Publicado también en Argentina Indymedia
Observación: No nos adherimos a algunas de las posturas expuestas en este compendio de posiciones en relación a cómo debe democratizarse el espectro radioeléctrico y la difusión de información en Venezuela. Sin embargo somos partidarios de que realmente se democraticen los medios de información masivos y que no estén más en pocas manos y sí en manos de las mayorías, para que sirvan realmente para el desarrollo cultural y ético de los pueblos, no como hasta ahora que son solo instrumento de alienación y primitivismo.
Alejandro Sánchez
Pacifista y Ecologista
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VENEZUELA
POR ISAÍAS RODRÍGUEZ
EX FISCAL GENERAL
EMBAJADOR DE VENEZUELA EN ESPAÑA
Después que el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dio a conocer en el seno del parlamento, los resultados de un estudio realizado sobre la situación actual de los servicios de radiodifusión sonora, TV abierta y difusión por suscripción, los ataques mediáticos han sido implacables contra Venezuela. A pesar de que aún no está decidido revocar concesión a algún medio de comunicación, son innumerables los titulares que anuncian “el cierre de medios en Venezuela”.
Tal como ocurre en el Reino Unido, el Reino de España, en el resto de la Unión Europea y los EEUU, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela estudia y revisa el espectro radioeléctrico no sólo para regular el ejercicio legal de los medios de comunicación, sino para garantizar la libertad de expresión. De ese estudio quedó claro que 240 emisoras radiales no cumplen con lo establecido en la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones; 940 emisoras de radio son operadas por los mismos concesionarios desde hace 20 años; más del 37% del espectro lo manejan 27 familias; 154 emisoras están ilegales; y hay personas (naturales o jurídicas) que tiene hasta 3 y 4 concesiones.
Como cualquier estado democrático se aspira poner fin al monopolio del espectro radioeléctrico y distribuirlo entre quienes, con capacidad para ello, nunca han tenido la opción de participar en la producción y difusión de información.
A principios de junio se solicitó la actualización de datos a quienes se les han dado concesiones para el uso de espacio radioeléctrico, con el fin de determinar la realidad y el mapa del sector. A quienes no cumplieron con el deber de asistir a la convocatoria se les abrió un procedimiento administrativo. En efecto, esta actitud demuestra, por omisión, el desinterés de los representantes de algunos medios de comunicación de no mantenerse dentro de la legalidad o eludir la obligación de ajustarse a derecho o bien de estar incursos en irregularidades administrativas o situaciones delictivas.
No, no son víctimas de persecución, ni de ataques a la libertad de expresión. Sólo se aspira democratizar el espectro radioeléctrico. En Venezuela, 940 emisoras de radio las operan los mismos concesionarios desde hace 20 años; más del 37% del espectro lo manejan tan sólo 27 familias; 154 emisoras no dieron información porque simple y llanamente se encuentran ilegales. Hay, por lo demás personas jurídicas o naturales que tienen 3 y 4 concesiones.
El Gobierno venezolano no posee el manejo de la mayor parte de las comunicaciones. El informe también ha demostrado que el estado no tiene más del 10% de las emisoras en frecuencia modulada y menos del 13% de las concesiones radiales en amplitud modulada. Por lo demás, apenas el 6% de las concesiones de televisión son parte de la estructura gubernamental.
Hace un par de semanas innumerables denuncias señalaron a algunos “circuitos” (sectores asociados) de interferir la señal de las televisoras estatales para evitar el reporte de noticias sobre el golpe de estado en Honduras, condenado internacionalmente sin distingos de causas.
Es evidente que grupos mediáticos establecidos a través de redes están dándole un mal uso a la frecuencia. Se ha puesto en evidencia el manejo arbitrario y abusivo de sectores que se han apropiado del espectro radioeléctrico con ese fin. La decisión firme de regular estas desviaciones confirman la defensa de la libertad de expresión Por lo demás, lo justo es que los usuarios formen sus propias opiniones a través de la información que obtienen de los medios y no a la inversa.
LATIFUNDIO Y MONOPOLIO MEDIÁTICO
Por: Franklin González (Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay)
La canalla nuevamente arremete contra nuestro gobierno. En estos días, los medios de difusión de mensajes han estado diciendo y repitiendo que Chávez va a cerrar cerca de 200 emisoras de radio y TV porque atacan al gobierno y que, además, va a entregar las frecuencias a quienes puedan "beneficiar su proyecto político".
Lo anterior se difunde como una verdad cuando la realidad es que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), estableció un determinado plazo para que los concesionarios de radio y TV enviaran sus recaudos para verificar la situación legal de los mismos y resulta que se determinó que un total de 151 medios radioeléctricos actúan ilegalmente, sin contar aquellos cuyos "propietarios" han adquirido como latifundistas mediáticos frecuencias que no les fueron asignadas originalmente.
La verdad es que el 32% del espacio radioeléctrico venezolano pertenece a 27 familias, de las cuales sólo el 9% posee cierta vinculación con el Estado venezolano. En Venezuela existen 794 emisoras en FM, pero en 1998 habían 494; hoy existen 472 FM privadas (59,45%), al llegar Chávez había 181; de estas FM 243 (30,6%) son comunitarias con plena libertad de acción igual cantidad que en 1998; mientras que 79 (9,95%) son públicas, cuando llega Chávez eran 70. A la vista está que el mayor crecimiento se ha producido en el sector privado en los últimos 10 años.
En las emisoras AM no ha habido mayor crecimiento, acorde con la naturaleza de ese formato que hoy no es muy apetecible por los sectores comerciales; de las 210 emisoras AM, sólo 26 son públicas (12,38%) y 184 (87,62%) son privadas, en 1988 eran 179.
En TV la situación es significativa. En 1998 había 29 canales privados (93,5%) y 2 públicos; después de 10 años de gobierno Bolivariano, hay 65 canales (VHF/UHF) privados 36 más (60,18%), 37 comunitarios (34,26%) y 6 públicos (5,56%); es decir, los privados tienen más presencia y cobertura que los medios públicos y comunitarios; ¿quién tiene más libertad de expresión?
Pues bien, la realidad es que las críticas a las propuestas que tiene el gobierno para acabar con el monopolio radioeléctrico y mediático provienen de aquellos "dueños" de circuitos radiales quienes manejan, cada uno, hasta 40 emisoras en el país y tienen acaparado el espacio radioeléctrico. Los dueños de los circuitos saben que se han apropiado ilegalmente de muchas emisoras. Recibieron en concesión una frecuencia del espectro radioeléctrico y luego, se han hecho pasar por asociados en diversas emisoras, cuando realmente son los mismos propietarios que, utilizando personas en calidad de testaferros, se han apoderado de gran parte del espacio radioeléctrico; son, por tanto, monopolios y latifundios radioeléctricos (dos delitos en una sola operación).
El gobierno Bolivariano no está en contra de los circuitos radioeléctricos sino que, sencillamente intenta democratizar el uso de los medios de difusión, para brindarle mayor participación a los productores nacionales independientes, quienes han dedicado décadas de su vida como "esclavos" al trabajo en radio y TV, así como a las comunidades que no logran ejercer su libertad de expresión en los medios que son "propiedad" de alguien quien tiene otras motivaciones o disfraza sus ambiciones mercantiles con los intereses sociales.
Lo que está en el fondo de esta decisión de nuestro gobierno es la histórica contradicción entre quien desea seguir controlando un medio de difusión de mensajes para defender sus particulares intereses de clase a través de una frecuencia que no es propiedad de nadie, pero si debe ser usada por todos y para todos, y el resto de la sociedad, que tiene todo el derecho e interés en que se democratice la comunicación, la información y la expresión.
DECLARACIONES DEL MINISTRO DIOSDADO CABELLO EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL).
El Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en la Asamblea Nacional, expuso diversos aspectos sobre la situación del espectro radioeléctrico en el país y las propuestas que hay para depurar este sector, en el esfuerzo que lleva a cabo el Estado para acabar con el latifundio radioeléctrico y mediático.
Cabello señaló que el espacio radioeléctrico es uno de los sitios que no ha tocado la revolución, por lo que se está procediendo a revisar la situación de dueños de medios de comunicación, muchos de hace 30 años, así como han surgido medios comunitarios y alternativos.
A principios de junio se solicitó la actualización de datos ante Conatel a quienes se le han dado concesiones de medios para el uso del espacio radioeléctrico.
Sobre la concesiones sonoras en FM, hasta 1998 había pocas de éstas porque estaba comenzando a explotarse este modo de transmisión pero luego, de 1999 a 2008, se incrementó el número de emisoras comunitarias y en total de éstas en FM privadas son 472; 9,95%, es decir, 79 emisoras, son públicas y 243, para 30%, son comunitarias.
Concesiones de televisión abierta VHF UHF en total hay 65, para 60,18%, que son privadas; seis en manos del Gobierno Nacional, 5,56%, y 37, para un 34,26%, en manos de las comunidades.
Emisoras de radio AM son en total 184, para 87,62% privadas y 12,38% -26 emisoras-, en manos del Gobierno Nacional.
De 438 emisoras FM y AM, sólo hay 177 que no están metidas en un circuito radiofónico: en FM para un 41% y en AM sólo hay 93 de 188 que no están en un circuito radiofónico.
Cabello anunció que se está proponiendo que no se permita el circuito de más de tres emisoras y más de media hora por día de transmisión conjunta.
Cabello aclaró que las concesiones de radio y televisión no se heredan, de manera que si una persona obtiene una y fallece, el Estado debe recuperar esta concesión, la cual no puede ser transferida, al igual si una concesión es otorgada a dos personas y una de ellas fallece, pues el socio que queda vivo no hereda la parte de la otra persona.
Sobre la actualización de datos ante Conatel, ilustró, a manera de ejemplo, que de emisoras AM, del total de concesiones, 53% pasó por Conatel, y 47% no lo hizo; de las FM, 281 emisoras, para un 65%, pasó por Conatel, y 150 no pasaron.
“El que no esté al día con Conatel, su concesión no será renovada y el Estado recuperará nuevos espacios radioeléctricos para el pueblo”, señaló.
La idea no es estatizar, al contrario lo que se busca es democratizar el espectro radioeléctrico y distribuirlo entre aquellas personas que nunca tuvieron la opción de participar en la producción y difusión de información, dijo el ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello Rondón.
"NO ES PRIMERA VEZ QUE SE RECLAMA PONER UN LÍMITE LIBERTAD DE EXPRESIÓN"
El director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel
2 Agosto 2009.- El periodista y director del periódico Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, recordó que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no es la primera en reclamar "que se ponga un límite a la libertad de expresión".
Al referirse al reclamo de la funcionaria ante la Asamblea Nacional el pasado viernes, donde se debatió el proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos, el comunicador señaló en su artículo dominical que ese pedido lo hicieron "mucho antes todos los congresantes electos en plena efervescencia democrática, en diciembre de 1958, apenas derrocada la dictadura"; reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias.
"La Constitución de 1961, que aprobaron ellos, garantiza esa libertad en el artículo 66, pero dejaron expresas limitaciones: "...quedan sujetos a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito", y el párrafo siguiente es bastante restrictivo: "No se permite el anonimato. Tampoco se permitirá la propaganda de guerra, la que ofenda la moral pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes (la ley de tierras, el pago de impuestos, por ejemplo) sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales". En ningún país esa libertad es absoluta", señala Díaz Rangel.
El director del periódico Últimas Noticias menciona en su artículo la demanda hecha el 25 de abril de 1966 por Arturo Uslar Pietri a los medios y a sus propietarios: "Hay, hoy en día, el peligro de que estas empresas se conviertan en grandes fábricas de opinión, lo que podría ser muy peligroso para un país el que la posibilidad de determinar la opinión pública quedase en manos de tres o cuatro grandes ricos que pudieran decir: Vamos a fabricar este hombre, vamos a destruir este otro (...)".
"Hay que asegurarles a los periodistas, a los hombres que hacen los periódicos, todas las garantías en su trabajo; hay que crear una responsabilidad, un límite al poder de los fabricantes plutocráticos y empresariales de opinión, que pueden convertirse en dictadores del país a través del poder económico", terminaba el reclamo de Pietri, citado por el periodista, que asevera en su artículo que esas afirmaciones tienen plena vigencia.
Díaz Rangel se refiere también a la vigente Constitución y señala que si bien recoge los principios de la libertad de expresión, pero advierte que quien haga uso de este derecho asume su plena responsabilidad por todo lo expresado.
Además, la actual Carta Magna -sostiene el periodista- no permite la propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
En tanto, al referirse al contenido del proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos, el periodista sostiene: "Tengo la impresión de que la mayoría de los delitos previstos en el proyecto de ley están en la legislación venezolana, pero que nadie las hace cumplir: en el Código Penal, por ejemplo, sus artículos 241, 284 y 286, tienen tales contenidos así como el 65 de la Ley Orgánica del Menor y Adolescente".
"La Asamblea Nacional tiene en sus manos una materia peliaguda, de suma importancia, y de inocultables proyecciones dentro y fuera del país. Mosca con lo que hacen", sostuvo Díaz Rangel.
REVISIÓN DE CONCESIONES COMBATE EL LATIFUNDIO MEDIÁTICO
El diputado y periodista Earle Herrera destacó ante la Asamblea Nacional que la actualización de concesiones radioeléctricas de algunos medios de comunicación, que adelanta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tiene como objetivo democratizar el espectro radioeléctrico y combatir el latifundio mediático.
Es la primera vez que el Estado toma decisiones en materia de telecomunicaciones "sin que la oligarquía haya podido echarlas para atrás".
Recordó por ejemplo cuando grupos de poder en Venezuela atacaron al ex presidente Rafael Caldera, cuando como integrante de una comisión para reformar la Constitución "tocó los puntos relativos a la comunicación, engavetaron la reforma y a Caldera lo mandaron de paseo".
Otro caso que recordó fue el veto que diversos medios de comunicación televisivos le aplicaron al también ex presidente Luís Herrera Campins, cuando su gobierno tomó la decisión de prohibir la publicidad de cigarrillos.
El diputado Earle Herrera aseguró que no se trata de "arrebatarle 240 emisoras a unos empresarios, se trata de que esos empresarios o quienes sean trataron de llevarse por los cachos al país, se trata de que estos señores se apropiaron de bienes públicos".
"El espectro radioeléctrico es del Estado y por ello no puede permitirse que los mismos estén en manos de monopolios en perjuicio de la población, donde existen una serie de emisoras y canales de televisión que quieren estar al margen de la ley", destacó.
Recientemente, Conatel organizó una convocatoria para que los medios de comunicación social venezolanos actualizaran los documentos de concesión radioeléctrica, sin embargo, algunos de estos medios no se presentaron a la convocatoria por no poseer vigentes dichos papeles.
La Asamblea Nacional, en su sesión de este martes, acordó respaldar las medidas que tome el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda con respecto a los circuitos radiofónicos en el país. De igual forma, acordaron respaldar las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional en este sentido y la revisión de las concesiones otorgadas a particulares.
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=102512
COMIENZA APERTURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTRA EMISORAS NO AUTORIZADAS
A partir de este viernes y el lunes de la semana entrante se llevará a cabo el proceso de apertura de procesos administrativos contra aquellos que utilizan espectros radioeléctricos sin estar autorizados, informó este jueves el ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
“El espectro radioeléctrico está controlado por pocas personas; es lamentable que en Venezuela sólo 27 familias venezolanas controlen 32% del espectro radioeléctrico”, recordó.
Cabello señaló que la oligarquía del país fue tomando espacios radioeléctricos sin registrarse en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
De acuerdo con cifras presentadas por Cabello ante la Asamblea Nacional, existe 47% de concesionarios AM privados que no han actualizado sus datos. El mismo porcentaje registran las concesiones AM no actualizadas.
En el caso de los concesionarios FM, 30% no ha actualizado sus datos ante Conatel.
Recordó Cabello que la falta de actualización de datos ha generado el latifundio mediático, ya que un solo dueño termina manejando hasta 7 emisoras.
El ministro indicó que ningún concesionario puede negarse a la realización de actividades que aplique Conatel.
Destacó que 19% de las emisoras AM no ha cancelado impuestos y 22% de las FM tampoco ha cumplido con las obligaciones tributarias, causa suficiente para retirar una concesión.
Cabello refirió también que las concesiones no son hereditarias. Por lo tanto, el Estado podrá recuperar aquellas emisoras o televisoras cuyos concesionarios hayan fallecido.
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=190996&lee=4
CAMPAÑA DE AGRESIÓN CONTRA VENEZUELA ES LA MÁS INTENSA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Ministra Blanca Eekhout
La ministra presentó un estudio que incluye diarios de España, Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y otros países, determinando que un 90 por ciento de las publicaciones a nivel internacional intentan descalificar, estigmatizar y permanentemente mentir sobre Venezuela.
Apenas un 9% publican artículos "neutros" y no hay artículos positivos.
"Un 90 por ciento de las publicaciones a nivel internacional intentan descalificar, estigmatizar y permanentemente mentir sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana, y el presidente de la República, Hugo Chávez", así lo aseguró la ministra del Poder Popular para Comunicación e Información, Blanca Eekhout, este viernes, en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.
Señaló que en medios impresos internacionales, apenas un 9% publican artículos "neutros". La cantidad de artículos ligados a un aspecto positivo de la gestión del jefe de Estado venezolano, son nulos.
"Venezuela se ha convertido en uno de los países más tratado y descalificados por los medios de comunicación en el mundo", aseguró.
En este sentido, mencionó a los diarios internacionales que se utilizaron como muestra para el estudio de investigación: ABC (España), ABC Color (Paraguay), Clarín (Argentina), El Comercio (Ecuador), O Globo (Brasil) La Jornada (México), La Nación (Argentina), The New Your Times (EEUU), The Washington Post (EEUU), El Mercurio (Chile), La Razón (Bolivia), entre otros.
"Esto, dentro de una medición que hemos estado haciendo durante varios meses y, en estas últimas semanas, ha cobrado un peso mayor la enorme campaña que hay en contra de Venezuela, del pueblo venezolano, y del Comandante, Hugo Chávez", mencionó la Ministra.
Venezuela representa una amenaza para la prensa internacional
Dijo que la amenaza que representa Venezuela, ante el mundo entero, es que somos la propuesta de un mundo nuevo. "La posibilidad de plantear la idea de que es posible vivir en justicia, y que es posible que los pueblos decidan su destino. La amenaza que representa Venezuela, es la de decir que somos un país soberano que no aceptamos que nos controle ningún imperio", enfatizó.
Asimismo, Eekhout recalcó que la amenaza que representa nuestro país es que para la revolución bolivariana es absolutamente fundamental que los recursos de los países estén al servicio de los pueblos, y no bajo la tutela del imperio ni de los intereses del gran capital internacional.
"Así como fue utilizada la mentira que permitió la invasión contra Irak, la guerra de exterminio contra el pueblo iraquí -diciendo que habían armas de destrucción masiva que no existían- así como ahora pretenden acusarnos de narco Estado, acusarnos, permanentemente de cualquier cosa, hoy los medios intentan hacerlo contra Venezuela. Pero no podrán hacerlo porque las ideas bolivarianas, son ideas del mundo nuevo, y eso no puede detenerse", indicó.
Es absolutamente vital regular el poder mediático
Por otro lado, la ministra indicó que la propuesta para elaborar un proyecto de Ley especial contra los delitos mediáticos, presentada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es absolutamente vital, y su discusión no sólo se está dando en Venezuela, sino en el resto del mundo por el enorme poder de los medios.
Eekhout considera “absolutamente vital” regular el poder mediático, porque “todo el mundo globalizado tiene como médula articuladora las comunicaciones, que llegan más rápido, a más lugares, en el menor tiempo y a todo el planeta con una sola visión del mundo, lo que puede permear las conciencias de la gente si no logramos generar una posición crítica frente al poder de los medios”.
Y aclaró que no es una discusión exclusivamente de Venezuela “ni una ocurrencia de la fiscal general de la República es una discusión en el mundo, porque es absolutamente necesario que los seres humanos empecemos a reencontrarnos sin que intereses mezquinos, ligados a los grandes poderes económicos y bélicos, propicien el desencuentro, la guerra y la violencia”.
Citó como ejemplo el caso de Ruanda, donde —señaló— “los medios de comunicación fueron responsables de una masacre, y eso fue juzgado en tribunales internacionales, y esos dueños de medios fueron condenados a cadena perpetua. Fue una política permanente de lograr incentivar odio, y miedo para impulsar una guerra civil que terminó en la masacre de una población”.
Otro argumento de la ministra Eekhout que respalda la propuesta de la fiscal, es que el poder mediático “es una de las fuentes de acumulación de capital más importantes en este momento. Los medios de comunicación están ligados a los grandes capitales, porque tienen en sí mismos poder económico, y muchos de ellos a la industria bélica. Por eso la guerra es tan buena noticia, porque es buen negocio comunicacional y buen negocio para los perros de la guerra que venden las armas”.
“Toda sociedad necesita tener control y regulación de aquellos poderes que pueden ser tan dañinos”, puntualizó la funcionaria.
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?29738
ES NECESARIO QUE EL ESTADO REGULE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso regular la libertad de expresión en Venezuela por considerar que en nombre de este derecho se está atentando contra la seguridad de la Nación, de los ciudadanos, la moral pública e instituciones del Estado.
La consideración la realizó este jueves ante la Asamblea Nacional, donde acudió a fin de entregar propuestas para la Ley de Delitos Mediáticos que actualmente redactan los diputados que integran la Comisión de Medios del Parlamento.
Aclaró que con dicha propuesta no está sugiriendo limitar la libertad de expresión sino regularla, "porque tú puedes expresar libremente todo lo que consideres, pero esa libertad no puede vulnerar el derecho de los demás, no puede atentar contra el Estado, no puede atentar contra las personas, no puede atentar contra la salud de las personas, contra la moral pública", enfatizó Ortega Díaz.
Aseguró que en Venezuela estamos en un estado de derecho, donde se tienen que regular todas las conductas de las personas en sociedad. Advirtió que no hay un sólo país en el mundo en el que no esté regulada la conducta.
"No estamos vulnerando la libertad de expresión, por el contrario, estamos impulsando y promoviendo la libertad de expresión sana, cierta, que llegue a todos los ciudadanos y que no atente contra los ciudadanos", dijo la Fiscal General de la República.
En su intervención ante la plenaria de la Asamblea Nacional consideró necesario que se legisle sobre esta materia y que el Estado venezolano regule la libertad de expresión.
"Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Nosotros no estamos planteando que se vulnere la libertad de expresión.
Consideramos que en un estado democrático, social, de justicia y de derecho como el nuestro, se respeta la libertad de expresión y consideramos que se debe seguir impulsando y respetando esa libertad de expresión, pero en el marco de nuestro derecho, del derecho de todos los venezolanos. Pidió que se le ponga un limite a ese derecho", recalcó la jefa del Ministerio Público.
Nuevas formas de criminalidad
En relación con los medios manifestó que no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles ni para coadyuvar en la comisión de éstos. "No pueden generar intranquilidad ni alteración a la paz social o el orden público, no pueden generar un clima de inseguridad ni generar, a través de la noticia, la sensación de impunidad; por el contrario, los medios deben cumplir una función educativa, así lo establece la Constitución", explicó Ortega Díaz.
Explicó que la regulación de la actividad de los medios de comunicación está establecida hasta en predios internacionales, pues la Organización de las Naciones Unidas considera que los medios deben colaborar con el Estado en la prevención del delito y la educación.
"Ahora la realidad social y jurídica venezolana, el manejo por parte de los medios de comunicación de determinadas noticias y la utilización de los mismo para la defensa de los intereses de un grupo en detrimento de los derechos de un colectivo, advierte la amenaza de nuevas formas de criminalidad, capaces de alterar la salud mental, debilitar, atentar o enervar fundamentos de la seguridad", indicó la Fiscal General.
Ortega Díaz señaló que ante estas nuevas formas de criminalidad que puedan cometerse a través de los medios de comunicación, el Estado tiene la obligación de prevenir y actuar en dichos casos a través de la sanción de leyes penales que regulen las referidas conductas, para afrontar las nuevas formas de delito.
"Es necesario regular la actividad de los medios y brindarle una protección apropiada a los ciudadanos, y ojo con esto: los ciudadanos lucen indefensos ante el uso irracional del poder que ostentan los medios de comunicación social", detalló.
Para la Fiscal General el avance de la sociedad plantea que el derecho penal dé una respuesta a las nuevas formas y dimensiones de la delincuencia, mediante la redacción de leyes opcionales. "Por ejemplo, si nosotros observamos lo que sucedió en Venezuela, en el año 1994 cuando la crisis financiera, el Estado se vio en la necesidad de legislar en esa materia y surgió la Ley de Delitos Bancarios".
Ortega Díaz afirmó que actualmente existe la necesidad de abordar las nuevas formas de criminalidad que han surgido como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de expresión, derecho que es utilizado por los propietarios de los medios de comunicación social "para la perpetración de delitos que lesionan bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos, por lo que es necesario legislar sobre esta materia", acotó.
Señaló que la libertad de expresión no puede ni debe ser entendida como la posibilidad de que se transmitan, a través de un medio de comunicación, mensajes de odio, se induzca a la guerra o se cometa un delito, y que no exista una sanción ante tales situaciones.
Dijo que ante esta situación, el Estado no puede avalar ni hacerse cómplice de que los medios de comunicación no tengan un límite al difundir cierto tipo de informaciones, puesto que ello atenta contra la seguridad de la nación.
Resaltó que en la Constitución se encuentra establecido que todos los venezolanos son corresponsables en la seguridad de la nación. "En consecuencia, toda expresión que busque debilitar la Fuerza Armada y los órganos de seguridad ciudadana, como elementos de seguridad de la Nación, pueden igualmente producir responsabilidades legales".
Protección para los periodistas
Ante este panorama, la Fiscal General propuso ante al parlamento castigar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que constituyan delitos, con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos.
"En segundo término, que se incluya una norma que le brinde protección a los periodistas frente a los dueños de medios de comunicación, para evitar que los propietarios de los medios les obliguen o les impongan escribir o decir hechos que no les consta o que no están ocurriendo", propuesta que mereció varios aplausos entre los parlamentarios.
Asimismo, consideró que debe castigarse aquellas conductas que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la Nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental, la moral pública y que generen un clima de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social.
Entre las propuestas, solicitó que se castiguen a los propietarios de los medios de comunicación que divulguen falsas noticias para producir una grave alteración a la tranquilidad pública, que causen pánico en la población o produzcan un perjuicio a los intereses del Estado.
"Que se castiguen a las personas o a dueños de medios que manipulen, tergiversen la noticia con el propósito de trasmitir una falsa percepción de los hechos o crear una matriz de opinión en la sociedad para alterar la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, la salud mental o la moral pública".
Igualmente, sugirió que se castigue a los propietarios, gerentes o responsables de los medios de comunicación que empleen éste medio para amenazar, intimidar coaccionar o de cualquier otra manera infundir un temor en la población. "Que se castigue cuando un medio de comunicación realice publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio, la hostilidad respecto a las personas, colectividades o instituciones en razón de su raza, sexo religión, nacionalidad e ideología o militancia política".
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=29&t=104142
LEY DE DELITOS MEDIÁTICOS NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA
Asalia Venegas
La periodista e investigadora hizo un llamado a la población venezolana para que desmonte el discurso que están promoviendo los medios de comunicación privados y de esta forma desligar todas aquellas acusaciones en donde se resalta que esta normativa es un proyecto que impulsa la censura de la libertad de expresión
En la Ley de Delitos Mediáticos propuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, estarán inmersos artículos y lineamientos específicos que ya yacen dentro de documentos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ejercicio del Periodista, el Código de Ética, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones, pero que son violados y burlados por parte de los medios de comunicación.
La anterior afirmación corresponde a la periodista e investigadora, Asalia Venegas, quien señaló no entender la reacción de los medios de comunicación privados ante este nuevo reglamento, “no se porque tanto miedo y alharaca”, puesto que según su criterio, ya en un gran número de normativas comunicacionales se encuentran detallados los parámetros para llevar a cabo una libertad de información, pero como son obviados, debe salir a la voz pública una ley en donde estén tipificados.
En este sentido, hizo un llamado este lunes, en una entrevista al programa Al Momento, transmitido por Venezolana de Televisión, a la población de nuestro país para que desmonte el discurso que están impulsando los medios de comunicación privados y de esta forma desligar todas aquellas acusaciones en donde se resalta que esta normativa es un proyecto que impulsa la censura de la libertad de expresión.
Aseguró que tal y como lo establece nuestra Carta Magna, “las sanciones punitivas tienen que ir en Leyes Especiales, obedeciendo de esta forma al Código Procesal Penal, por lo que está sería la razón fundamental de este reglamento”.
Explicó que en la Ley de Delitos Mediáticos estarán condenadas violaciones como la utilización de seudónimos, el protagonismo de la figura anónima y el accionar en los medios campañas para infundir temor a otros.
Aclamó que con esta determinación se podrá hacer frente al periodismo que promueve guerra y odio entre los habitantes, ya que de acuerdo a su opinión, las campañas que han promovido los consorcios comunicacionales en nuestro país “se traducen como una postura antinacional, apátrida y que es penada por el articulo 40 del Código de Ética del Periodista y que dicta claramente la defensa de la Soberanía Nacional y vemos que en la actualidad nos es así por parte de los medios”.
Por último instó a la ciudadanía a seguir denunciado las irregularidades ante la extensa manipulación y tergiversación que una vez más enfundan los medios para desvirtuar la verdadera esencia de la Ley de Delitos Mediáticos.
LA HISTORIA DE LA ENTREGA DE CONCESIONES EN VENEZUELA, Y EL NACIMIENTO DEL LATIFUNDIO MEDIÁTICO
La historia comienza con Televisa (hoy Venevisión), que se convirtió en instrumento de penetración de las grandes transnacionales estadounidenses, que lo usaron para que la naciente clase media aumentara el consumismo.
Luego de la década de los años 70, se disparan las importaciones y el otorgamiento de concesiones radioeléctricas. Este proceso alcanza un clímax en los años ochenta, cuando el espectro es repartido casi en su totalidad a los socios y amigos del estamento adeco-copeyano.
Una investigación en 2005 revela que entre 1984 y 1999 se entregaron 70 concesiones de radio en AM y 236 en FM, además de 48 permisos para canales de TV. A finales de los 70, Luis Herrera Campins intentó enfrentar tímidamente el latifundio mediático prohibiendo las cuñas de cigarrillos y alcohol en la radio y TV, lo que le acarreó una brutal campaña de desprestigio e invisibilización.
En 1984, sólo habían 4 emisoras FM. Pero Jaime Lusinchi y su poderosa secretaria privada otorgan permisos a 52 emisoras FM, convirtiéndose en los amos de la nueva frecuencia radial.
También entregan la simbólica concesión del canal 10 (Televen) a una empresa del grupo Camero, un poderoso hacendado dle estado Guárico. En esta operación ayudó decisivamente Carlos Croes, ministro de Información de Lusinchi quien aún hoy es vocero oficial del canal. Siempre se dijo que la frecuencia pertenecía, mediante pactos secretos, a Blanca Ibáñez.
Carlos Andrés Pérez, otro rey mediático, otorgó permisos a 6 televisoras UHF y dos televisoras por suscripción. En 1991, otorgó el contrato de telefonía celular a Telcel, asociado con la empresa estadounidense Bellsouth y al Grupo Cisneros. La franja entregada, por razones de seguridad de Estado, era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Rafael Caldera, en su segundo período, no fue un rey sino un rehén complaciente de los medios. En 1998, Caldera entrega la Televisora Nacional (Canal 5), en forma inconsulta, a un grupo elitesco del arzobispado de Caracas, liderado por Ignacio Velasco. Los jerarcas católicos crean una asociación sin fines de lucro (Vale TV) y emprenden, supervisados por el Grupo Cisneros, a Marcel Granier y Peter Boutton, una aventura televisiva de dudosos resultados.
El gobierno de Caldera iba a entregar a las empresas privadas los medios estatales Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela (y de hecho, lo hizo con la mayor parte del Circuito Mundial, que Fogade había expropiado a Orlando Castro).
Caldera, o quienes firmaban por él, también autorizaron 36 estaciones de televisión UHF y 21 empresas de televisión por suscripción (cableras).
Posteriormente, se establecieron numerosos grupos de empresarios que se lanzaron a la aventura mediática, como el grupo Globovisión, de Guillermo Zuloaga, Luis Teófilo Núñez y Nelson Mezerhane, primero quebraron al diario El Globo, botaron a todos los periodistas y luego se mudaron a su bunker en La Florida. También el grupo CMT, del constructor Humberto Petrica, y el grupo Meridiano TV, de Armando De Armas, entre otros.
Los grupos privados controlan 94% de la cobertura nacional televisiva y tienen 85% de la potencia efectiva radiada, con más de 150 repetidoras.
Con la privatización del espectro radioléctrico en medio siglo, los concesionarios se han creído dueños, incluso por razones de sangre, de un bien colectivo que pertenece a todos los venezolanos. La cultura del latifundio mediático ha impuesto una forma de pensar que privilegia lo comercial sobre lo cultural, que desvaloriza lo nacional y se arrodilla ante lo foráneo.
Observación: No nos adherimos a algunas de las posturas expuestas en este compendio de posiciones en relación a cómo debe democratizarse el espectro radioeléctrico y la difusión de información en Venezuela. Sin embargo somos partidarios de que realmente se democraticen los medios de información masivos y que no estén más en pocas manos y sí en manos de las mayorías, para que sirvan realmente para el desarrollo cultural y ético de los pueblos, no como hasta ahora que son solo instrumento de alienación y primitivismo.
Alejandro Sánchez
Pacifista y Ecologista
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VENEZUELA
POR ISAÍAS RODRÍGUEZ
EX FISCAL GENERAL
EMBAJADOR DE VENEZUELA EN ESPAÑA
Después que el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dio a conocer en el seno del parlamento, los resultados de un estudio realizado sobre la situación actual de los servicios de radiodifusión sonora, TV abierta y difusión por suscripción, los ataques mediáticos han sido implacables contra Venezuela. A pesar de que aún no está decidido revocar concesión a algún medio de comunicación, son innumerables los titulares que anuncian “el cierre de medios en Venezuela”.
Tal como ocurre en el Reino Unido, el Reino de España, en el resto de la Unión Europea y los EEUU, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela estudia y revisa el espectro radioeléctrico no sólo para regular el ejercicio legal de los medios de comunicación, sino para garantizar la libertad de expresión. De ese estudio quedó claro que 240 emisoras radiales no cumplen con lo establecido en la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones; 940 emisoras de radio son operadas por los mismos concesionarios desde hace 20 años; más del 37% del espectro lo manejan 27 familias; 154 emisoras están ilegales; y hay personas (naturales o jurídicas) que tiene hasta 3 y 4 concesiones.
Como cualquier estado democrático se aspira poner fin al monopolio del espectro radioeléctrico y distribuirlo entre quienes, con capacidad para ello, nunca han tenido la opción de participar en la producción y difusión de información.
A principios de junio se solicitó la actualización de datos a quienes se les han dado concesiones para el uso de espacio radioeléctrico, con el fin de determinar la realidad y el mapa del sector. A quienes no cumplieron con el deber de asistir a la convocatoria se les abrió un procedimiento administrativo. En efecto, esta actitud demuestra, por omisión, el desinterés de los representantes de algunos medios de comunicación de no mantenerse dentro de la legalidad o eludir la obligación de ajustarse a derecho o bien de estar incursos en irregularidades administrativas o situaciones delictivas.
No, no son víctimas de persecución, ni de ataques a la libertad de expresión. Sólo se aspira democratizar el espectro radioeléctrico. En Venezuela, 940 emisoras de radio las operan los mismos concesionarios desde hace 20 años; más del 37% del espectro lo manejan tan sólo 27 familias; 154 emisoras no dieron información porque simple y llanamente se encuentran ilegales. Hay, por lo demás personas jurídicas o naturales que tienen 3 y 4 concesiones.
El Gobierno venezolano no posee el manejo de la mayor parte de las comunicaciones. El informe también ha demostrado que el estado no tiene más del 10% de las emisoras en frecuencia modulada y menos del 13% de las concesiones radiales en amplitud modulada. Por lo demás, apenas el 6% de las concesiones de televisión son parte de la estructura gubernamental.
Hace un par de semanas innumerables denuncias señalaron a algunos “circuitos” (sectores asociados) de interferir la señal de las televisoras estatales para evitar el reporte de noticias sobre el golpe de estado en Honduras, condenado internacionalmente sin distingos de causas.
Es evidente que grupos mediáticos establecidos a través de redes están dándole un mal uso a la frecuencia. Se ha puesto en evidencia el manejo arbitrario y abusivo de sectores que se han apropiado del espectro radioeléctrico con ese fin. La decisión firme de regular estas desviaciones confirman la defensa de la libertad de expresión Por lo demás, lo justo es que los usuarios formen sus propias opiniones a través de la información que obtienen de los medios y no a la inversa.
LATIFUNDIO Y MONOPOLIO MEDIÁTICO
Por: Franklin González (Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay)
La canalla nuevamente arremete contra nuestro gobierno. En estos días, los medios de difusión de mensajes han estado diciendo y repitiendo que Chávez va a cerrar cerca de 200 emisoras de radio y TV porque atacan al gobierno y que, además, va a entregar las frecuencias a quienes puedan "beneficiar su proyecto político".
Lo anterior se difunde como una verdad cuando la realidad es que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), estableció un determinado plazo para que los concesionarios de radio y TV enviaran sus recaudos para verificar la situación legal de los mismos y resulta que se determinó que un total de 151 medios radioeléctricos actúan ilegalmente, sin contar aquellos cuyos "propietarios" han adquirido como latifundistas mediáticos frecuencias que no les fueron asignadas originalmente.
La verdad es que el 32% del espacio radioeléctrico venezolano pertenece a 27 familias, de las cuales sólo el 9% posee cierta vinculación con el Estado venezolano. En Venezuela existen 794 emisoras en FM, pero en 1998 habían 494; hoy existen 472 FM privadas (59,45%), al llegar Chávez había 181; de estas FM 243 (30,6%) son comunitarias con plena libertad de acción igual cantidad que en 1998; mientras que 79 (9,95%) son públicas, cuando llega Chávez eran 70. A la vista está que el mayor crecimiento se ha producido en el sector privado en los últimos 10 años.
En las emisoras AM no ha habido mayor crecimiento, acorde con la naturaleza de ese formato que hoy no es muy apetecible por los sectores comerciales; de las 210 emisoras AM, sólo 26 son públicas (12,38%) y 184 (87,62%) son privadas, en 1988 eran 179.
En TV la situación es significativa. En 1998 había 29 canales privados (93,5%) y 2 públicos; después de 10 años de gobierno Bolivariano, hay 65 canales (VHF/UHF) privados 36 más (60,18%), 37 comunitarios (34,26%) y 6 públicos (5,56%); es decir, los privados tienen más presencia y cobertura que los medios públicos y comunitarios; ¿quién tiene más libertad de expresión?
Pues bien, la realidad es que las críticas a las propuestas que tiene el gobierno para acabar con el monopolio radioeléctrico y mediático provienen de aquellos "dueños" de circuitos radiales quienes manejan, cada uno, hasta 40 emisoras en el país y tienen acaparado el espacio radioeléctrico. Los dueños de los circuitos saben que se han apropiado ilegalmente de muchas emisoras. Recibieron en concesión una frecuencia del espectro radioeléctrico y luego, se han hecho pasar por asociados en diversas emisoras, cuando realmente son los mismos propietarios que, utilizando personas en calidad de testaferros, se han apoderado de gran parte del espacio radioeléctrico; son, por tanto, monopolios y latifundios radioeléctricos (dos delitos en una sola operación).
El gobierno Bolivariano no está en contra de los circuitos radioeléctricos sino que, sencillamente intenta democratizar el uso de los medios de difusión, para brindarle mayor participación a los productores nacionales independientes, quienes han dedicado décadas de su vida como "esclavos" al trabajo en radio y TV, así como a las comunidades que no logran ejercer su libertad de expresión en los medios que son "propiedad" de alguien quien tiene otras motivaciones o disfraza sus ambiciones mercantiles con los intereses sociales.
Lo que está en el fondo de esta decisión de nuestro gobierno es la histórica contradicción entre quien desea seguir controlando un medio de difusión de mensajes para defender sus particulares intereses de clase a través de una frecuencia que no es propiedad de nadie, pero si debe ser usada por todos y para todos, y el resto de la sociedad, que tiene todo el derecho e interés en que se democratice la comunicación, la información y la expresión.
DECLARACIONES DEL MINISTRO DIOSDADO CABELLO EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL).
El Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en la Asamblea Nacional, expuso diversos aspectos sobre la situación del espectro radioeléctrico en el país y las propuestas que hay para depurar este sector, en el esfuerzo que lleva a cabo el Estado para acabar con el latifundio radioeléctrico y mediático.
Cabello señaló que el espacio radioeléctrico es uno de los sitios que no ha tocado la revolución, por lo que se está procediendo a revisar la situación de dueños de medios de comunicación, muchos de hace 30 años, así como han surgido medios comunitarios y alternativos.
A principios de junio se solicitó la actualización de datos ante Conatel a quienes se le han dado concesiones de medios para el uso del espacio radioeléctrico.
Sobre la concesiones sonoras en FM, hasta 1998 había pocas de éstas porque estaba comenzando a explotarse este modo de transmisión pero luego, de 1999 a 2008, se incrementó el número de emisoras comunitarias y en total de éstas en FM privadas son 472; 9,95%, es decir, 79 emisoras, son públicas y 243, para 30%, son comunitarias.
Concesiones de televisión abierta VHF UHF en total hay 65, para 60,18%, que son privadas; seis en manos del Gobierno Nacional, 5,56%, y 37, para un 34,26%, en manos de las comunidades.
Emisoras de radio AM son en total 184, para 87,62% privadas y 12,38% -26 emisoras-, en manos del Gobierno Nacional.
De 438 emisoras FM y AM, sólo hay 177 que no están metidas en un circuito radiofónico: en FM para un 41% y en AM sólo hay 93 de 188 que no están en un circuito radiofónico.
Cabello anunció que se está proponiendo que no se permita el circuito de más de tres emisoras y más de media hora por día de transmisión conjunta.
Cabello aclaró que las concesiones de radio y televisión no se heredan, de manera que si una persona obtiene una y fallece, el Estado debe recuperar esta concesión, la cual no puede ser transferida, al igual si una concesión es otorgada a dos personas y una de ellas fallece, pues el socio que queda vivo no hereda la parte de la otra persona.
Sobre la actualización de datos ante Conatel, ilustró, a manera de ejemplo, que de emisoras AM, del total de concesiones, 53% pasó por Conatel, y 47% no lo hizo; de las FM, 281 emisoras, para un 65%, pasó por Conatel, y 150 no pasaron.
“El que no esté al día con Conatel, su concesión no será renovada y el Estado recuperará nuevos espacios radioeléctricos para el pueblo”, señaló.
La idea no es estatizar, al contrario lo que se busca es democratizar el espectro radioeléctrico y distribuirlo entre aquellas personas que nunca tuvieron la opción de participar en la producción y difusión de información, dijo el ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello Rondón.
"NO ES PRIMERA VEZ QUE SE RECLAMA PONER UN LÍMITE LIBERTAD DE EXPRESIÓN"
El director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel
2 Agosto 2009.- El periodista y director del periódico Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, recordó que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no es la primera en reclamar "que se ponga un límite a la libertad de expresión".
Al referirse al reclamo de la funcionaria ante la Asamblea Nacional el pasado viernes, donde se debatió el proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos, el comunicador señaló en su artículo dominical que ese pedido lo hicieron "mucho antes todos los congresantes electos en plena efervescencia democrática, en diciembre de 1958, apenas derrocada la dictadura"; reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias.
"La Constitución de 1961, que aprobaron ellos, garantiza esa libertad en el artículo 66, pero dejaron expresas limitaciones: "...quedan sujetos a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito", y el párrafo siguiente es bastante restrictivo: "No se permite el anonimato. Tampoco se permitirá la propaganda de guerra, la que ofenda la moral pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes (la ley de tierras, el pago de impuestos, por ejemplo) sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales". En ningún país esa libertad es absoluta", señala Díaz Rangel.
El director del periódico Últimas Noticias menciona en su artículo la demanda hecha el 25 de abril de 1966 por Arturo Uslar Pietri a los medios y a sus propietarios: "Hay, hoy en día, el peligro de que estas empresas se conviertan en grandes fábricas de opinión, lo que podría ser muy peligroso para un país el que la posibilidad de determinar la opinión pública quedase en manos de tres o cuatro grandes ricos que pudieran decir: Vamos a fabricar este hombre, vamos a destruir este otro (...)".
"Hay que asegurarles a los periodistas, a los hombres que hacen los periódicos, todas las garantías en su trabajo; hay que crear una responsabilidad, un límite al poder de los fabricantes plutocráticos y empresariales de opinión, que pueden convertirse en dictadores del país a través del poder económico", terminaba el reclamo de Pietri, citado por el periodista, que asevera en su artículo que esas afirmaciones tienen plena vigencia.
Díaz Rangel se refiere también a la vigente Constitución y señala que si bien recoge los principios de la libertad de expresión, pero advierte que quien haga uso de este derecho asume su plena responsabilidad por todo lo expresado.
Además, la actual Carta Magna -sostiene el periodista- no permite la propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
En tanto, al referirse al contenido del proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos, el periodista sostiene: "Tengo la impresión de que la mayoría de los delitos previstos en el proyecto de ley están en la legislación venezolana, pero que nadie las hace cumplir: en el Código Penal, por ejemplo, sus artículos 241, 284 y 286, tienen tales contenidos así como el 65 de la Ley Orgánica del Menor y Adolescente".
"La Asamblea Nacional tiene en sus manos una materia peliaguda, de suma importancia, y de inocultables proyecciones dentro y fuera del país. Mosca con lo que hacen", sostuvo Díaz Rangel.
REVISIÓN DE CONCESIONES COMBATE EL LATIFUNDIO MEDIÁTICO
El diputado y periodista Earle Herrera destacó ante la Asamblea Nacional que la actualización de concesiones radioeléctricas de algunos medios de comunicación, que adelanta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tiene como objetivo democratizar el espectro radioeléctrico y combatir el latifundio mediático.
Es la primera vez que el Estado toma decisiones en materia de telecomunicaciones "sin que la oligarquía haya podido echarlas para atrás".
Recordó por ejemplo cuando grupos de poder en Venezuela atacaron al ex presidente Rafael Caldera, cuando como integrante de una comisión para reformar la Constitución "tocó los puntos relativos a la comunicación, engavetaron la reforma y a Caldera lo mandaron de paseo".
Otro caso que recordó fue el veto que diversos medios de comunicación televisivos le aplicaron al también ex presidente Luís Herrera Campins, cuando su gobierno tomó la decisión de prohibir la publicidad de cigarrillos.
El diputado Earle Herrera aseguró que no se trata de "arrebatarle 240 emisoras a unos empresarios, se trata de que esos empresarios o quienes sean trataron de llevarse por los cachos al país, se trata de que estos señores se apropiaron de bienes públicos".
"El espectro radioeléctrico es del Estado y por ello no puede permitirse que los mismos estén en manos de monopolios en perjuicio de la población, donde existen una serie de emisoras y canales de televisión que quieren estar al margen de la ley", destacó.
Recientemente, Conatel organizó una convocatoria para que los medios de comunicación social venezolanos actualizaran los documentos de concesión radioeléctrica, sin embargo, algunos de estos medios no se presentaron a la convocatoria por no poseer vigentes dichos papeles.
La Asamblea Nacional, en su sesión de este martes, acordó respaldar las medidas que tome el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda con respecto a los circuitos radiofónicos en el país. De igual forma, acordaron respaldar las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional en este sentido y la revisión de las concesiones otorgadas a particulares.
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=102512
COMIENZA APERTURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTRA EMISORAS NO AUTORIZADAS
A partir de este viernes y el lunes de la semana entrante se llevará a cabo el proceso de apertura de procesos administrativos contra aquellos que utilizan espectros radioeléctricos sin estar autorizados, informó este jueves el ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
“El espectro radioeléctrico está controlado por pocas personas; es lamentable que en Venezuela sólo 27 familias venezolanas controlen 32% del espectro radioeléctrico”, recordó.
Cabello señaló que la oligarquía del país fue tomando espacios radioeléctricos sin registrarse en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
De acuerdo con cifras presentadas por Cabello ante la Asamblea Nacional, existe 47% de concesionarios AM privados que no han actualizado sus datos. El mismo porcentaje registran las concesiones AM no actualizadas.
En el caso de los concesionarios FM, 30% no ha actualizado sus datos ante Conatel.
Recordó Cabello que la falta de actualización de datos ha generado el latifundio mediático, ya que un solo dueño termina manejando hasta 7 emisoras.
El ministro indicó que ningún concesionario puede negarse a la realización de actividades que aplique Conatel.
Destacó que 19% de las emisoras AM no ha cancelado impuestos y 22% de las FM tampoco ha cumplido con las obligaciones tributarias, causa suficiente para retirar una concesión.
Cabello refirió también que las concesiones no son hereditarias. Por lo tanto, el Estado podrá recuperar aquellas emisoras o televisoras cuyos concesionarios hayan fallecido.
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=190996&lee=4
CAMPAÑA DE AGRESIÓN CONTRA VENEZUELA ES LA MÁS INTENSA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Ministra Blanca Eekhout
La ministra presentó un estudio que incluye diarios de España, Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y otros países, determinando que un 90 por ciento de las publicaciones a nivel internacional intentan descalificar, estigmatizar y permanentemente mentir sobre Venezuela.
Apenas un 9% publican artículos "neutros" y no hay artículos positivos.
"Un 90 por ciento de las publicaciones a nivel internacional intentan descalificar, estigmatizar y permanentemente mentir sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana, y el presidente de la República, Hugo Chávez", así lo aseguró la ministra del Poder Popular para Comunicación e Información, Blanca Eekhout, este viernes, en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.
Señaló que en medios impresos internacionales, apenas un 9% publican artículos "neutros". La cantidad de artículos ligados a un aspecto positivo de la gestión del jefe de Estado venezolano, son nulos.
"Venezuela se ha convertido en uno de los países más tratado y descalificados por los medios de comunicación en el mundo", aseguró.
En este sentido, mencionó a los diarios internacionales que se utilizaron como muestra para el estudio de investigación: ABC (España), ABC Color (Paraguay), Clarín (Argentina), El Comercio (Ecuador), O Globo (Brasil) La Jornada (México), La Nación (Argentina), The New Your Times (EEUU), The Washington Post (EEUU), El Mercurio (Chile), La Razón (Bolivia), entre otros.
"Esto, dentro de una medición que hemos estado haciendo durante varios meses y, en estas últimas semanas, ha cobrado un peso mayor la enorme campaña que hay en contra de Venezuela, del pueblo venezolano, y del Comandante, Hugo Chávez", mencionó la Ministra.
Venezuela representa una amenaza para la prensa internacional
Dijo que la amenaza que representa Venezuela, ante el mundo entero, es que somos la propuesta de un mundo nuevo. "La posibilidad de plantear la idea de que es posible vivir en justicia, y que es posible que los pueblos decidan su destino. La amenaza que representa Venezuela, es la de decir que somos un país soberano que no aceptamos que nos controle ningún imperio", enfatizó.
Asimismo, Eekhout recalcó que la amenaza que representa nuestro país es que para la revolución bolivariana es absolutamente fundamental que los recursos de los países estén al servicio de los pueblos, y no bajo la tutela del imperio ni de los intereses del gran capital internacional.
"Así como fue utilizada la mentira que permitió la invasión contra Irak, la guerra de exterminio contra el pueblo iraquí -diciendo que habían armas de destrucción masiva que no existían- así como ahora pretenden acusarnos de narco Estado, acusarnos, permanentemente de cualquier cosa, hoy los medios intentan hacerlo contra Venezuela. Pero no podrán hacerlo porque las ideas bolivarianas, son ideas del mundo nuevo, y eso no puede detenerse", indicó.
Es absolutamente vital regular el poder mediático
Por otro lado, la ministra indicó que la propuesta para elaborar un proyecto de Ley especial contra los delitos mediáticos, presentada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es absolutamente vital, y su discusión no sólo se está dando en Venezuela, sino en el resto del mundo por el enorme poder de los medios.
Eekhout considera “absolutamente vital” regular el poder mediático, porque “todo el mundo globalizado tiene como médula articuladora las comunicaciones, que llegan más rápido, a más lugares, en el menor tiempo y a todo el planeta con una sola visión del mundo, lo que puede permear las conciencias de la gente si no logramos generar una posición crítica frente al poder de los medios”.
Y aclaró que no es una discusión exclusivamente de Venezuela “ni una ocurrencia de la fiscal general de la República es una discusión en el mundo, porque es absolutamente necesario que los seres humanos empecemos a reencontrarnos sin que intereses mezquinos, ligados a los grandes poderes económicos y bélicos, propicien el desencuentro, la guerra y la violencia”.
Citó como ejemplo el caso de Ruanda, donde —señaló— “los medios de comunicación fueron responsables de una masacre, y eso fue juzgado en tribunales internacionales, y esos dueños de medios fueron condenados a cadena perpetua. Fue una política permanente de lograr incentivar odio, y miedo para impulsar una guerra civil que terminó en la masacre de una población”.
Otro argumento de la ministra Eekhout que respalda la propuesta de la fiscal, es que el poder mediático “es una de las fuentes de acumulación de capital más importantes en este momento. Los medios de comunicación están ligados a los grandes capitales, porque tienen en sí mismos poder económico, y muchos de ellos a la industria bélica. Por eso la guerra es tan buena noticia, porque es buen negocio comunicacional y buen negocio para los perros de la guerra que venden las armas”.
“Toda sociedad necesita tener control y regulación de aquellos poderes que pueden ser tan dañinos”, puntualizó la funcionaria.
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?29738
ES NECESARIO QUE EL ESTADO REGULE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso regular la libertad de expresión en Venezuela por considerar que en nombre de este derecho se está atentando contra la seguridad de la Nación, de los ciudadanos, la moral pública e instituciones del Estado.
La consideración la realizó este jueves ante la Asamblea Nacional, donde acudió a fin de entregar propuestas para la Ley de Delitos Mediáticos que actualmente redactan los diputados que integran la Comisión de Medios del Parlamento.
Aclaró que con dicha propuesta no está sugiriendo limitar la libertad de expresión sino regularla, "porque tú puedes expresar libremente todo lo que consideres, pero esa libertad no puede vulnerar el derecho de los demás, no puede atentar contra el Estado, no puede atentar contra las personas, no puede atentar contra la salud de las personas, contra la moral pública", enfatizó Ortega Díaz.
Aseguró que en Venezuela estamos en un estado de derecho, donde se tienen que regular todas las conductas de las personas en sociedad. Advirtió que no hay un sólo país en el mundo en el que no esté regulada la conducta.
"No estamos vulnerando la libertad de expresión, por el contrario, estamos impulsando y promoviendo la libertad de expresión sana, cierta, que llegue a todos los ciudadanos y que no atente contra los ciudadanos", dijo la Fiscal General de la República.
En su intervención ante la plenaria de la Asamblea Nacional consideró necesario que se legisle sobre esta materia y que el Estado venezolano regule la libertad de expresión.
"Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Nosotros no estamos planteando que se vulnere la libertad de expresión.
Consideramos que en un estado democrático, social, de justicia y de derecho como el nuestro, se respeta la libertad de expresión y consideramos que se debe seguir impulsando y respetando esa libertad de expresión, pero en el marco de nuestro derecho, del derecho de todos los venezolanos. Pidió que se le ponga un limite a ese derecho", recalcó la jefa del Ministerio Público.
Nuevas formas de criminalidad
En relación con los medios manifestó que no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles ni para coadyuvar en la comisión de éstos. "No pueden generar intranquilidad ni alteración a la paz social o el orden público, no pueden generar un clima de inseguridad ni generar, a través de la noticia, la sensación de impunidad; por el contrario, los medios deben cumplir una función educativa, así lo establece la Constitución", explicó Ortega Díaz.
Explicó que la regulación de la actividad de los medios de comunicación está establecida hasta en predios internacionales, pues la Organización de las Naciones Unidas considera que los medios deben colaborar con el Estado en la prevención del delito y la educación.
"Ahora la realidad social y jurídica venezolana, el manejo por parte de los medios de comunicación de determinadas noticias y la utilización de los mismo para la defensa de los intereses de un grupo en detrimento de los derechos de un colectivo, advierte la amenaza de nuevas formas de criminalidad, capaces de alterar la salud mental, debilitar, atentar o enervar fundamentos de la seguridad", indicó la Fiscal General.
Ortega Díaz señaló que ante estas nuevas formas de criminalidad que puedan cometerse a través de los medios de comunicación, el Estado tiene la obligación de prevenir y actuar en dichos casos a través de la sanción de leyes penales que regulen las referidas conductas, para afrontar las nuevas formas de delito.
"Es necesario regular la actividad de los medios y brindarle una protección apropiada a los ciudadanos, y ojo con esto: los ciudadanos lucen indefensos ante el uso irracional del poder que ostentan los medios de comunicación social", detalló.
Para la Fiscal General el avance de la sociedad plantea que el derecho penal dé una respuesta a las nuevas formas y dimensiones de la delincuencia, mediante la redacción de leyes opcionales. "Por ejemplo, si nosotros observamos lo que sucedió en Venezuela, en el año 1994 cuando la crisis financiera, el Estado se vio en la necesidad de legislar en esa materia y surgió la Ley de Delitos Bancarios".
Ortega Díaz afirmó que actualmente existe la necesidad de abordar las nuevas formas de criminalidad que han surgido como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de expresión, derecho que es utilizado por los propietarios de los medios de comunicación social "para la perpetración de delitos que lesionan bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos, por lo que es necesario legislar sobre esta materia", acotó.
Señaló que la libertad de expresión no puede ni debe ser entendida como la posibilidad de que se transmitan, a través de un medio de comunicación, mensajes de odio, se induzca a la guerra o se cometa un delito, y que no exista una sanción ante tales situaciones.
Dijo que ante esta situación, el Estado no puede avalar ni hacerse cómplice de que los medios de comunicación no tengan un límite al difundir cierto tipo de informaciones, puesto que ello atenta contra la seguridad de la nación.
Resaltó que en la Constitución se encuentra establecido que todos los venezolanos son corresponsables en la seguridad de la nación. "En consecuencia, toda expresión que busque debilitar la Fuerza Armada y los órganos de seguridad ciudadana, como elementos de seguridad de la Nación, pueden igualmente producir responsabilidades legales".
Protección para los periodistas
Ante este panorama, la Fiscal General propuso ante al parlamento castigar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que constituyan delitos, con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos.
"En segundo término, que se incluya una norma que le brinde protección a los periodistas frente a los dueños de medios de comunicación, para evitar que los propietarios de los medios les obliguen o les impongan escribir o decir hechos que no les consta o que no están ocurriendo", propuesta que mereció varios aplausos entre los parlamentarios.
Asimismo, consideró que debe castigarse aquellas conductas que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la Nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental, la moral pública y que generen un clima de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social.
Entre las propuestas, solicitó que se castiguen a los propietarios de los medios de comunicación que divulguen falsas noticias para producir una grave alteración a la tranquilidad pública, que causen pánico en la población o produzcan un perjuicio a los intereses del Estado.
"Que se castiguen a las personas o a dueños de medios que manipulen, tergiversen la noticia con el propósito de trasmitir una falsa percepción de los hechos o crear una matriz de opinión en la sociedad para alterar la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, la salud mental o la moral pública".
Igualmente, sugirió que se castigue a los propietarios, gerentes o responsables de los medios de comunicación que empleen éste medio para amenazar, intimidar coaccionar o de cualquier otra manera infundir un temor en la población. "Que se castigue cuando un medio de comunicación realice publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio, la hostilidad respecto a las personas, colectividades o instituciones en razón de su raza, sexo religión, nacionalidad e ideología o militancia política".
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=29&t=104142
LEY DE DELITOS MEDIÁTICOS NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA
Asalia Venegas
La periodista e investigadora hizo un llamado a la población venezolana para que desmonte el discurso que están promoviendo los medios de comunicación privados y de esta forma desligar todas aquellas acusaciones en donde se resalta que esta normativa es un proyecto que impulsa la censura de la libertad de expresión
En la Ley de Delitos Mediáticos propuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, estarán inmersos artículos y lineamientos específicos que ya yacen dentro de documentos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ejercicio del Periodista, el Código de Ética, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones, pero que son violados y burlados por parte de los medios de comunicación.
La anterior afirmación corresponde a la periodista e investigadora, Asalia Venegas, quien señaló no entender la reacción de los medios de comunicación privados ante este nuevo reglamento, “no se porque tanto miedo y alharaca”, puesto que según su criterio, ya en un gran número de normativas comunicacionales se encuentran detallados los parámetros para llevar a cabo una libertad de información, pero como son obviados, debe salir a la voz pública una ley en donde estén tipificados.
En este sentido, hizo un llamado este lunes, en una entrevista al programa Al Momento, transmitido por Venezolana de Televisión, a la población de nuestro país para que desmonte el discurso que están impulsando los medios de comunicación privados y de esta forma desligar todas aquellas acusaciones en donde se resalta que esta normativa es un proyecto que impulsa la censura de la libertad de expresión.
Aseguró que tal y como lo establece nuestra Carta Magna, “las sanciones punitivas tienen que ir en Leyes Especiales, obedeciendo de esta forma al Código Procesal Penal, por lo que está sería la razón fundamental de este reglamento”.
Explicó que en la Ley de Delitos Mediáticos estarán condenadas violaciones como la utilización de seudónimos, el protagonismo de la figura anónima y el accionar en los medios campañas para infundir temor a otros.
Aclamó que con esta determinación se podrá hacer frente al periodismo que promueve guerra y odio entre los habitantes, ya que de acuerdo a su opinión, las campañas que han promovido los consorcios comunicacionales en nuestro país “se traducen como una postura antinacional, apátrida y que es penada por el articulo 40 del Código de Ética del Periodista y que dicta claramente la defensa de la Soberanía Nacional y vemos que en la actualidad nos es así por parte de los medios”.
Por último instó a la ciudadanía a seguir denunciado las irregularidades ante la extensa manipulación y tergiversación que una vez más enfundan los medios para desvirtuar la verdadera esencia de la Ley de Delitos Mediáticos.
LA HISTORIA DE LA ENTREGA DE CONCESIONES EN VENEZUELA, Y EL NACIMIENTO DEL LATIFUNDIO MEDIÁTICO
La historia comienza con Televisa (hoy Venevisión), que se convirtió en instrumento de penetración de las grandes transnacionales estadounidenses, que lo usaron para que la naciente clase media aumentara el consumismo.
Luego de la década de los años 70, se disparan las importaciones y el otorgamiento de concesiones radioeléctricas. Este proceso alcanza un clímax en los años ochenta, cuando el espectro es repartido casi en su totalidad a los socios y amigos del estamento adeco-copeyano.
Una investigación en 2005 revela que entre 1984 y 1999 se entregaron 70 concesiones de radio en AM y 236 en FM, además de 48 permisos para canales de TV. A finales de los 70, Luis Herrera Campins intentó enfrentar tímidamente el latifundio mediático prohibiendo las cuñas de cigarrillos y alcohol en la radio y TV, lo que le acarreó una brutal campaña de desprestigio e invisibilización.
En 1984, sólo habían 4 emisoras FM. Pero Jaime Lusinchi y su poderosa secretaria privada otorgan permisos a 52 emisoras FM, convirtiéndose en los amos de la nueva frecuencia radial.
También entregan la simbólica concesión del canal 10 (Televen) a una empresa del grupo Camero, un poderoso hacendado dle estado Guárico. En esta operación ayudó decisivamente Carlos Croes, ministro de Información de Lusinchi quien aún hoy es vocero oficial del canal. Siempre se dijo que la frecuencia pertenecía, mediante pactos secretos, a Blanca Ibáñez.
Carlos Andrés Pérez, otro rey mediático, otorgó permisos a 6 televisoras UHF y dos televisoras por suscripción. En 1991, otorgó el contrato de telefonía celular a Telcel, asociado con la empresa estadounidense Bellsouth y al Grupo Cisneros. La franja entregada, por razones de seguridad de Estado, era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Rafael Caldera, en su segundo período, no fue un rey sino un rehén complaciente de los medios. En 1998, Caldera entrega la Televisora Nacional (Canal 5), en forma inconsulta, a un grupo elitesco del arzobispado de Caracas, liderado por Ignacio Velasco. Los jerarcas católicos crean una asociación sin fines de lucro (Vale TV) y emprenden, supervisados por el Grupo Cisneros, a Marcel Granier y Peter Boutton, una aventura televisiva de dudosos resultados.
El gobierno de Caldera iba a entregar a las empresas privadas los medios estatales Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela (y de hecho, lo hizo con la mayor parte del Circuito Mundial, que Fogade había expropiado a Orlando Castro).
Caldera, o quienes firmaban por él, también autorizaron 36 estaciones de televisión UHF y 21 empresas de televisión por suscripción (cableras).
Posteriormente, se establecieron numerosos grupos de empresarios que se lanzaron a la aventura mediática, como el grupo Globovisión, de Guillermo Zuloaga, Luis Teófilo Núñez y Nelson Mezerhane, primero quebraron al diario El Globo, botaron a todos los periodistas y luego se mudaron a su bunker en La Florida. También el grupo CMT, del constructor Humberto Petrica, y el grupo Meridiano TV, de Armando De Armas, entre otros.
Los grupos privados controlan 94% de la cobertura nacional televisiva y tienen 85% de la potencia efectiva radiada, con más de 150 repetidoras.
Con la privatización del espectro radioléctrico en medio siglo, los concesionarios se han creído dueños, incluso por razones de sangre, de un bien colectivo que pertenece a todos los venezolanos. La cultura del latifundio mediático ha impuesto una forma de pensar que privilegia lo comercial sobre lo cultural, que desvaloriza lo nacional y se arrodilla ante lo foráneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario