por Nelson Gustavo Specchia
Toda la región andina no deja de levantar temperatura política en este invierno austral. Comenzó a subir la semana pasada, cuando salieron a la luz las aportaciones de las FARC, en un monto cercano al medio millón de dólares, a la última campaña presidencial ecuatoriana. Sin que esos aires se hayan calmado (Rafael Correa ya no niega los aportes, pero aduce que fueron realizados a sus espaldas), esta semana tomó estado público la tenencia de armas sofisticadas del ejército venezolano por parte de aquella misma guerrilla colombiana tan generosa en sus aportaciones a las campañas de los candidatos de los países vecinos.
Las FARC siempre se ha mostrado muy en consonancia con el discurso y los objetivos socialistas del presidente venezolano Hugo Chávez, y este entrecruzamiento de vínculos entre la guerrilla; Ecuador; las armas venezolanas; las negociaciones entre el presidente Álvaro Uribe para el uso de bases colombianas por parte del ejército norteamericano; los fracasos de la OEA como mediadora en los conflictos centroamericanos; Honduras con dos presidentes; y Evo Morales, en esta parte de los Andes, reconvirtiendo unos doscientos municipios en “autonomías indígenas”; levantan la temperatura a cotas de riesgo, al amenazar con el inicio de una situación crítica de múltiples aristas.
Las FARC, cada vez más debilitadas y sitiadas militarmente, han reforzado los vínculos con el liderazgo político más afín (especialmente Chávez y Correa), y han aumentado el financiamiento y la provisión de armamento con las redes de tráfico de cocaína. El haber encontrado lanzacohetes AT-4, suecos, en un campamento de las FARC, se combinó con cierta información de las computadoras incautadas en el ataque –en territorio ecuatoriano- al líder guerrillero “Raúl Reyes”: los suecos confirmaron que esas armas, por el número de serie, habían sido vendidas al ejército venezolano, y han demandado explicaciones a Chávez.
Al mismo tiempo, y como una respuesta al cierre de la base ecuatoriana de Manta, Álvaro Uribe ha iniciado negociaciones con la Administración Obama, para dar mayores facilidades de acceso a siete bases al ejército norteamericano (3 de la Fuerza Aérea, 2 de la Marina, y 2 del Ejército: Cartagena, Larandia, Tolemaida, Palanquero (Cundinamarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), y Malambo (Atlántico). No se prevé que el ejército norteamericano vaya a incrementar sus efectivos en Colombia, pero esta negociación sí repercutiría en más ayuda tecnológica y de inteligencia, dos elementos determinantes en la guerra contra las FARC y el narco. Los logros de los últimos tiempos reconocen su deuda con esta ayuda norteamericana, que asciende a unos 400 millones de dólares anuales desde 2001, fecha de la firma del “Plan Colombia”.
El próximo lunes, 10 de agosto, comenzará la reunión de la UNASUR – Unión de Naciones Sudamericanas, en Quito. Pero como Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador desde marzo del año pasado, el presidente Álvaro Uribe se ha lanzado esta semana a una gira por América latina, incluyendo Perú; Chile; Bolivia; Argentina (este miércoles se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una reunión hermética, sin ningún tipo de declaraciones por ninguna de las partes); luego seguirá por Paraguay; Uruguay; y Brasil, para dar explicaciones a los mandatarios de estos países sobre las negociaciones militares con Obama.
Pero tanto Chávez como Correa han visto una excelente oportunidad para girar la atención sobre las acusaciones de financiamiento de campaña y de desvío de armas, y pasan al ataque, afirmando que la decisión de Uribe supone el desembarco del ejército norteamericano, como brazo militar de ocupación, en territorio latinoamericano.
Venezuela ha vuelto a congelar las relaciones con Colombia, y Ecuador, que ya las tiene rotas, ha iniciado una guerra comercial contra su vecino, imponiendo aranceles a unos 1.300 productos de comercio internacional. Y las reclamaciones no terminan en el país fronterizo, Chávez arremetió directamente contra Barack Obama, con dos afirmaciones a cual más preocupante: por un lado, dijo que la instalación de esas bases norteamericanas puede suponer el inicio de una guerra en Sudamérica; y a renglón seguido comunicó que en septiembre de este año firmará con Putin un acuerdo de defensa y de adquisición de armamentos con Rusia.
Toda la legalidad internacional está del lado colombiano, de momento. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (a quien Chávez llama “insulso”) se ha ofrecido a mediar, pero la OEA está en horas bajas y nadie confía demasiado en ella. La Unión Europea ha dado su respaldo a Uribe, y los Estados Unidos también, claro. Y en América latina: Evo Morales y Nicaragua se alinean con el venezolano, sin fisuras; Perú acepta de buen grado la decisión de Uribe; el paraguayo Lugo ha decidido permanecer neutral; la señora Bachelet ha mostrado su prevención; y otro tanto ha manifestado Lula da Silva, a quien no le simpatiza para nada tener siete bases norteamericanas en sus fronteras, y, para más datos, cerca de las reservas petrolíferas brasileras. La presidenta Cristina, por su parte, mantiene su postura muy en reserva, si es que la tiene.
Y este nuevo escenario, en pleno invierno austral, proyecta un termómetro en rápido ascenso.
http://analisis-internacionales.blogspot.com/
Toda la región andina no deja de levantar temperatura política en este invierno austral. Comenzó a subir la semana pasada, cuando salieron a la luz las aportaciones de las FARC, en un monto cercano al medio millón de dólares, a la última campaña presidencial ecuatoriana. Sin que esos aires se hayan calmado (Rafael Correa ya no niega los aportes, pero aduce que fueron realizados a sus espaldas), esta semana tomó estado público la tenencia de armas sofisticadas del ejército venezolano por parte de aquella misma guerrilla colombiana tan generosa en sus aportaciones a las campañas de los candidatos de los países vecinos.
Las FARC siempre se ha mostrado muy en consonancia con el discurso y los objetivos socialistas del presidente venezolano Hugo Chávez, y este entrecruzamiento de vínculos entre la guerrilla; Ecuador; las armas venezolanas; las negociaciones entre el presidente Álvaro Uribe para el uso de bases colombianas por parte del ejército norteamericano; los fracasos de la OEA como mediadora en los conflictos centroamericanos; Honduras con dos presidentes; y Evo Morales, en esta parte de los Andes, reconvirtiendo unos doscientos municipios en “autonomías indígenas”; levantan la temperatura a cotas de riesgo, al amenazar con el inicio de una situación crítica de múltiples aristas.
Las FARC, cada vez más debilitadas y sitiadas militarmente, han reforzado los vínculos con el liderazgo político más afín (especialmente Chávez y Correa), y han aumentado el financiamiento y la provisión de armamento con las redes de tráfico de cocaína. El haber encontrado lanzacohetes AT-4, suecos, en un campamento de las FARC, se combinó con cierta información de las computadoras incautadas en el ataque –en territorio ecuatoriano- al líder guerrillero “Raúl Reyes”: los suecos confirmaron que esas armas, por el número de serie, habían sido vendidas al ejército venezolano, y han demandado explicaciones a Chávez.
Al mismo tiempo, y como una respuesta al cierre de la base ecuatoriana de Manta, Álvaro Uribe ha iniciado negociaciones con la Administración Obama, para dar mayores facilidades de acceso a siete bases al ejército norteamericano (3 de la Fuerza Aérea, 2 de la Marina, y 2 del Ejército: Cartagena, Larandia, Tolemaida, Palanquero (Cundinamarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), y Malambo (Atlántico). No se prevé que el ejército norteamericano vaya a incrementar sus efectivos en Colombia, pero esta negociación sí repercutiría en más ayuda tecnológica y de inteligencia, dos elementos determinantes en la guerra contra las FARC y el narco. Los logros de los últimos tiempos reconocen su deuda con esta ayuda norteamericana, que asciende a unos 400 millones de dólares anuales desde 2001, fecha de la firma del “Plan Colombia”.
El próximo lunes, 10 de agosto, comenzará la reunión de la UNASUR – Unión de Naciones Sudamericanas, en Quito. Pero como Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador desde marzo del año pasado, el presidente Álvaro Uribe se ha lanzado esta semana a una gira por América latina, incluyendo Perú; Chile; Bolivia; Argentina (este miércoles se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una reunión hermética, sin ningún tipo de declaraciones por ninguna de las partes); luego seguirá por Paraguay; Uruguay; y Brasil, para dar explicaciones a los mandatarios de estos países sobre las negociaciones militares con Obama.
Pero tanto Chávez como Correa han visto una excelente oportunidad para girar la atención sobre las acusaciones de financiamiento de campaña y de desvío de armas, y pasan al ataque, afirmando que la decisión de Uribe supone el desembarco del ejército norteamericano, como brazo militar de ocupación, en territorio latinoamericano.
Venezuela ha vuelto a congelar las relaciones con Colombia, y Ecuador, que ya las tiene rotas, ha iniciado una guerra comercial contra su vecino, imponiendo aranceles a unos 1.300 productos de comercio internacional. Y las reclamaciones no terminan en el país fronterizo, Chávez arremetió directamente contra Barack Obama, con dos afirmaciones a cual más preocupante: por un lado, dijo que la instalación de esas bases norteamericanas puede suponer el inicio de una guerra en Sudamérica; y a renglón seguido comunicó que en septiembre de este año firmará con Putin un acuerdo de defensa y de adquisición de armamentos con Rusia.
Toda la legalidad internacional está del lado colombiano, de momento. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (a quien Chávez llama “insulso”) se ha ofrecido a mediar, pero la OEA está en horas bajas y nadie confía demasiado en ella. La Unión Europea ha dado su respaldo a Uribe, y los Estados Unidos también, claro. Y en América latina: Evo Morales y Nicaragua se alinean con el venezolano, sin fisuras; Perú acepta de buen grado la decisión de Uribe; el paraguayo Lugo ha decidido permanecer neutral; la señora Bachelet ha mostrado su prevención; y otro tanto ha manifestado Lula da Silva, a quien no le simpatiza para nada tener siete bases norteamericanas en sus fronteras, y, para más datos, cerca de las reservas petrolíferas brasileras. La presidenta Cristina, por su parte, mantiene su postura muy en reserva, si es que la tiene.
Y este nuevo escenario, en pleno invierno austral, proyecta un termómetro en rápido ascenso.
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