elecciones”, siempre que a juicio del gobierno central se presenten casos graves de corrupción en los que resulten involucrados los titulares del cargo. Este anuncio es una especie de espada de Damocles que pende sobre las regiones y es una amenaza que permanecería latente con una nueva reelección del Presidente Uribe[12]. Se parte de la falsa premisa de que los focos de corrupción están en las regiones, cuando en este país hasta la corrupción está centralizada. Por lo demás, los consejos comunales sabatinos que protagonizan el Presidente de la República y su equipo de gobierno, operan como centralismo itinerante. En el transcurso de los mismos el gobierno central concentra todos los poderes, arrogándose las funciones propias de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y hasta de los propios parlamentarios, copando todos los espacios, quienes quedan a expensas de la munificencia del Presidente de la República, convertido en el gran dispensador de favores y de recursos. Allí, muchas veces, se toman decisiones “en caliente”, en medio del frenesí de la turbamulta, a mano alzada, que no siempre están respaldadas por el estudio y el análisis ponderado, primando la improvisación y la chapucería con todas sus consecuencias ulteriores. Se suele confundir la eficiencia con la eficacia; cuántas veces no se sacrifica esta última en aras del eficientismo; pero, bien dijo Gandhi que “la velocidad no importa si vas en la dirección equivocada”. A diario tenemos la comprobación de este aserto, pues ya es proverbial el repentismo presidencial en la toma de decisiones, a menudo apresuradas e inconsultas, poniendo en aprietos al propio gobierno. Un estudio realizado por profesores de la Universidad de los Andes concluyó que “a través de los consejos comunales se asumen compromisos que implican gastos, de manera que aseguren los apoyos políticos necesarios para mantenerse en el poder”[13]

El aislacionismo nos agobia

La política exterior no ha escapado a este desbarajuste. Se ha roto una larga tradición de manejo consensuado de la política exterior, la Comisión Asesora de Relaciones exteriores prácticamente ha quedado sin oficio. Decisiones de tanta envergadura y trascendencia como el apoyo a la aventura del presidente de los Estados Unidos, George W Bush, en Irak, la tomó el gobierno por sí y ante sí, sin medir sus implicaciones. El prurito de firmar “rapidito” el TLC con los Estados Unidos, llevó al gobierno a negociarlo bilateralmente, en solitario, en lugar de hacerlo en bloque, dando al traste con la unidad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sin reparar en sus consecuencias y se repite la historia ahora que se negocia también con la Unión Europea (UE) otro TLC. A consecuencia de ello y del pésimo manejo que se le ha dado a la diplomacia, Colombia hoy está virtualmente aislada en la región. Ello ha repercutido en el entrabamiento del comercio con Venezuela y Ecuador, que son nuestros dos principales mercados externos para las exportaciones manufactureras. Mientras Chávez y Correa estén al frente de los destinos de estos dos países y al parecer será por un largo rato, asaz difícil será lograr la normalización de sus relaciones con Colombia. Y, de contera, con la llegada de Barack Obama a la Presidencia de los EEUU, el Presidente Uribe se quedó plantado “en el lado equivocado de la historia” al que aludió Obama en su discurso de posesión, lo cual complica aún más su gestión de gobierno de cara al futuro. Está visto, que se hace necesario, como lo planteó el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, “establecerle límites a la figura de la reelección presidencial”[14] para evitar daños mayores a la institucionalidad, que por cuenta de ella se ha descuadernado y a la economía. En el inmediato futuro se impondrá como la primera prioridad en la Agenda del país el reajuste institucional.

La gran crisis

Estamos en medio de la turbulencia de una gran crisis global, la primera de tales características y la peor desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Ya lo advertía Schumpeter: el capitalismo es una sucesión interminable e intermitente de destrucción creativa, en la que nuevas ideas y tecnologías desplazan a compañías antiguas que se vuelven obsoletas y desaparecen. En esas estamos: el paradigma de la desregulación, inspirada en la doctrina que Margaret Thatcher y Ronald Reagan entronizaron en la década de los 80, para quienes el Estado no era la solución sino el problema, hizo crisis y nos tiene ahora en un callejón sin salida. Un banquero de los EEUU le comentó al reputado periodista estadounidense Thomas Friedman que “por fin hemos dado con las armas de destrucción masiva”, para luego añadir “las teníamos enterradas en nuestro propio jardín, con sus correspondientes hipotecas subprime y todos los productos que se derivan de estas”[15], es decir, los “derivados de los derivados”, más conocidos como los “activos tóxicos” productos de la inventiva perversa de la banca de inversión[16]. Según Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano, “la crisis global es perfecta, porque los bancos no prestan, los inversionistas no invierten y los consumidores no consumen”.

Y lo más grave es que con la globalización de la economía, las crisis tienden también a globalizarse, máxime cuando se originan en una economía como la de los EEUU, considerada como la locomotora del crecimiento de la economía global. Los EEUU están sumidos en la más profunda recesión desde diciembre de 2007, la cual cobró en el sólo año 2008 2.6 millones de empleos y en enero de este año se perdieron otros 598.000, elevando la tasa de desempleo al 7.6%, algo que no se daba desde 1992, estimándose que puede llegar este año al 10%. En el último trimestre de 2008, el PIB de los EEUU se contrajo un 3.8% a ritmo anual, un nivel jamás visto desde el primer trimestre de 1982, para cerrar el año con un anémico crecimiento por debajo del 1.5%, el peor en 7 años. Según los economistas de RDQ Economics, La caída habría sido mayor, de no haber sido porque “un alza inesperada de los stocks (…) tuvo por resultado que el PIB no se contrajera 'nada más que' 3.8%”[17]. Al conocer los pobres resultados del desempeño de la economía estadounidense el año anterior, el Presidente Obama no dudó en asegurar que sus compatriotas están viviendo una catástrofe económica y un “sueño americano al revés”[18].

El contagio no se hizo esperar y la onda expansiva de la recesión que empezó en los EEUU ya se extendió al resto del orbe, con todas sus consecuencias. Y no es para menos, por que a la perdida del empleo le sigue la baja en los ingresos, afectando la capacidad adquisitiva, la cual se transmite rápidamente bajando el consumo y la demanda industrial, con el consiguiente freno de las importaciones, las remesas al exterior de los extranjeros residentes en los EEUU y ello, lógicamente, implica una reducción de los volúmenes y los precios de los principales renglones de exportación de los países emergentes como Colombia y repercute de soslayo además en la caída de la demanda doméstica de estos países. Es inevitable que en tales circunstancias resurja el fantasma del proteccionismo, como ya se palpa en los EEUU y en otras latitudes; el Presidente Obama tuvo que jugarse a fondo en el Congreso para tratar de impedir sin lograrlo que se aprobara una Cláusula de “compra estadounidense” en el proyectado plan de reactivación económica que acaba de ser aprobado, según la cual todos aquellos que reciban recursos provenientes del mismo se obligan a adquirir bienes producidos en los EEUU. Aunque matizada, pasó y ello puede ser sólo el comienzo de una larvada pero funesta guerra comercial entre los países que agravaría la crisis, como ya sucedió en el pasado[19]. Tales brotes ya han tenido eco en la región, el Ecuador, ni cortos ni perezosos, impuso un arancel del 30% a sus importaciones y una sobretasa adicional del 35%, con lo cual se le inflige un duro golpe a Colombia. Para el Ministro de Comercio de Colombia, Luis Guillermo Plata, el impacto de esta medida será del orden de los US $210 millones, 15% del total de nuestras exportaciones al Ecuador; aunque para ANALDEX el perjuicio puede superar los US $500 millones. De hecho, a consecuencia de la crisis, se calcula que el volumen de las exportaciones a nivel mundial se verá reducido en un 2.1%, la primera contracción a este nivel desde 1982. El líder de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, fue muy enfático al afirmar que “la única forma de asegurarse de que esta crisis no empeore ni se prolongue es actuar en conjunto y mantener el comercio abierto”[20]

En la primera Cumbre del G – 20[21] que se convocó para ver de conjurar la crisis, de atajar o amortiguar sus devastadores efectos, se llegó rápidamente al consenso sobre la necesidad de poner en marcha cuanto antes políticas fiscales “anticíclicas”, es decir, en sentido contrario a lo que en un determinado momento indica el ciclo económico, con el objeto de estabilizar la economía. Y ello, aún a riesgo de acrecentar los niveles de endeudamiento y déficit fiscal, con el propósito de reanimar la economía, recurriendo “al uso de medidas fiscales para estimular la demanda interna en forma rápida”. Y eso es lo que viene haciéndose en todos lares, coincidiendo los distintos gobiernos en promover cuantiosas inversiones tanto por parte del sector público como del privado, orientadas fundamentalmente a la infraestructura (vías, transporte, comunicaciones, puertos, etc.). Eso es exactamente lo que dispuso hacer el Presidente Barack Obama, tan pronto asumió el cargo sometió a la consideración del Congreso de la Unión un paquete de US $789.000 millones (algo más del 5% del PIB), de los cuales 2/3 partes se utilizarán para realizar inversiones y el resto para reducir impuestos, con el fin de estimular la demanda[22]. No sabemos cuánto va a durar esta crisis, pero los más optimistas no se aventuran a vaticinar el repunte de la economía antes de 2010.

El Director gerente del FMI, Dominique Strauss Kahn, vislumbra un panorama sombrío; dice él que “2008 fue un año difícil para la economía mundial, pero de ningún modo podemos esperar que 2009 sea mejor”[23]. Los centros de investigación están pronosticando un decrecimiento de la economía de los EEUU (- 1.5%), Unión Europea (- 0.6%) y Japón (- 0.5%) y un bajonazo en la economía china, que pasaría de un crecimiento superior al 10% a sólo el 7.7%. Por su parte, la CEPAL estima para Latinoamérica y el Caribe un magro crecimiento del 1.9%[24]. Mientras tanto el crecimiento del PIB mundial se viene revisando a la baja y ya se estima en el 0.5% por parte del FMI frente a la previsión de tres meses atrás del 2.2%, a punto del estancamiento, el más bajo en 60 años (¡!). “El crecimiento de la economía mundial prácticamente se ha detenido”[25] sostuvo recientemente el FMI.

El coletazo de la crisis

En 2007 se cerró uno de los períodos de mayor prosperidad en la historia de la economía Latinoamericana, es el que se ha dado en llamar el “quinquenio virtuoso”. Su economía creció alrededor de 5% durante el mismo, aparejada con un notable crecimiento del PIB per cápita, superior al 3% anual. Colombia no fue la excepción y durante este intervalo su PIB creció a un ritmo promedio del 6%, muy por encima del promedio histórico del 4%. En medio de la euforia por tales resultados, que el gobierno atribuía a los éxitos de la seguridad democrática y a su acertada política económica, estaba por establecerse hasta dónde eran sostenibles. Pero, como afirmó el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, “Cuando un bote está navegando rápido, con viento a favor, es difícil decir cuánta velocidad es atribuible a la habilidad del capitán”. En el caso colombiano, la verdad sea dicha, el mayor mérito que le cabe a sus autoridades en este logro es el haber dejado funcionar el piloto automático. Sin embargo, ese período quedó atrás y hoy es otro el escenario; el entorno es otro muy distinto del anterior y las fuerzas que ayer alentaban el crecimiento regional hoy lo desaniman.

Los principales socios comerciales de Colombia en la región, Venezuela y Ecuador, verán su tasa de crecimiento reducida a la mitad en el primer caso y a una tercera parte en el segundo[26], incluso las últimas proyecciones hablan de un decrecimiento del PIB entre el 2% y el 3%. En la medida que el sector externo se ha tenido como el motor del crecimiento de la economía colombiana, su deterioro ha impactado severamente al resto de la economía y de qué manera. En efecto, la producción industrial que creció al ritmo del 9% anual al comienzo de 2007, ya para el tercer trimestre del 2008 su crecimiento fue de un lánguido 2% anual. Según la más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI, la producción industrial, sector clave de la economía, cayó 3.1% en 2008, mientras que las ventas lo hicieron en 3%, las cifras más preocupantes en un lustro. De los 21 sectores analizados, 16 tuvieron caída; la utilización de la capacidad instalada en diciembre de 2008 cayó a 75%, casi 6 puntos porcentuales por debajo del nivel observado 12 meses atrás. Ello dio pie para que Luis Carlos Villegas, Presidente de dicho gremio empresarial, afirmara que “Las cifras nos señalan que la industria colombiana, técnicamente entró en recesión”[27]. Estas cifras fueron corroboradas más tarde por la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE[28]; es más, los registros oficiales dan cuenta de una caída de la producción industrial más pronunciada, del 3.5% y las ventas del sector industrial experimentaron una baja del 3.6% para el año completo.

Cabe resaltar que la agricultura siguió sin mostrar signos de recuperación, con un exiguo crecimiento para septiembre de 2008 de apenas 1.2%, siempre por debajo del crecimiento de la economía en su conjunto. Y no lo decimos a humo de paja, es que el crecimiento del PIB agropecuario en los últimos cinco años ha venido siempre a la zaga del PIB nacional. En 2004 creció 2.0%, menos de la mitad del PIB nacional que registró un crecimiento ese mismo año de 4.9%; en 2005 ocurrió otro tanto, sólo creció apurado 1.9% frente al 4.7% del PIB total; en 2006 2.3% frente a 6.8% y, por último, en 2007 dicho crecimiento contrastó nuevamente, para el sector agropecuario de 2.6% y para el economía en general de 7.5%. Dicho de otra manera, el sector agropecuario en el país ha venido creciendo sistemáticamente por debajo de un tercio con respecto al PIB nacional. Entre 2004 y 2007, mientras el consolidado del crecimiento del PIB total fue de 20.3%, para el sector agropecuario fue a duras penas del 6.88% (¡!). Ello es sumamente preocupante, pues denota un desarrollo desigual de la economía nacional, una dualidad en la política económica en detrimento del sector rural, agobiado por la pobreza, el desempleo y el desplazamiento forzado.

Aunque él hace la salvedad en el sentido que “sobre la recesión de la economía creo que estamos igual de lejos a cuando me lo preguntaron en septiembre pasado”[29]. Aquí se repite la historia reciente de los EEUU, en donde se aguardaba que se cumpliera el tecnicismo de esperar que bajara el crecimiento del PIB durante dos trimestres consecutivos para modo de declarar que la economía estaba en recesión. Pero la prestigiosa Oficina Nacional de Investigación Económica de los EEUU cuestionó dicho criterio y consideró que “un descenso significativo de la actividad económica que se extiende a través de sus sectores, que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en producción, empleo, ingreso real y otros indicadores”[30] . Con base en esta redefinición de la recesión, conceptuó que esta se estaba dando en los EEUU desde diciembre de 2007 y nadie salió a contradecirla. Si nos atenemos a ella, aquí estamos en recesión o por lo menos ad portas de ella. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, para no dar lugar a confusión: si está en recesión la industria está en recesión la economía. Bien pudo exclamar Luis Carlos Villegas con el poeta Eduardo Carranza en su “Soneto con una salvedad”, “salvo mi corazón todo está bien”. El gobierno, entre atónito y confundido, ha hecho mutis por el foro; extrañamente no ha salido esta vez a refutar las cifras con sus acostumbrados artilugios, ya sea desautorizándolas o introduciendo cambios metodológicos como ocurrió con el propio DANE, que hasta al director removieron. Por esta razón, justamente, no se manejan cifras oficiales en Colombia que sean confiables en materia de desplazamiento, pobreza, erradicación de cultivos ilícitos y desempleo. De allí que este país esté plagado de falsos positivos en todos los ámbitos de su actividad.

Es de advertir que la economía colombiana ya venía de capa caída cuando la crisis tocó a sus puertas y en ello influyó fundamentalmente la baja en el consumo de los hogares. La caída de este, según el DANE, aunque se ha acentuado recientemente, se viene dando desde marzo de 2007; pasó de un crecimiento histórico real anual de 9.5% a uno de sólo 3.9% para el I trimestre de 2008 y en el II trimestre el consumo de los hogares creció tres veces menos que las exportaciones, en momentos que estas empezaban a afectarse por la crisis. Los últimos datos de consumo dados a conocer por el DANE evidencian un crecimiento negativo (-2%) del consumo hacia el puro final de 2008. Y recordemos que el consumo representa el 65 % del PIB[31]. Tres factores han contribuido a frenar el consumo: las altas tasas de interés, la debacle de las pirámides, la ola invernal que afectó al campo y la caída de las remesas. Estas ya han sido impactadas por la crisis; aunque el año pasado, según el Informe del B de la R, los ingresos por remesas llegaron a US $4.842 millones, 7.8% mayor que en 2007, éste fue la mitad de lo que crecieron en 2007 en el último trimestre de 2008 el frenazo se hizo evidente y la caída de las remesas fue del 11.6%. Para este año, el Banco Mundial estima en 0.9% la caída de las remesas en el mundo, después de haber llegado al tope de los US $283.000 millones.


Las perspectivas no son nada halagüeñas, habida cuenta que la percepción que tienen los empresarios y los consumidores es que la situación lejos de mejorar va a empeorar y ello repercute en su comportamiento con respecto al mercado. La confianza de los empresarios, de acuerdo con un estudio reciente de Fedesarrollo[32], cayó estrepitosamente; el Índice de confianza Industrial (ICI) para diciembre de 2008 se desplomó 28 puntos con respecto al mismo mes de 2007, registrando – 20 puntos. Entre tanto, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se descolgó desde 34 puntos en diciembre de 2007 a 2.7 puntos en diciembre de 2008 y el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) se ubicó en 0.8 puntos en diciembre de 2008, con una caída vertical de 32.2 puntos. Nos parece muy pertinente la acotación que hizo el profesor Gonzalo Palau Rivas en relación a los resultados que arrojó dicha encuesta, en el sentido que “Si el 2008 fue el año de los mayores golpes a la guerrilla y esta prácticamente se encuentra arrinconada y fuertemente restringida en sus planes criminales, ¿cómo es posible que la confianza tanto de consumidores como de empresarios esté en los mismos niveles de la época del Caguán? No deja de ser llamativo que de acuerdo con la misma, la ciudad donde cunde el mayor grado de pesimismo es Medellín, tan cara al corazón grande del Jefe del Estado”[33]. Todo indica, según esta Encuesta, que la incertidumbre y no la confianza es el signo de los tiempos que corren en Colombia; con posterioridad a la aplicación de la Encuesta se conocieron los reportes del DANE en materia de empleo y desempeño de la economía, muy desalentadores por lo demás, que lejos de mejorar el clima de los negocios y recobrar la confianza del consumidor lo complican aún más. Según el mismo estudio, el pulso en torno a la nueva reelección presidencial ha servido de detonador, enrareciendo el ambiente en medio de una gran crisis de confianza de la que es portadora la propia crisis.

En tales circunstancias, no dejaba de ser iluso que el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluága, en medio de semejante crisis, dijera sin pestañear que “El país está blindado contra la crisis económica externa”[34]. La crisis global puso a prueba la fortaleza de la economía de la que tanto alarde se hacía y ha empezado a resentirse, poniendo al desnudo sus vulnerabilidades. Es bien sabido que Colombia es el único país de la región cuya economía se ha visto sorprendida por la crisis afectada como lo está por los déficits gemelos (fiscal y de cuenta corriente de la balanza de pagos), que no fue capaz de corregir aprovechando el boom de los productos básicos y lo que es peor con nota negativa por parte de las firmas calificadoras de riesgo. Así las cosas, no es de extrañar que lo que se creía iba a ser un suave aterrizaje de la economía después de un crecimiento inusitado del PIB del 7.5% en 2007, se convirtió en un aterrizaje forzoso, de un crecimiento a lo sumo del 2% este año a causa de su despresurización. Los hechos son tozudos y terminan por imponerse; al Ministro de Hacienda no le quedó más camino que rendirse ante la evidencia y ya ha tenido que revisar varias veces, siempre a la baja, la proyección gubernamental del crecimiento. Primero fue en el 24 de septiembre del año anterior cuando rebajó la expectativa del gobierno para el 2008 del 5% a la horquilla de 3.8% - 4.2%, pero insistió en la meta del 5% para 2009; luego, el 14 de octubre le apostó a un rango entre 3% y 4% y más recientemente la rebajó a sólo el 3% para 2009, que todavía sigue siendo muy optimista para los analistas serios de la actividad económica. Ya el Banco de la República (B de la R) manifestó que espera un crecimiento del PIB para este año entre 1% y 3%, por su parte ANIF revisó su proyección de 3.2% a un 2% y Fedesarrollo proyecta 1.6%. Es más, el Economist Intelligence Unit (EIU), en su informe de enero es más pesimista y estima que Colombia entrará este año en una recesión franca, con una caída del PIB de – 0.5%, lo cual sería espantoso.

Y sigue el desbarajuste fiscal

Y, claro, la caída en la producción termina resintiendo los ingresos del fisco; es así cómo, según la revisión que le hizo el Ministerio de Hacienda a comienzos de enero al Plan Financiero de 2009, el gobierno central recibirá $4.1 billones menos con respecto a lo presupuestado inicialmente mientras los gastos subirán $1.1 billones, abriéndose un hueco fiscal de la madona, la friolera de $5.2 billones. Y no hay sino uno de tres caminos para sortearlo: recorte, más endeudamiento o más impuesto; el gobierno optó por aumentar el déficit fiscal en $3 billones (0.6% del PIB) y “aplazar”, que es una forma eufemística de decir recortar $3 billones. Mientras otros países (Chile, Perú, Ecuador, incluso Venezuela, entre ellos) fueron más preactivos y previsivos y se prepararon con suficiente antelación para el advenimiento de las vacas flacas, constituyendo fondos de ahorro y estabilización con los ingresos extraordinarios que recibieron en la época de las vacas gordas, producto de las mayores exportaciones y los mejores precios de los commodites debido al boom de las materias primas, Colombia asumió el papel de la cigarra en la fábula de Esopo gastando a manos llenas mientras estuvo en jauja. Y no solamente no ahorramos sino que el gobierno y el Congreso de la República, al aprobar el Plan de Desarrollo, resolvieron feriarse $2.2 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) creado en 1995[35], justamente previendo situaciones como la que ahora se presenta. El gobierno gastó por encima de sus posibilidades, la presión del gasto llevó al gobierno a privatizar sus empresas y participaciones en otras, de tal suerte que el saldo que le queda de sus activos es sumamente reducido. En este se cuenta con ISAGEN y las electrificadoras que aún están en manos del Estado, con cuya venta se espera cubrir $3.5 billones de los gastos de este año.

Ahora, que la tendencia al alza de los precios de los productos básicos (petróleo, carbón y níquel, que son nuestros principales renglones de exportación) se ha revertido, al punto que desde julio pasado a esta parte han caído un 60% y la demanda por ellos también, nuestra balanza externa se ha visto seriamente golpeada y con ella la entrada de divisas también[36]. Un estudio del FMI llegó a la conclusión que en el caso colombiano una caída del 35% en el precio de las materias primas le cuesta al fisco un punto del PIB, esto es, de $8 billones, aproximadamente. Por ello, estamos de acuerdo con que Colombia no está en el grupo de los países que pueden buscar una reactivación económica a partir de una expansión agresiva del gasto público, pues no aprovechó los años de bonanza para crear el espacio fiscal necesario para una estrategia de este estilo. Ello explica el desespero y las contradicciones en que han caído los voceros del gobierno a propósito del precio de los combustibles. Siempre se dijo que el precio de estos estaría atado a los precios internacionales del crudo y por ello los consumidores soportaron con estoicismo las alzas intermitentes mientras los precios del petróleo se elevaban consistentemente; pero, ahora no pueden entender que le cambien las reglas, para anunciar dizque un “congelamiento” del precio de los combustibles, pero para que no bajen, en momentos que el precio del crudo ha bajado más del 70% en los últimos 6 meses. El mismo gobierno no termina de ponerse de acuerdo, unas veces sale a decir el Ministro de Hacienda que con esos recursos se va a nutrir el Fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC) creado en la Ley del Plan[37], pero para alimentarse con los recursos remanentes del FAEP y no con aquellos, para luego anunciar que esos recursos le servirán al gobierno para apalancar el financiamiento de su plan de choque por la vía de la colocación de sus recursos en TES. Incluso, el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, llegó a sugerir que tales recursos podrían significar “más de 3 millones de Familias en Acción y en el avance de obras públicas que son de gran trascendencia”. Lo cierto es que lo que el Ministro de Hacienda presenta como un ahorro forzoso que favorecerá al consumidor de los combustibles, es en la práctica un impuesto disfrazado, arrebatándole de esta manera el ejecutivo una facultad propia del Congreso de la República. Y lo peor es que lo hace a contrapelo de lo que aconseja la coyuntura actual, que es el alivio fiscal e incluso la devolución de impuestos a los contribuyentes para incentivar el consumo, al tiempo que atiza la inflación, tal y como lo hizo ver el director del B de la R, José Darío Uribe[38]. “Yo creo que sería apropiado para la economía colombiana que se hubiese mantenido la regla para la definición del precio de la gasolina…habría tenido una reducción y un efecto sobre la inflación, eso favorece el tener una política monetaria más amplia”[39], enfatizó.

El bumerang de las gabelas

Este gobierno, así como ha sido de cicatero con la inversión social ha sido de generoso con las rentas de capital; han sido muchas las adehalas y concesiones a la inversión y a los inversionistas, so pretexto de promover y proteger el empleo. Empezando por las reformas tributarias, que al tiempo que le han apretado las clavijas a las rentas de trabajo se las han aflojado a las rentas de capital, otorgándoles todo un cúmulo de descuentos, exenciones, exclusiones, deducciones que le favorecen ampliamente, a tal punto que las continuas perforaciones al estatuto tributario han convertido este en un verdadero colador[40]. Se suele decir coloquialmente que no hay impuesto sin representación; pero, en el caso colombiano, a diferencia de los demás países, no hay deducción, exención o descuento tributario que no tenga representación. En la más reciente reforma no sólo se le rebajó el impuesto de renta a la empresas del 38.5% al 32%, sino que además se les abrió la posibilidad de descontar del mismo el 40% del monto de las utilidades que se reinviertan, disposición esta que “les permite llevar como costo sus inversiones”[41], lo cual es un despropósito. Como nos lo contó el novel Nóbel profesor de Economía, Paul Krugman, en un reportaje a la revista Dinero, un esquema semejante a este se ensayó durante la administración Reagan en los EEUU, pero que pocos años después se percibió que generaba una reducción de impuestos para las compañías demasiado grande[42]. A poco andar, el gobierno reformó además la normatividad respecto de las zonas francas[43], estableciendo una nueva categoría, la de las “no colindantes” y por ahí derecho les rebajó el impuesto de renta a las plantas que en ellas se instalaran a sólo el 15%.

A los anteriores beneficios se añade la eliminación del impuesto a las remesas de utilidades de la inversión extranjera, lo cual le ha costado al fisco la friolera de más de $2 billones, tan sólo entre el año 2006 y el I trimestre de 2008. Y, para colmo de males, se le dio a este gobierno por blindar a las empresas y a los empresarios, para que las gabelas que han recibido de parte de un Estado tan generoso para con los poderosos se tornen intocables. Pues bien, a través de Ley 963 de 2005 “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica”, se les da vía libre a los acuerdos “de promoción y protección de la inversión” entre las empresas y el gobierno, para que se les mantenga las reglas de juego vigentes a la fecha de suscripción de los mismos. “Expertos aseguran que, por un lado, se está comprometiendo una buena tajada del impuesto de renta. Si se firmaran pactos sólo con las 87 mayores empresas del país, se tendría atadas las reglas de juego tributario con las compañías que hoy responden por el 45% de todo el gravamen”[44]. De este modo, las mayores cargas impositivas que se decreten hacia el futuro habrán de recaer sobre las rentas de trabajo o sobre los impuestos indirectos, especialmente el IVA. De este modo, la estructura impositiva del país que ya de por sí es tremendamente regresiva[45], lo será aún más, contribuyendo de esta manera a la mayor concentración del ingreso y la riqueza en Colombia. Bien dijo Cervantes que “pocas o ninguna vez se cumple la ambición que no sea con el daño de tercero”. De este modo se le trasvasan recursos públicos aportados por todos los contribuyentes desde los pobres hacia los ricos. Rico Don Pepe, no! No obstante los alegatos del gobierno de que con ello se está estimulando la inversión y el empleo, la experiencia indica que “a pesar de que los gobiernos repiten una y otra vez que conceden dichas exenciones para atraer a las inversiones extranjeras, no existe ninguna correlación entre tales beneficios y el aumento de las inversiones”[46]. La prueba más contundente la tenemos en el hecho de que lejos de mejorar la tasa de empleo se ha venido deteriorando consistentemente, a ello ha contribuido mucho la más reciente reforma laboral[47], calcada al carbón de la Ley 50 de 1990.

Como si lo anterior fuera poco, este gobierno dió en la flor de “compensar” las supuestas “pérdidas” de los exportadores, que son más bien ingresos dejados de recibir, que es distinto, atribuibles a la revaluación del peso con respecto al dólar. Como lo acaba de revelar el Presidente Uribe “a todos los exportadores les tuvimos que dar en dinero, en el primer semestre del año, $614.000 millones”[48]. Ya con el dólar cotizándose a $2.300 y todavía andaba el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, anunciando el otorgamiento de $5.700 millones de ayuda gubernamental para coberturas para el sector agrícola. Y bien se sabe que no son todos los exportadores los beneficiarios por concepto de coberturas, CERT o subvenciones, pues se vienen asignando con una gran discrecionalidad por parte del gobierno. Pero, cabe preguntarse a dónde fueron a parar los beneficios para los exportadores de la larga temporada devaluacionista que tuvimos que soportar el resto de colombianos sino fue a sus faltriqueras. Es más, ellos supieron aprovechar muy bien la revaluación para prepagar su deuda externa con dólar barato y estimulados además por los beneficios tributarios han importado a tutiplén maquinaria y equipo para modernizar y/o reconvertir sus empresas a bajos costos, en desmedro de paso de la fuerza de trabajo. Más del 35% de las importaciones al país están representadas precisamente por este concepto. Ello explica en gran medida el crecimiento sin empleo[49] que ha caracterizado esta última etapa de auge de la industria local. Y a propósito, la primera medida que anunció el gobierno para enfrentar la crisis fue la de poner a disposición de los exportadores US $650 millones, a través de Bancoldex, para tratar de suplir a la banca internacional en el financiamiento de las exportaciones. La sumatoria de todos estos recursos de los que se ha venido privando el Estado a ciencia y paciencia de las autoridades[50], que frisan los $7 billones anuales son los mismos que ahora con el advenimiento de la época de las vacas flacas nos empiezan a hacer falta. Más patético aún resulta comprobar que el apoyo que se resolvió dar a ciertos sectores de la agricultura a través de la Ley 1133 de abril de 2007, “por medio de la cual se crea e implementa el programa 'Agro, Ingreso Seguro' - AIS”, supuestamente para mitigar los efectos de la entrada en vigencia del TLC con los EEUU se viene dispensando sin que esto último ocurra. $500.000 millones se están destinando anualmente por ministerio de la Ley de marras, dizque para “proteger los ingresos de los productores que resulten afectados…con ocasión de la internacionalización de la economía”[51]. Se habrá visto semejante dislate?

Se dispara el riesgo - país

El gobierno pretende obtener $24.4 billones en crédito interno para enjugar su déficit así: $13 billones en el mercado de subasta de TES, $6.5 billones por convenios con entidades del sector público y $5 billones que deben adquirir forzosamente los establecimientos públicos por concepto de “excedentes” de liquidez. En 2007 el gobierno colocó TES en subastas por $6.5 billones, en 2008 espera cerrar el año con $9.3 billones y en el Proyecto de presupuesto se proyecta en $13 billones. En cuanto a las tasas 2006 promedio 6%, en el I semestre de 2008 al 12%, a cuanto van a llegar en el 2009? Una de las consecuencias de acudir a los TES en mayor medida es que se va a elevar aún más las tasas de interés y va a presionarse sobre la inflación. Los bancos van a encontrar un gran atractivo para hacerse a ellos, toda vez que, tal como lo muestras sus P & G, sus mayores ganancias provienen precisamente de la negociación de estos títulos. “Si al menor consumo se le agrega una disminución de la inversión extranjera y se le añade una política monetaria expansiva, haría que el sector financiero estuviera más dispuesto a asumir riesgos de mercado (comprar TES) que a generar crédito y prestar plata”[52]. Estamos ya avisados de que buena parte de los recursos del FOSYGA[53], los del ICBF, los del FNR, entre otros, terminarán “congelados” y los directores de los institutos convertidos en administradores de portafolios de inversión, mientras se aplaza la inversión social a falta del socorrido “espacio fiscal” para ejecutarlos.

Complementariamente al crédito interno, el gobierno tiene previsto colocar bonos por valor de US $1.900 millones en el exterior para financiar el presupuesto de 2009 y ello en momentos en que la aversión al riesgo y los altos spreads de la deuda podría complicar tales planes. Según cifras del B de la R la deuda externa de mediano y largo plazo del gobierno central asciende a $52.1 billones la cual demandará, de conformidad con el Marco Fiscal del Ministerio de Hacienda demandará el pago de $3.7 billones, equivalente a un punto del PIB, sólo por concepto de intereses este año. Y estos se elevarán aún más, habida consideración que todos los países de la región han registrado en los últimos meses un incremento en la clasificación de riesgo – país sobre los bonos del Tesoro de los EEUU, debido a la crisis de confianza en los mercados emergentes. El promedio en la región conocido como Embi Plus, mientras el 2 de junio pasado estaba en 162 puntos, hoy se encuentra para Colombia en casi 656 puntos después que en agosto se encontraba en 223, casi el triple. Vale anotar que 100 puntos equivalen a un punto porcentual. Ahora que el peso se está devaluando nuevamente, la deuda externa se encarecerá aún más. En síntesis, el país tendrá que hacer mayores erogaciones para servir la deuda externa, tanto por concepto de los mayores intereses a pagar como por la devaluación y ello afectará seriamente el equilibrio de las finanzas del gobierno central. Todo esto hace pensar que el hueco fiscal para el año que viene o será del 3% como lo tiene programado el gobierno sino que podrá superar el 4.5%. Ya lo anunció el Ministro de Hacienda al dar al revelar la actualización del Plan Financiero para 2009: “con respecto al Marco Fiscal, la proyección del pago de intereses se incrementa en 0.2% del PIB, debido esencialmente a un mayor pago por intereses de deuda externa”[54]. En efecto, de $1.08 billones que el gobierno nacional deberá pagar de más por intereses de la deuda este año, frente a lo que inicialmente se tenía programado en septiembre pasado, $611.000 millones corresponden a los mayores intereses de la deuda externa. Al mayor costo de la deuda externa han contribuido la mayor devaluación del peso y el alza del spread de la misma, de tal suerte que después de proyectar pagos por $3.7 billones por concepto de intereses el monto de estos se trepó a $4.31 billones. Por ello, no es ninguna gracia que el gobierno haya logrado colocar bonos por US $1.000 millones, como lo anunció el Ministro de Hacienda[55]; ello no es muestra de la confianza en el país, como se ha querido hacer ver, sino que los rendimientos que ofrecen los hacen atractivos.


Competitividad en baja

Colombia tampoco supo aprovechar este buen momento que ha tenido la economía desde el 2003 para avanzar en competitividad a través de la mayor productividad; acostumbrados como estábamos a ganar competitividad por cuenta de la devaluación de la moneda y de la reducción de los costos laborales, se hizo muy poco por avanzar en la Agenda Interna para la competitividad. Y los resultados están a la vista. Según el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), quizá el más conocido de todos en la materia, el país retrocedió el último año 5 escalones en su Índice de competitividad, al pasar del lugar 69 al 74 en el escalafón que comprende a 134 naciones. Y ello ocurre por segundo año consecutivo. Esta es una pésima noticia para el país, pues viene a contradecir el supuesto avance de que venía dándose ínfulas respecto al ranking de competitividad del Banco Mundial, medido por el Índice Doing Business. Como se explica esta contradicción? Muy sencillo, el Índice del Banco Mundial tiene un concepto más restrictivo de la competitividad, reduciéndolo al “entorno para hacer negocios”. El del FEM es más comprensivo al definir la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un país. Mientras el FEM incluye entre otros la calidad de la infraestructura de transporte y telecomunicaciones y la estabilidad del ámbito macroeconómico, el DB se concentra en temas de eficiencia en trámites y régimen tributario. En el termómetro del FEM 2008 Colombia perdió 25 posiciones en estabilidad macroeconómica y 18 en eficiencia del mercado laboral y mejoró ligeramente en innovación e infraestructura.

Pero, lo que más llama la atención de este hecho de por sí deplorable es que a pesar de la pirotecnia que se hace a propósito de la “seguridad democrática”, considerada la joya de la corona, uno de los ejes fundamentales de la política de gobierno, los resultados de esta encuesta que se realiza nada menos que entre los mismos empresarios son un mentís a sus presuntos éxitos, por lo menos en lo que hace relación a la percepción que tienen de ella los empresarios. Concluye el FEM que “Colombia es el país con los mayores costos para los negocios por cuenta del terrorismo…La seguridad es el tema en que peor estamos los colombianos… Mientras que la seguridad en general en Colombia está en el puesto 127 del ranking entre 134 países, los costos del terrorismo para los negocios están en el puesto 134, es decir, al final de la lista”. Y qué decir de los puertos; al evaluar la infraestructura “en este tema, los únicos que ocupan una posición aceptable son transporte aéreo (54) y suministro eléctrico (56). La calidad de los puertos, una de las variables estudiadas, es dentro del capítulo de infraestructura, la peor ubicada, al ocupar el lugar 108, mientras que los ferrocarriles y las carreteras están en las posiciones 100 y 91 del análisis, respectivamente.

Otro estudio, esta vez sobre el grado de prosperidad del país, entendida como la combinación entre riqueza material y satisfacción con la vida, sirve para medir qué tanto promueven los países el crecimiento económico y la calidad de vida de sus ciudadanos, en el que Colombia fue incluido por primera vez, tampoco le favorece. Entre 104 países ocupó el puesto 61; lo más diciente es que las economías del vecindario de tamaño similar están por encima de Colombia. Sólo Perú en la región, que ocupa el puesto 65, está por debajo de Colombia. Y vale la pena tener en cuenta que la sede del Instituto Legatum, que es quien adelanta este estudio está en los Emiratos Árabes, ahora que el gobierno en medio de sus apuros está volteando los ojos hacia el Medio Oriente, en busca de crédito e inversionistas, en donde ni siquiera tenemos representación diplomática. Y lo que más se destaca en este estudio es que en lo que está peor Colombia, entre todos los indicadores considerados en el mismo que son 46, es justamente en competitividad económica, en el que ocupa el lugar 75. Es bueno advertir que los estragos de la crisis se extendieron también hasta el Medio Oriente acarreándole pérdidas que superan los US $350.000 millones en el mercado bursátil desde enero, en momentos en que los seis países del Golfo están empeñados en un programa de reconversión industrial supremamente ambicioso. Como lo indican consultores de Medley Global Advisor, los enormes proyectos tendientes a proveerse de energía y agua potable a su población, así como los proyectos petroquímicos, tienen embolatada su financiación y están enfrentando costos más elevados para su consecución. De modo, que no nos podemos hacer muchas ilusiones, pensando que vamos a encontrar allí fácilmente una fuente alterna de financiación y de IED.

Se retrae la ied

Es un hecho que la afluencia de inversión extranjera directa (IED) al país ya se está viendo impactada con la crisis. De acuerdo con el Institute of Internacional Finance los flujos de capital privado hacia las economías emergentes en el 2009 no superarán los US $165.000 millones, lo cual representa un bajonazo con relación a 2008 que fue de US $466.000 millones e inferior en un 82% con respecto a 2007, que batió todos los record con US $929.000 millones. Según el gobierno nacional, en el caso Colombiano la caída de la IED sería de sólo el 7% con respecto a 2008, lo cual esta muy alejado de la realidad, sobre todo si se tiene en cuenta que el 70% de dicha inversión tiene como destino al sector de Minas y Energía, uno de los más golpeados por la crisis. Diferentes analistas estiman que este año dicha inversión estará entre US $5.000 y US $7.000 millones, después de haber alcanzado un máximo histórico en el 2007 de US 9.028 millones. Este escenario no va a cambiar, así el Presidente Uribe anuncie, como lo hizo en el Foro Económico Mundial en Davos, que “no podemos permitir que esta crisis asesine la iniciativa privada. Esta crisis no puede entenderse como la crisis de la iniciativa privada, sino como la crisis del capital especulativo”[56]. Eso es estar a las afueras de la realidad, de que hablaba Octavio Paz, no es más que predicar en el desierto. Ahora bien, un estudio de Fedesarrollo concluyó que entre 2002 y 2007 la IED aportó un promedio de un punto porcentual al crecimiento del PIB; por lo tanto, su caída frenará aún más el crecimiento ya de por sí reducido. Es obvio que la caída en las remesas y en la IED están afectando la tasa de cambio; el peso colombiano, después de ser la moneda más revaluada, ahora es la más devaluada de todas; en los primeros 57 días del año 2009 la devaluación fue del 15.7%, superando con creces el 11.36% de todo el año anterior, elevando la cotización del dólar por encima de los $2.500 por dólar.





Falla el motor de las exportaciones

La devaluación podría favorecer las exportaciones de no ser por las adversas circunstancias a las que están abocadas, producto también de la misma crisis global. Según las proyecciones del gobierno nacional las exportaciones caerán un 18% en el 2009 y ello es grave, pues según un estudio reciente del FMI una caída de 10% en las exportaciones en Colombia trae aparejada una reducción de 2 a 3 puntos porcentuales en el PIB frente al nivel inicial. Y este escenario es el más probable en 2009 dado el comportamiento que se observa de las ventas a sus tres principales mercados, en su orden los EEUU, Venezuela y Ecuador. De hecho En los primeros siete meses del 2008 las exportaciones colombianas crecieron 42.7% en comparación con las realizadas en igual período en 2007. Pero en noviembre, las exportaciones cayeron un 27.2%, para cerrar el año con un crecimiento del 29.3% con respecto a 2007. Es necesario aclarar que el mayor crecimiento en el valor de las exportaciones tradicionales (16.7%) y no tradicionales (59.2%) obedece al alza de los precios internacionales que se dio antes de que estallara la crisis en septiembre de 2008; porque ese mismo crecimiento pero en términos de volumen fue más bien modesto en el caso de las tradicionales (7.8%) y negativo en el cado de las no tradicionales (- 6.8%). “Proyectamos que estaríamos negociando algo más de US $32.000 MM de dólares, cuando en 2008 negociamos US $40.000”[57], afirma Javier Díaz, Presidente de Analdex. Ello significaría una baja en las exportaciones del orden del 20%! De acuerdo con el más reciente Latinfocus Consensus Forecast, para este año se espera que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se amplíe aún más situándose en un 3.6% del PIB, 1.2 puntos porcentuales por encima del registrado el año anterior, lo cual equivaldría a una suma superior a los US $2.000 millones. La gran pregunta es cómo va a hacer el gobierno para financiar este déficit, toda vez que, por la tendencia que ya se observa, el superávit en la cuenta de capitales se va a ver disminuido y ya vimos que las remesas también. Esta combinación de factores va a impedir que la tasa de cambio baje por un buen rato. En tales condiciones, no le va a quedar otro camino al B de la R que echar manos de las reservas internacionales, que por fortuna se encuentran en un buen nivel (US $23.038 millones, a octubre de 2008); el Latinfocus calcula que dichas reservas se reducirán en el transcurso de 2009 en US $1.300 millones.

Este es otro flanco vulnerable que tiene Colombia, puesto que sigue sin diversificar su oferta exportadora y sus exportaciones se mantienen concentradas básicamente en tres mercados, los EEUU, Venezuela y Ecuador, los cuales representan en este momento el 56.2% y ya sabemos cómo andan las relaciones con estos países. Casi el 50% de las exportaciones no tradicionales (NT) van a los países de la CAN. Las malas relaciones diplomáticas han enturbiado las relaciones comerciales por la personalización de esas relaciones por parte del gobierno colombiano, mientras no se despresidencialicen va a ser muy difícil recomponerlas. Otra observación que tenemos que hacer sobre el renglón exportador es que Colombia sigue relativamente estancada en su sector externo, sin vigorizarlo, realmente no tenemos una oferta exportable que valga la pena, en este sentido nos rezagamos cada día más. Y seguimos, además con el cuello de botella que representan sus carencias en materia de infraestructura de transporte y portuaria, en ello el atraso es superior a 50 años; estas falencias, como ya lo vimos, le restan competitividad a las exportaciones colombianas.





El drama del desempleo

Como lo afirma el director de la OIT, Juan Somalia, “nos enfrentamos a una crisis del empleo de alcance mundial”[58], quien estima que esta crisis le va costar al mundo 50 millones de empleos en 2009, 50.000 diarios, de los cuales entre 1.5 y 4 millones corresponderán a América Latina y el Caribe, con una caída entre 0.3 y 0.4 puntos porcentuales. La tasa de desempleo a nivel mundial se situaría en 7.1%, abarcando a más de 200 millones de seres. Este pronóstico es “realista, no alarmista”[59] advirtió el director de la OIT. De hecho, en Colombia entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 puso su cuota inicial: según el DANE, 450.000 personas perdieron su empleo en dicho lapso, más del 30% de ellos en el sector rural, lo cual es sumamente dramático y eso que apenas estamos entrando al túnel. No olvidemos que Colombia exhibe la más alta tasa de desempleo en la región, es el único país en el que persiste una tasa de desempleo de dos dígitos. Según las últimas cifras reveladas por el DANE, la tasa de desempleo pasó del 13.1% en enero de 2008 a 14.2% en enero de 2009, la tasa más alta para este mes en los últimos cinco años, para un salto de 1.1 puntos porcentuales, elevándose a 2.830.000 el número de desempleados, 308.000 más que un año atrás, alejándose ostensiblemente de la meta del gobierno de llevar a un solo dígito la tasa de desempleo a escala nacional. La peor parte la ha llevado el sector rural, pues mientras la pérdida de empleo asalariado en el orden nacional fue de 5.5%, en el campo la pérdida fue de 13.4%; entre noviembre pasado y enero de este año la desocupación en el campo subió de 7.7% a 8.7%, lo cual afecta a 367.000 trabajadores. Concomitantemente con la pérdida del empleo se acrecienta el fenómeno de la informatización y precarización del mismo; es así cómo el empleo informal, el del rebusque, pasó de 56.3% enero de 2008 al 57.7% en el último trimestre.

Esta tendencia es brutal, toda vez que, según estudio reciente, si para la década de los 80 la baja en un punto del PIB se reflejaba en la pérdida de 0.7 puntos en el empleo, ya para el período comprendido entre 1999 y 2008 el impacto era de 1.4 puntos y últimamente, entre 2002 – 2008, por cada punto que baja el crecimiento del PIB se pierden 2 puntos (¡!) en el empleo. Mirando el problema desde otra perspectiva, señala el experto Hugo López que “si hace cinco años se requería un crecimiento económico del 4% para reducir en un punto la tasa de desempleo, hoy se requiere el doble, dado los aumentos de productividad”[60]. Lo más grave es que la desocupación viene golpeando con mayor rigor a los jóvenes entre 14 y 26 años, particularmente a los más pobres, cuya tasa llegó según el reporte del DANE a 28.9% en el 2006, prácticamente el 50% de los desempleados de este país son jóvenes y lo que es peor el 16% de ellos no estudia, no trabaja y tampoco busca empleo, vagan, qué calamidad.



Abrumado por estas alarmantes cifras y ante su impotencia, el Ministro de Protección Social Diego Palacio sólo atinó a descargar sobre las Cajas de Compensación Familiar la tarea de enfrentar el desempleo, acelerando la ejecución de los proyectos de vivienda de interés social en todo el país y la rápida entrega de subsidios con e la misma destinación. Según él “de esta manera se lograrían 4.200 empleos directos, una cifra importante en esta primera alianza con el sector privado”[61]. Pero, estos 4.200 puestos de trabajo que se crearían sólo representan el 2.1% de los puestos que perdería el mercado laboral colombiano si la economía crece 2% o 1.6%, como lo acaban de pronosticar ANIF y Fedesarrollo, respectivamente[62] y ANIF y no el 3% en el que se plantó el gobierno. Ello se explica por el hecho que, según el propio Ministro de Protección, “cada punto porcentual que aumenta el desempleo significa la pérdida de 197.000 plazas de trabajo”[63] y cada año se incorpora un nuevo contingente de 400.000 personas que van en busca de trabajo. Este, entonces, es sólo un paliativo, que no le hace ni cosquillas a la enormidad del problema. Por su parte ASOCAJAS pondrá a disposición de sus afiliados recursos por $70.000 millones en créditos y microcréditos para las pequeñas y medianas empresas. Y, yéndose por la línea del menor esfuerzo, con la disculpa de que “es más fácil y barato para nosotros subsidiar la no destrucción que la creación de empleos”[64], se acaba de expedir el Decreto 525 del 23 de febrero, amparándose en la Ley 590 de 2000, permitiendo el enganche de trabajadores con descuento automático de los parafiscales. Este puede ser el comienzo del desmonte de los mismos y el fin de instituciones tan importantes como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar. Complementariamente, se acometerá un agresivo programa de capacitación y reentrenamiento de las personas desempleadas “con el propósito de que puedan reincorporarse de manera efectiva al mercado laboral”[65], cuando de lo que se trata es de retener al que está empleado en momentos en que el mercado laboral lo expulsa. Como lo dijo El Espectador, “en suma, es difícil saber qué es más grave: si el problema del empleo o la solución propuesta por el Ministro de Protección Social”[66]. Esto es un mal presagio, no quiero hacer de aguafiestas, pero tengo que ser realista, que no pesimista, aunque un pesimista suele ser un optimista mejor informado. Por algo a la economía se le conoce como la ciencia lúgubre

El plan de choque a la colombiana

Pero, mientras el Ministro de Hacienda le hacía el anuncio al país sobre la necesidad de recortar el presupuesto para la vigencia de 2009, la directora del DNP, Carolina Rentería, para no quedarse atrás respecto a lo que están haciendo los demás gobiernos, también anunció un plan de “choque” contracíclico, con inversiones del orden de los $55 billones (10.7% del PIB) en proyectos de transporte, minas y energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento básico entre otros, con los cuales supuestamente se generarían 800.000 puestos de trabajo, desde luego no todos nuevos. La inconsistencia entre las cifras que maneja el Ministerio de Hacienda y los anuncios con bombos y platillos por parte de Planeación Nacional no puede ser mayor. Este monto de inversiones representaría un incremento del 22% con respecto al año anterior, abultado con los $32 billones que correrían por cuenta del sector privado. ”[67]. Compaginar el anuncio del recorte presupuestal por parte del Ministro de Hacienda con este monumental esfuerzo de inversión de $23 billones por parte del sector público en medio de semejantes afugias, es tanto como pretender dar con la cuadratura del círculo. Ni en los EEUU ni en ninguna otra parte en donde se han propuesto estos planes de choque, se han tenido en cuenta los recursos que eventualmente invertiría el sector privado, pues el llamado a jalonar el crecimiento de la economía en esta etapa a través del mayor gasto es el Estado y no los particulares. El ejercicio del DNP consistió en hacer un barrido del Plan de inversiones y del presupuesto para la vigencia 2009 e identificar los proyectos allí contemplados, basados en unos supuestos que han venido siendo revaluados y pasando por alto el hecho de que hay un antes y un después del estallido de la crisis. Como afirma El Tiempo: “La inmensa mayoría de lo anunciado esta semana fue definido cuando no había ninguna sospecha de que se presentaría una destorcida como la actual”[68]. No se trata, entonces, de proyectos nuevos, por lo que no se puede hablar con propiedad de un plan de choque, es sólo un remedo del mismo y con tales anuncios se están creando falsas expectativas al país.



Qué tan viable es este Plan de “choque”? Veamos: el Plan Financiero para este año tiene prevista una inversión en hidrocarburos del orden de los $23.6 billones, de los cuales $10.8 billones corresponden al sector privado, cifra esta que no se compadece con el comportamiento de este durante los años 2006, 2007 y 2008, con precios de crudo que oscilaron entre US $50 y US $147.50, cuya inversión fue de $4.7, $6.8 y $5.1[69], respectivamente. Sólo el optimismo panglosiano del gobierno lo lleva a comprometerse con dicha inversión, en momentos que el precio del crudo está bordeando los US $40 el barril y el propio gobierno en sus estimaciones en el Plan Financiero de 2009 le está apostando a un precio de US $50 para 2009. En cuanto a la inversión de $11.6 billones en vivienda, hay que recordar que el número de licencias aprobadas en 2008 medidas en metros cuadrados cayó estruendosamente, a una tasa promedia del 10.7% mensual, después de un crecimiento del 17.6% en 2007 y el mejor indicador de la actividad constructora son precisamente las licencias aprobadas. Lo que acaba de ocurrir con la más importante licitación en curso, la de los “Corredores Arteriales de Competitividad” por valor de $2.5 billones, cuya orden de apertura fue revocada por el director encargado de INVÍAS, Juan Gabriel Berón Zea, dizque para “ajustar la actuación de la entidad, adecuando la matriz de riesgos previsibles”[70], es la más clara muestra de la imprevisión e improvisación con la que se ha venido manejando el sector. Vale la pena recordar que la licitación del túnel de la Línea se abortó 3 veces (¡!) antes de adjudicarla finalmente y el tan publicitado Plan 2.500, convertido en una colcha de retazos, que ha sido un fiasco total.

Será que el mismo equipo que ha fracasado en la estructuración y puesta en marcha de estos proyectos es el idóneo para encabezar esta colosal empresa? El estudio ya mencionado hecho por profesores de la Universidad de los Andes en relación a los consejos comunales que preside el Presidente de la República, nos da la pista de tanto desgreño, al referirse a la forma improvidente como se malversan los recursos públicos: “esto evidencia el uso 'populista' de los recursos destinados para infraestructura…pareciera haber un divorcio entre los asesores técnicos del gobierno y quienes aplican las políticas. La razón: aunque en los diferentes documentos en los que se fijan las pautas y las prioridades del país como el Plan Nacional de Desarrollo o Visión Colombia 2019, en materia de infraestructura vial no se han seguido esas pautas…el gasto público en infraestructura vial no se está canalizando mediante criterios técnicos. La inversión en infraestructura no se orienta a mejorar la integración entre los centros de producción, consumo y exportación”[1]. Razones suficientes para pensar que el acometimiento de las obras de envergadura que el país está pidiendo a gritos no será para pronto, como se requiere, y ellas pueden quedarse en el papel que lo resiste todo. A la incapacidad que ha demostrado el gobierno para la ejecución de proyectos de infraestructura, se viene a sumar la falta de espacio fiscal y, lo que es más grave la restricción y encarecimiento del crédito externo a consecuencia de la crisis. Como afirma el Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, “se desperdiciaron los años dorados en los que había financiación y recursos para la ejecución de obras importantes para el país, y en este momento es mucho más difícil darle luz verde a estos proyectos”[2]. Como lo afirma El Espectador, este “es de lejos el mayor lunar de los dos gobiernos del Presidente Uribe”[3]

El impacto de la crisis ya ha empezado a sentirse en el país. La multinacional suiza Glencore International AG acaba de vender a Xstrata – en la que a su vez tiene una participación del 35% -, su participación en PRODECO, la tercera empresa carbonífera en importancia en el país, al tiempo que le planteó a su socio ECOPETROL la necesidad de reprogramar las inversiones previstas en el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena (Reficar), que compromete inversiones del orden de los US $4.000 millones. Glencore, aduce como razón sus dificultades para acceder a recursos de crédito para financiar su inversión, pero a ello hay que sumar la pérdida de interés en todo el mundo en este tipo de proyectos, dada la caída de los precios del crudo y sus derivados. Este es uno de los proyectos claves del paquete de inversiones dispuesto por el gobierno para amortiguar el coletazo de la crisis, habida cuenta que allí se generarían 5.000 empleos. El Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, al mejor estilo de Chávez, amenaza furibundo con que “si en la Refinería (Glencore) nos queda mal, corre el riesgo de que le cancelemos todos los contratos que tienen en Colombia”[4]. Semejante estropicio es una pésima señal para los inversionistas en momentos que el país más necesita de ellos. Por su parte el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, sostuvo que “Glencore dice que no puede conseguir la financiación basado en la crisis financiera mundial. Si ellos no la pueden conseguir, pues ECOPETROL la conseguirá, o de pronto ellos pondrán la mitad y nosotros la otra, pero el proyecto no se para”[5]. Cabe preguntarse, por qué no pensaron en ello antes de dar el paso de escindir primero y privatizar después la refinería de Cartagena; ahora, resulta que Glencore tiene la sartén por el mango, pues ellos poseen el 51% de las acciones de la misma[6] y por lo tanto sin su con sentimiento nada puede hacer Ecopetrol, que de dueño de la refinería pasó a convertirse en socio minoritario. Glencore se vio forzado a retirarse de Reficar y a ofrecer en venta sus acciones, con lo cual el gobierno ha terminado propinándose un tiro en el pié. Ahora, lo que sigue es el pulso en torno a la valoración de las acciones y la adquisición de las mismas, ya sea por parte del mismo ECOPETROL o de un tercero; mientras tanto l proyecto seguirá en el congelador. Y no se puede pregonar la seguridad inversionista al tiempo que se conmina a Glencore para que reconsidere su decisión y “cumpla su compromiso de inversión en la ampliación de la Refinería de Cartagena”[7], de lo contrario se tendrá que ir del país. Esta esquizofrenia espanta a la inversión y a los inversionistas, pues allí donde debe primar la discreción y la prudencia se está aposentando la discrecionalidad y la altisonancia.

No hay que perder de vista que el caso de Glencor en Colombia no es aislado, ya que “grandes inversiones en recursos naturales, incluyendo un proyecto de refinería de US $1.000 millones en Perú y una expansión minera en Brasil, están siendo revisado”[8], por la misma razón y no por ello les han endilgado a sus desarrolladores “falta de transparencia”[9] como se acaba de hacer en Colombia con Glencore. En este caso, como en tantos otros similares, se pone de manifiesto que todo discurso demasiado enfático y vehemente, suele encubrir lo contrario de lo que se pregona. Entre tanto, la petrolera norteamericana OXY acaba de informar que suspende hasta nueva orden sus inversiones en exploración petrolera en el país, por las mismas razones. Ello es explicable y está ocurriendo por doquier, se está cancelando, congelando o postergando la ejecución de importantes proyectos, pues ni el gobierno ni los particulares tienen la plata debajo del colchón y ambos tienen que salir a buscar financiación y es lo que no hay como consecuencia de la crisis. Trajo a colación el Presidente Uribe en la entrega del Premio a la Excelencia una frase de Don Pepe Sierra, en el sentido que “Cuando está barata la panela, es que hay que sembrar caña”; desafortunadamente, así no funciona la racionalidad económica, es preciso buscar otro mejor consejero. Así invite el Presidente de la República a que “Trabajemos en esta época de crisis para que, estando ocupados, no tengamos tiempo de sentir temores”[10], el mercado es asustadizo y sus agentes también, qué le vamos a hacer.

Cohesión o exclusión social

Uno de los tres ejes de la política de este gobierno, además de la “Seguridad democrática” y la “Confianza inversionista” es la cohesión social. Pero, cabe preguntarse si con este modelo económico pro – rico será posible contribuir a la inclusión y a la cohesión social o, por el contrario, se está auspiciando una especie de darwinismo social[11]. Aquí se ha creído que lo que es bueno para las empresas y los empresarios tiene que ser bueno para el país; como en su época se decía de General Motor, que lo que era bueno para la multinacional era bueno para los EEUU. La verdad es otra: lo que no es bueno para el enjambre tampoco es bueno para la abeja, sentenció Marco Aurelio. Y las cifras de la CEPAL, que son tremendamente aterradoras, nos sacan de dudas. Colombia, a diferencia de lo que pasó en otros países de Latinoamérica no sólo no mejoró la distribución del ingreso en estos últimos años de bienandanza de la economía, sino que empeoró, al pasar de un Índice de Gini, en el que 1 es la máxima concentración y 0 es la igualdad completa, de 0.572 en el 2000 – 2002 a 0.584 en el 2002 – 2005, pasando del nivel de desigualdad alto a muy alto en la estratificación según el coeficiente Gini de la distribución del ingreso. Sólo Haití y Bolivia tienen un Gini peor que Colombia. En el Índice de desarrollo Humano que maneja el PNUD no le va mejor a Colombia, pues el coeficiente Gini es todavía mayor (0.59) y observa que entre 177 naciones, Colombia pertenece a la exclusiva liga de las 8 que presentaron peores indicadores de inequidad. Como lo sostiene la ex ministra y Senadora de la República, Cecilia “Cuando la economía colombiana estaba en crisis a finales del siglo pasado, era menor la brecha entre ricos y pobres, pero esta aumentó significativamente entre 2003 y 2005. En ese momento, el ingreso del 10% más rico llegó a ser casi 25 veces más que el del 40% más pobre”[12]. En Colombia, según otra fuente, la relación de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre está alrededor de 20. Esta misma relación en el mundo desarrollado, como para tener un referente, promedia un 5. Es decir, que los frutos del crecimiento en estos años no se han compartido, sino que se han concentrado en pocas manos, no se ha dado el “goteo”, como lo califica el FMI, en el sentido que “la riqueza que se genera en la punta de la pirámide termine llegando a la base”. Los frutos del crecimiento durante que ha sido excepcional en los últimos años, se concentraron en los segmentos más ricos de la sociedad, “en una palabra, las políticas económicas no han servido para solucionar el malestar de la población, que se ha venido agudizando desde finales de la década pasada”[13]. Por lo demás, el PIB per cápita de Colombia ha estado persistentemente por debajo del promedio de América Latina.



Al parecer el equipo económico del gobierno participa de la teoría de Kuznets, de que “el ciclo de desigualdad crece en la etapa de despegue económico” y que después, como quien dice se emparejan las cargas. Se asume que una mayor desigualdad es el costo del crecimiento; pero, esta teoría ha sido revaluada hace rato. La propia CEPAL sostiene que “una mejor distribución del ingreso, además de disminuir el número de pobres, refuerza el crecimiento” y, como lo sostiene Asesina y Rodrick, “los países con mala distribución del ingreso y la riqueza tienden a crecer menos”. Además, como lo sostiene el ex presidente español, Felipe González, “es que la desigualdad pone en peligro el crecimiento. El Modelo económico que no redistribuye los ingresos no es exitoso”. Como lo sostiene un equipo de investigadores del Banco Mundial “Esos niveles altos de desigualdad, afirman los tres investigadores, son el factor más crítico de la exclusión social, porque erosionan las posibilidades de movilidad social y menoscaban la potencia del crecimiento económico para mejorar la calidad de vida, pues los beneficios no llegan a la población marginada y empobrecida.”[14]. Y No perdamos de vista lo que afirma el pensador inglés Anthony Gidden: “La desigualdad de oportunidades de una generación, es la desigualdad en resultados en la siguiente” y bien ha dicho Fernando Montaner que “la miseria sin remedio ni esperanza, convierte a las democracias en esclavos o marionetas”. Cualquier parecido con nuestra realidad no es mera coincidencia. No será esta la hora de escuchar la admonición de Sarmiento Angulo y que en su momento no encontró eco alguno, en el sentido que “…el bajo crecimiento genera pobreza en cascadas y si no se hace algo la situación social del país no se va a poder controlar”[15]. El premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz afirma sentenciosamente que “índices elevados de desigualdad, sobre todo como consecuencia del desempleo, pueden derivar en descontento social, es probable que aumente la criminalidad y se genere un clima que no sea atractivo para los negocios”[16], que es lo que empezamos a ver en nuestro martirizado país. Como lo afirmó John F. Kennedy, que “si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, no podrá salvar a sus pocos ricos”. Hace falta una gran dosis de sindéresis por parte de la dirigencia de este país para entender que el barco está haciendo agua y que algo hay que hacer para evitar que zozobre, no se vaya a repetir la historia del Titanic, que mientras este se hundía la orquesta seguía tocando a todo timbal. El Estado “ de opinión” o “comunitario” que agencia este gobierno y su apego por el fracasado Modelo económico Neoliberal, lo alejan cada vez más del Estado de derecho que nos rige, para abrazar la doctrina Neocon del conservadurismo compasivo propios de la derecha, esto es del Estado del Malestar, en contraposición al Estado del Bienestar de la Socialdemocracia.

La era de la responsabilidad

En su discurso de posesión como Presidente de los EEUU dijo que “el éxito de nuestra economía ha dependido siempre, no sólo del tamaño de nuestro PIB, sino del alcance de nuestra prosperidad; de nuestra capacidad de ofrecer oportunidades a todas las personas, no por caridad, sino porque es la vía más firme hacia nuestro bien común…Lo que se nos exige ahora es una nueva era de responsabilidad”. Esta exige, como es apenas lógico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental del crecimiento de la economía, que deben primar sobre la avaricia y la mezquindad del enriquecimiento de unos pocos a expensas de las más amplias mayorías. Y es que no puede ser de otra manera, como afirma Portafolio, “tiene que eliminarse la dicotomía entre las políticas económicas y las políticas sociales, y el empleo es su vínculo natural”[17]. Ello es tanto más cierto, porque, como lo sostiene Viviane Forrester, “en la actualidad un desempleado no es objeto de una marginación transitoria, ocasional, que sólo afecta a determinados sectores; está atrapado por una implosión general, un fenómeno comparable con esos maremotos, huracanes o tornados, que no respetan a nadie y a quien nadie puede resistir”[18] y, lo que es más deprimente “el oprobio desalienta toda reacción distinta de la resignación mortificada”. Ahora, que merced a la crisis global y del estruendoso fracaso del neoliberalismo se reivindica el importante papel del Estado, hay que estar ojo avizor, no vaya a ser que su intervención sólo se justifique para sacar de apuros a los pulpos financieros y a los grandes emporios empresariales. Es imprescindible que el sentido de la solidaridad también cierre, como cierran los números que dan cuenta de lo financiero, porque la esperanza es la mejor respuesta al terror; de otro modo, la paz y la estabilidad de las instituciones democráticas estarán en peligro. Los pobres, los excluidos, los discriminados, los desplazados de este país, tendrán que estarse diciendo para sus adentros con Conchita Méndez, ahora que este gobierno toca a su fin, “sí será la última pena, me pregunto cada vez que una pena se me acerca para hacerme entristecer”.

Por nuestra parte, retomamos las palabras de Joan Robinson en su Filosofía económica: “es labor de los economistas, no decirles a los gobernantes lo que deben hacer, pero sí mostrarles que lo que hacen está de acuerdo con los buenos principios” o de lo contrario ejercer el sagrado derecho a disentir expresando nuestras opiniones, en el entendido que las ideas se combaten con ideas. Nuestra fortaleza debe estar en la fuerza del argumento y no en el argumento de la fuerza.

Epìlogo

Así las cosas, insistir en una nueva reelección pondría en grave riesgo el Estado Social de derecho, pues se acentuarían aún más, por si faltara, los desbalances entre el ejecutivo y las demás ramas del poder público, al punto que terminaría caricaturizándose el régimen democrático en el que se soporta. El aserto del Nobel de la literatura José Saramago en el sentido que ¨hay palabras que son latas vacías. Una que no está completamente vacía, pero se está vaciando rápidamente es la democracia¨ es aplicable al caso colombiano. La perpetuación en el poder hace daño a la Nación, pues como lo sostuvo Montesquieu ¨cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco sin notarlo¨ y el no lo dijo pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. Estamos asistiendo al agotamiento de un proyecto político, a la fatiga del primer mandatario, a su desgaste inoficioso, con grave desmedro de la eficiencia y la eficacia de la administración. El ejecutivo no sólo ha invadido el ámbito de la competencia de las otras ramas, sino que viene copando todos los espacios, imponiendo su agenda, con grave desmedro de los partidos políticos, cada vez más fragmentados e invisibilizados. Por esta vía se puede arribar a extremos tan aberrantes como indeseables, como lo acaecido en Venezuela, en donde prácticamente desaparecieron los partidos históricos, error este que sus sectores democráticos no terminan de lamentar. Lo propio podemos decir de la oposición, de la que no se puede prescindir y que es tan importante que Lord Acton aseguraba que “en las democracias la oposición es un órgano de soberanía popular tan vital como el gobierno, cancelar la oposición significa cancelar la soberanía del pueblo”. En una verdadera democracia la oposición no es un estorbo sino una imperiosa necesidad, al punto que el gran Clemenceau acuñó una frase histórica para ponderar su importancia, diciendo que “si este gobierno no tiene oposición tendremos que inventarla”. No es admisible, entonces, que se le estigmatice porque cumple su papel, que se le constriña, que se le pretenda reducir a su impotencia, sin caer en lo que Juan Luis Cebrián no duda en calificar como democracia fundamentalista. Los resultados que arrojó el más reciente Barómetro de las Américas, del que hacen parte la Universidad de los Andes, la Vanderbilt University y la agencia estadounidense USAID, mueven a preocupación, pues el 49.5% de los colombianos encuestados cree que el Presidente debe limitar aún más el accionar de los partidos de oposición. El ex canciller venezolano Gabriel Valdés dijo algo muy sabio: “en el sistema democrático, el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”. A este respecto bien vale la pena abrir el debate en torno a la viabilidad del sistema parlamentario, el cual permitiría tramitar las diferencias entre el gobierno y la oposición sin poner en riesgo la estabilidad de las instituciones y la continuidad, que no continuismo, de las políticas públicas. La desinstitucionalización de este país es el peor legado de los dos períodos de la administración Uribe y prolongarla en el tiempo sería arrasador.

La política es la expresión concentrada de la economía, entre una y otra hay una gran imbricación, de tal suerte que difícilmente una mala política puede ser portadora de una buena economía. La crisis de confianza es la peor de todas las crisis, porque afecta la percepción y las expectativas de los agentes económicos y ello es lo que ha venido aconteciendo en el país lo que hace que el Presidente Uribe tiene el sol a sus espaldas. No es dable esperar que las mismas políticas ofrezcan resultados diferentes, de allí la importancia del relevo en las posiciones de comando; ese es el sentido que tiene la alternancia en el poder. Aferrarse al poder impide que este fluya y se renueve y termina viéndose afectado por la esclerosis múltiple hasta colapsar. Está muy bien que se le dé al pueblo la oportunidad de reelegir ciertas y determinadas políticas si se aviene a ellas, lo que no está bien es que se pretenda reelegir una y otra vez a una misma persona escarneciendo la genuina voluntad popular.

- Amylkar D. Acosta M es Ex presidente del Congreso de la República, www.amylkaracosta.net