Por El Catracho Lapoda[1]
Tegucigalpa, 03 Julio, 2009
“Declaro: que mi amor a Centro América muere conmigo. Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imite mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra” (Francisco Morazán)
Introducción
Este documento es contentivo de un breve recuento y análisis de los hechos que dan cuenta del contexto y trasfondo del golpe de estado pertrechado por civiles y militares en Honduras. Describe a los conspiradores y los procesos de resistencia social que se han articulado en todo el país. Con este documento, se espera dar cuenta, desde una mirada de un profesional de las ciencias sociales, nacido y residente en Honduras, muy comprometido con la profundización de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la justicia social, económica, política y ecológica. Espero que este documento sirva como un registro histórico de las atrocidades que han cometido los conspiradores golpistas.
A manera de antecedentes
Honduras, desde 1982, había retornado a la democracia, tras varias décadas de nefastos regímenes de facto liderado por militares. En estos 27 años, se había avanzado en la construcción de una cultura e instituciones democráticas, aún cuando con ciertas limitaciones, los derechos ciudadanos estaban garantizados. Las fuerzas armadas habían entrado a un proceso de profesionalización, supeditada al poder civil. Sin embargo, todo este proceso de construcción de nuestro proceso democrático, ha sido herido e irrumpido violentamente tras el golpe de estado del pasado domingo 28 de junio de 2009.
Este golpe contó con el auspicio, por primera vez en la historia de Honduras, del Partido Liberal, el mismo que llevó a la Presidencia de la República a José Manuel Zelaya, pues previo a la década de 1980, las dictaduras militares fueron acompañadas por el Partido Nacional de corte conservador. Esta participación obedeció en parte, al conflicto personal y disputas de poder al interior del Partido Liberal, especialmente, entre los Señores Roberto Micheletti, Presidente del Congreso Nacional y Presidente del Consejo Central Ejecutivo y el Sr. Elvin Santos, Ex Vicepresidente de la República[2] y candidato a la Presidencia por el Partido Liberal contra el Sr. José Manuel Zelaya, Presidente de la República de Honduras.
Génesis del conflicto: Hacia un breve recuento de los hechos
Es importante anotar que, el Sr. José Manuel Zelaya, en su gobierno reportó cambios importantes en su concepción ideológica y política, pasando de centro derecha a centro izquierda. Él llegó a la presidencia como un político más de corte conservador, ligado al sector de los empresarios de la madera[3] y otros rubros agropecuarios; esto permitió que muchos referentes de la oligarquía empresarial, apoyaran en su campaña electoral para llegar a la presidencia. En los primeros dos años del gobierno de Zelaya, salvo algunas excepciones, sus políticas se mantuvieron sin tocar frontalmente intereses de las oligarquías que conforman el poder fáctico en Honduras. Esto empieza a cambiar, cuando empiezan sus acercamientos con los Sres. Daniel Ortega y Hugo Chávez, pues se observa una mayor preocupación por la participación en la toma de decisiones de los sectores sociales y populares.
Como parte de estos cambios de política, fortaleció sus políticas, programas y proyectos, que tenían como objetivo favorecer a la población más postergada (p.e. la red solidaria, bono tecnológico a los pequeños agricultores, merienda escolar y transferencias directas a ciertos grupos vulnerables, entre otros). Y, en materia de relaciones exteriores, integró a Honduras como parte del ALBA, mecanismo de integración que le permitió acceder algunos fondos adicionales para llevar a cabo varios de sus programas sociales. Además, fortaleció su discurso político cuestionando el modelo neoliberal y las falacias del mercado, destacando que este modelo económico basado en la explotación de la naturaleza, es concentrador de la riqueza, profundizador de las inequidad y productor de pobreza. Frente a esta realidad, postulaba por una intervención más fuerte del estado en la gestión del desarrollo.
Paralelamente, empezó a cuestionar la democracia representativa que impera en Honduras, porque es excluyente y elitista. Postulaba por profundizar la democracia, pasando de una democracia electorera hacia una democracia incluyente y deliberativa. Esta apuesta, incluía brindar mayor poder a las y los ciudadan@s históricamente excluidos del proceso de toma de decisiones, incluyendo el derecho a ser consultados.
En este contexto, es que hace unos seis meses atrás, el Sr. Zelaya y su equipo de gobierno, empezaron ha promover un proceso de consulta al pueblo, la que en su última concepción se le conoció como Encuesta de Opinión Ciudadana. Esta propuesta fue amparada en el artículo 2 de la Constitución de la República vigente, donde explícita que “la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”. También, se sustentó en lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana[4], en el que se cita:
“La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general, a los vecinos de un Municipio, de un barrio o colonia, a gremios, sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante…”
Como parte de este proceso, el Presidente Zelaya, con el apoyo de su equipo de gobierno, colectó según lo manifestado por él, más de 400 mil iniciativas ciudadanas que respaldaban la realización de la Encuesta de Opinión Ciudadana. Además, explicaron que la Encuesta no era vinculante, y que iba servir, sólo para sustentar un proyecto de ley que se enviaría a la aprobación del Congreso Nacional para que se instalara en las elecciones del próximo 26 de noviembre, una cuarta urna. Ésta se sumaría a las tres urnas que regularmente se instalan para las elecciones de cada cuatro años, a saber: Presidente de la República, Diputados y Alcaldes. También, aclaró que él no tenía la pretensión de continuar en el poder y que entregaría el poder al Presidente que saliera electo en las elecciones mencionadas.
Pero este cambio político ideológico del gobierno del Presidente Zelaya, manifiesto por sus programas sociales, su adhesión al ALBA y la promoción de la Encuesta de Opinión, incomodó a los poderes fácticos, a los dirigentes conservadores de los partidos opositores y de la misma dirigencia de su propio partido liberal, especialmente, de los Señores Roberto Micheletti y Elvin Santos.
Previo al golpe de estado, los opositores al Presidente Zelaya, impulsaron una campaña mediática para generar miedo en la población y evitar que participaran en la mencionada Encuesta que había convocado para el domingo 28 de junio de 2009. Entre las cosas que mencionaron como parte de esta campaña, vale recordar las siguientes:
o Que el Presidente Zelaya, estaba promoviendo la Encuesta Ciudadana para legitimar su continuación en el poder, tal como había pasado en Venezuela;
o Que con el continuismo de Zelaya, se iba truncar las elecciones a Presidente, Diputados y Alcaldes, prevista para finales de noviembre de 2009, y con ello el proceso de vuelta a la democracia;
o Que la adhesión al ALBA, conllevaría irremediablemente, al socialismo y comunismo, y que el Presidente Zelaya era un títere del Presidente Chávez;
o Que de convocarse a una nueva constituyente, las personas perderían sus bienes porque pasarían a ser propiedad del estado y que, también se les quitarían a sus hijos;
o Hicieron llamadas telefónicas y enviaron mensajitos por la telefonía celular para disuadir a que no participaran en la Encuesta;
Paralelamente, empezaron a interpelar legalmente al Presidente Zelaya. A través de la Fiscalía de la Republica, lo acusaron ante el juzgado competente que, la Encuesta era ilegal, ya que una eventual Convocatoria a una Asamblea Constituyente, violaría la Constitución de la República vigente. De forma especial, hicieron referencia al artículo 374 de la Constitución vigente, el cual cita lo siguiente: “No podrán reformarse, en ningún caso, (…) los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.”
El fallo del juez fue favorable a la petición de la Fiscalía. Éste a su vez, contó con una el respaldo favorable del Congreso Nacional, presidido por Roberto Micheletti. Una posición similar, adoptaron los rectores de las instituciones que son nombrados por el Congreso Nacional, y que muy a menudo, llegan a dichos cargos, debiendo favores a quienes los nombraron. Entre estas vale mencionar a: Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría de la República, Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Frente a estas acusaciones, el Presidente Zelaya y su gabinete, siguieron argumentando que, la Encuesta era legal, pues estaba amparada en la Ley de Participación Ciudadana y la misma Constitución, así como en otras convenciones internacionales.
Eventos suscitados tres días antes al Golpe de Estado
Mientras el debate legal no parecía haberse acabado, los jerarcas militares estaban en una disyuntiva, entre: i) obedecer la orden que les había dado su Comandante General, Presidente Zelaya de apoyar con la transportación y custodia de las urnas que se utilizarían en la Encuesta; o ii) cumplir el fallo del juez que declaraba ilegal la Encuesta. El jueves 25 de junio de 2009, el General Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas, le comunicó al Presidente Zelaya que no podían cumplir su orden, porque era ilegal. Ante esta respuesta, Zelaya anunció en cadena nacional de radio y televisión la separación de su cargo del General Vásquez. Esta decisión fue sustentada en base al artículo 278 de la Constitución de la República, que cita: “Las órdenes que imparte el Presidente de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República y a los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo militar.”
El mismo jueves 25, el Congreso Nacional aprobó una moción que solicitaba la no presencia de la OEA como acompañante de la Encuesta. Esta decisión, fue rechazada por voceros del gobierno presidido por Zelaya, quienes manifestaron que la política exterior era potestad del Poder Ejecutivo y que la moción presentada por el Congreso violentaba la independencia de poderes.
Días antes y después de la separación de Vásquez, se había orquestada una fuerte campaña mediática, promovida por los empresarios, articulados al COHEP, algunos militares de alto rango en retiro y ciertos dirigentes políticos ligados al Congreso Nacional, para presionar a ejercito que defendiera la Constitución.
El viernes 26 de junio de 2009, se suscitaron tres hechos importantes:
o El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, cerraron filas, emitiendo decretos y fallos, respectivamente, en las que restituían en su puesto, al General Romeo Vásquez, bajo el argumento que la decisión del Presidente Zelaya era ilegal. Además, sustentaron que “…ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir ordenes ilegales o que impliquen comisión de delito.” Ante esto, el poder ejecutivo, reiteró que lo resuelto por el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, en relación al General Vásquez, constituía otra flagrante intervención y usurpación entre poderes constituidos, lo cual, según el artículo 2 de la Constitución de la República, “se tipifican como delitos de traición a la Patria (…) La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.” Ante estos hechos, la Fiscalía General, El Comisionado de Derechos Humanos, nunca se pronunciaron, pues sus actuaciones respondían a líneas de lo emanado por el Congreso Nacional, presidido por Micheletti.
o El Tribunal Supremo Electoral, amparado en el fallo del Juez, solicitó a la Fiscalía el decomiso de las urnas que servirían para realizar la Encuesta. Esta operación se realizó ese mismo día en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, en Tegucigalpa.
o Lo anterior, molestó al Presidente Zelaya, quién con el apoyo de dirigentes de organizaciones sociales y populares y del Partido de Unificación Democrática que promovían la Encuestas, tomaron la decisión de trasladarse hacia la Fuerza Aérea para recuperar el material de la Encuesta. Este cometido fue cumplido sin inconvenientes, pues el jefe de la Fuerza Aérea no se opuso y más bien, reconoció la autoridad del Presidente Zelaya como Comandante General de las Fuerzas Armadas. Así, las urnas fueron trasladas en camiones a la Casa Presidencial.
Por su parte, el sábado 27 de junio de 2009, se realizaron dos actividades principales, que vale mencionar:
o Las Urnas fueron transportadas y distribuidas en todo el país con el apoyo y custodia de los dirigentes sociales y populares, así como con los Comisionados Presidenciales que había nombrado el Presidente Zelaya en cada departamento del país;
o Reunión del Presidente Zelaya con los diplomáticos asentados en país y con el grupo de veedores o acompañantes internacionales de la Encuesta, incluyendo una representación de la OEA y delegados de Nicaragua, Venezuela, Chile, El Salvador, Estados Unidos y de otros países de Europa. Esta reunión terminó pasadas del 22:00 horas.
En medio del alegato político y legal, todo estaba listo para realizar la Encuesta el Domingo 28 de junio de 2009. En general, la ciudadanía estaba consciente que, existían temas legales y conflictos políticos pendientes de aclarar y conciliar, pero que aún no se habían terminado las instancias legales internas. Y, de alcanzar una respuesta positiva en la Encuesta, el Poder Ejecutivo enviaría en Proyecto de Ley para que se instalara la cuarta urna en las próximas elecciones de noviembre de 2009. Así que, la decisión final sobre la Cuarta Urna, quedaba en manos del Poder Legislativo. Por eso, la mayoría de la ciudadanía hondureña, no esperaba un desenlace violento y anticonstitucional.
El día del golpe de estado
A partir de las 06:00 horas del domingo 28 de junio, se empezó a escuchar el zumbido de los aviones de guerra y helicópteros que sobrevolaban por la Capital. Junto con ellos, movilización de tanques y militares superarmados. La mayoría de las instituciones públicas y varios de comunicación privados fueron militarizados, desde muy temprano. En suma, Tegucigalpa y otras ciudades y pueblos del país, amanecieron sitiados y cercados por los militares golpistas y sus secuaces civiles.
Como se conoció a nivel nacional e internacional, el domingo 28 de junio, en horas de la madrugada, un escuadrón del ejército, irrumpió violentamente la casa de residencia del Presidente José Manuel Zelaya. Luego, con la fuerza de las armas fue secuestrado y trasladado sin su voluntad a San José, Costa Rica, como sí fuese un vil delincuente. Ese mismo día, pese a que estaba bajo protección de los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela, la Sra. Patricia Rodas, Canciller de la República del Gobierno del Presidente Zelaya, fue detenida por militares fuertemente, armados y llevada a un regimiento militar. Junto con la detención de la Canciller Rodas, también fueron agredidos los embajadores que le acompañaban.
Es importante mencionar que, con el secuestro y posterior traslado del Presidente Zelaya a Costa Rica, se violó el artículo 102 de la Constitución de la República, el cual establece que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”. Así que, como se ha descrito hasta ahora y lo que se detalle adelante, los golpistas han violentado y siguen violando la Constitución de la República, misma que en su discurso pregonan defender.
Claramente, la detención del Presidente Zelaya fue completamente arbitraria e inconstitucional, ya que “las autoridades deben velar por que se respete escrupulosamente el derecho de toda persona a no ser privada arbitrariamente de su libertad, particularmente si dicha privación resulta del simple ejercicio del derecho a participar en manifestaciones políticas de manera pacífica”, señaló la Presidente-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos, Sra. Manuela Carmena Castrillo.
El Congreso Nacional completó la conspiración golpista
El día del golpe cívico militar, el Congreso Nacional sostuvo sendas y varias reuniones para legalizar la supuesta sucesión del Presidente Zelaya. En su primera reunión, el Sr. Alejandro Saavedra, Secretario del Congreso Nacional, dieron lectura a una Carta con fecha 25 de junio en la que supuestamente el Presidente Zelaya y su gabinete habían interpuesto su renuncia. Sin embargo, cinco minutos después de la lectura de esta carta, el Presidente Zelaya en declaraciones a una cadena de noticias internacional, rechazó totalmente que él y su gabinete había renunciado.
Ante la evidencia de que los conspiradores habían falsificado e inventado la Carta de Renuncia, entonces tuvieron que inventar otros argumentos para justificar el golpe en un lenguaje aparentemente apegado a derecho. En tono con esto, aprobaron un decreto en el que sustentaban la separación del Presidente Zelaya, en esta ocasión, bajo el argumento de que había cometido varios delitos. Con este acto, nuevamente, los congresistas cometieron otra aberración, puesto que enjuiciaron al Presidente Zelaya sin que él tuviera el derecho a la defensa como sucedería en cualquier sistema democrático. Pero, es claro que la conspiración del golpe de estado debía maquillarse en un formato legal para justificar ese nefasto y violento hecho de rompimiento del orden constitucional.
Indudablemente, las decisiones y medidas tomadas por los Diputados, presididos por Roberto Micheletti, formaban parte de los acuerdos alcanzados previamente por los conspirados golpistas.
Los conspiradores y el trasfondo que motivó el Golpe de Estado
El gran delito del Presidente Zelaya, fue que empezó a cuestionar a los poderes fácticos, ligados a los negocios, especialmente ligados a las comunicaciones, energía (termoeléctricas), banca y comercio a gran escala. Su malestar se agudizó, cuando el Presidente Zelaya aprobó por Decreto el nuevo salario mínimo para el 2009, por un monto de US $ 255.00. La oposición a la Encuesta, fue mantener y garantizar sus privilegios, los que ante una eventual reforma constitucional, podrían verse vulnerados. Así que, utilizaron todo su poder económico y político, para derrocar por la fuerza militar al Presidente Zelaya y tomar control de los tres poderes del estado. Con esto, no sólo garantizarían sus espacios de poder, sino también seguir con su acumulación de capital.
En esta conspiración golpista, aparecen como actores claves, los siguientes:
o El Consejo de la Empresa Privada (COHEP). Cabe destacar el tremendo rol que ha jugaron los medios de comunicación masiva (radio y televisión) de Rafael Ferrari, incluyendo periodistas como Renato Álvarez que fueron promotores y ejecutores de la campaña mediática del terror,
o Las fuerzas armadas[5],
o El Congreso Nacional,
o La Corte Suprema de Justicia,
o La Fiscalía de la República,
o El Comisionado Nacional de Derechos Humanos,
o Dirigentes de los partidos políticos tradicionales de corte conservador (Partido Nacional y Liberal) y la Democracia Cristiana y Partido de Innovación y Unidad,
o Dirigentes cristianos, mayormente con asiento en la Capital (evangélicos y católicos, cuyos referente visibles son los religiosos Evelio Reyes y el cardenal Oscar Andrés Rodríguez),
o Politólogos e intelectuales, que ayudaron a sustentar en términos discursivos y legales, los peligros de la Encuesta y las pretensiones de continuismo del Presidente Zelaya. Por cierto, varios de estos intelectuales, han sido llamados a formar parte del equipo de gobierno, liderado por el Presidente de Facto, Roberto Micheletti.
¿Qué ha pasado después del Golpe de Estado?
A seis días del Golpe, sigue un ambiente de polarización de la sociedad, represión y persecución a los ciudadanos y colectivos sociales que rechazan el nefasto y vergonzoso golpe de estado. La elite conspiradora que realizó el golpe cívico militar, han cerrado filas para negar en unísono que realizaron un golpe de estado y que sus actuaciones responden a una sucesión legal. Pero es claro, esta afirmación da risa, pues dicho discurso que tratan de posicionar en la opinión pública nacional e internacional, desde sus inicios, condice con las medidas represivas y dictatoriales que han tomado desde que se instalaron de facto en el poder.
Abajo incluyo algunos hechos que están pasando en el país, tras el golpe cívico militar.
Suspensión de los derechos individuales
Desde el pasado domingo 28, el golpista Micheletti, instauró, sólo mediante declaración pública en los medios de comunicación, el toque de queda por cuarenta y ocho horas, medida que implicaba restricción de circulación entre las 22:00 horas y las 06:00. Pero esta decisión, es violatoria a la Constitución de la República, ya que no siguió el procedimiento correspondiente. La restricción y suspensión de derechos, según el artículo 187 de la Constitución de la República, sólo podrá aplicarse “en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave a la paz, epidemia o cualquier otra calamidad, por el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, por medio de un Decreto”.
Con el propósito de corregir violación constitucional y legalizar sus actos dictatoriales, el miércoles 01 de julio de 2009, por la tarde, con sólo un 30% de los diputados que conforman el Congreso Nacional, aprobaron un decreto que suspende los derechos individuales. Con el Decreto aprobado por el Poder Legislativo se faculta a las fuerzas policiales y militares a realizar arrestos e incomunicar a los ciudadanos o ciudadanas por más de 24 horas, durante el toque de queda que se activa de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.
De igual forma el Congreso Nacional suprime durante el toque de queda, las libertades de asociación y de reunión (artículo 78) y el derecho que tienen las personas a reunirse en forma pacífica y sin armas, en manifestación pública o asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial (artículo 79). También, se suspendió el artículo 81 de la Constitución, el cual cita que, ”…toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala”.
La duración o vigencia de esta medida, no está tan definido, aunque declaraciones públicas de algunos voceros del gobierno golpista, manifiestan que durará el tiempo que sea necesario hasta tener control absoluto, y se logre reducir o eliminar a sus opositores. En suma, más allá del Decreto aprobado por el Congreso, los derechos que en términos fácticos que se han suspendido, son entre otros, los siguientes:
la libertad personal
libre circulación ciudadana, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional,
la libre emisión del pensamiento y expresión, sin previa censura
el respeto de la integridad física,
ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente,
nadie puede ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes,
la libertad de asociación y reunión,
nadie podrá arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente,
el domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de la autoridad competente. El allanamiento del domicilio no puede verificarse de las 18:00 a las 06:00 horas. violando flagrantemente derechos civiles y políticos.
Restricción a la libre circulación en el territorio nacional.
No permiten que las ciudadanas y ciudadanos que provienen de otras partes del país se transporten hacia la Capital. Algunos han sido detenidos y recluidos en planteles militares, tras bajarlos de los buses de transporte privado. Esta restricción la están aplicando las 24:00 horas del día. La aplicación de esta medida, se da preferentemente a los ciudadanos y colectivos sociales que, actualmente ofrecen resistencia y que no reconocen al gobierno de facto. En tanto, las personas naturales y jurídicas que siguen y apoyan al gobierno golpista, son protegidos y apoyados por los militares y la policía nacional. Con esta medida, el gobierno golpista busca evitar que la población que vive fuera de la Capital y que apoya la restitución del Presidente Zelaya, no pueda viajar a participar en las movilizaciones de resistencia social pacífica que se están llevando a cabo en Tegucigalpa.
Implantación de un cerco y silencio mediático
El gobierno de facto ha restringido la libertad de expresión y pensamiento; han creado de un cerco y silencia mediático. Los golpistas, sólo quieren que la población nacional e internacional escuche y conozca su verdad. Con este propósito, han tomado, entre otras las medidas siguientes se destacan:
Los teléfonos, el acceso a internet los tienen intervenidos. Varias páginas Web de radioemisoaras han sido intervenidas y desconfiguradas para suspender su transmisión, tal como ha pasado con Radio Globo[6].
Las radios y televisión nacional e internacional de carácter independiente están sufriendo la censura y cierra de sus medios. Varios medios han sido sacados del aire y los tienen militarizados, tal como, entre otros, Radio Progreso, Canal 36/Cholusat Sur y los transmisores de Radio Globo.
Los canales de televisión internacional que reportan noticias por servicio de cable, como TeleSur, TV Chile, Teletica, Guatevisión e incluso CCN[7], su transmisión es suspendida total o temporalmente. Es frecuente observar que, cuando en algunos de estos canales empiezan a presentar noticias sobre el golpe de estado, especialmente, cuando aparecen declaraciones del Presidente Zelaya o de quienes se mantienen en resistencia, cortan la señal del canal o radio. Cuando se les consulta a los prestadores del servicio de cable por qué está pasando esto, la respuesta es que son órdenes de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), entidad que está junto con Hondutel bajo el control de los militares.
Las principales radios y televisoras ligadas a los centros de poder económico que promovieron y apoyaron el Golpe, como Radio América, los medios de Rafael Ferrari (HRN y sus cuatro canales de televicentro), la prensa escrita de la familia Flores y Canahuati, no tienen ninguna restricción en sus programaciones. Estos medios favorecedores del Golpe, no pasan o en el mejor de los casos, minimizan y ridiculizan las expresiones colectivas de resistencia social pacífica en contra del gobierno de facto.
Las radios, prensa escrita y televisoras nacionales, tanto las que están al servicio del gobierno de facto como algunas independientes que se les ha permitido operar, tienen censuradas sus programaciones. No pueden mencionar que se ha dado un golpe de estado, sino que fue una sucesión legal. Tampoco, pueden presentar imágenes de los militares, policías, tanques y la represión que están haciendo en contra de los que se resisten en las calles. Además, no deben permitir llamadas para convocar marchas promovidas por los opositores al gobierno de facto.
Represión, criminalización y judicialización a los opositores
El Presidente de facto junto con los diputados del congreso nacional, me imagino, atendiendo órdenes de los militares, y para mantenerse en el poder, están tomando varias medidas que profundizan la represión, criminalización y la judicialización, a toda persona natural o jurídica que se oponga al gobierno de facto.
Varios periodistas y dirigentes sociales, han tenido que recurrir a la clandestinidad, huyendo de la represión de los golpistas. Periodistas como Esdras Amado López, Director y propietario de canal 36 y, Eduardo Maldonado, director del programa Hable como Hable, se encuentran huyendo en la clandestinidad, pues este gobierno de facto les ha girado orden de captura. Una situación similar está pasando con los periodistas que trabajaban en el Canal 8 propiedad del estado hondureño;
César David Ham, candidato a la presidencia y diputado en el actual Congreso Nacional por el partido Unificación Democrática[8], fue capturado el mismo día que secuestraron a Zelaya y lo tienen recluido en una base militar.
Todo el gabinete de altos funcionarios entre del gobierno y la familia del Presidente Zelaya, así como varios dirigentes sociales y populares que tienen orden de captura y otros que los mantienen detenidos en bases militares.
Los ciudadanos extranjeros estan siendo perseguidos, detenidos y deportados, especialmente, los nacionales de Nicaragua y Venezuela. La policia y los militares han hecho una llamado publico para que la ciudadania reporte a cualquier persona que tenga un acento diferente al hablar.
Los indígenas están siendo violentados en sus derechos humanos
En medio de esta situación tensa y conflictiva, también compromete derechos de los pueblos indígenas. Varios dirigentes indígenas están siendo reprimidos y perseguidos, especialmente, del pueblo Lenca (COPINH, principalmente) y Tolupán. También, hay una profunda preocupación entre algunos dirigentes indígenas, pues la resistencia de los poderes fácticos y militares a que la población sea consultada, haría muy difícil, la aplicación del derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, tal como está garantizado en múltiples estándares internacionales y que han sido Ratificados por el Estado de Honduras.
Condena Global a los golpistas
Tras el Golpe de Estado, entre el domingo 28 de junio y miércoles 01 de julio de 2009, varios organismos intergubernamentales han realizado reuniones de emergencia para abordar la situación del golpe de estado en Honduras. Ha sido notable, la rápida respuesta regional e internacional, tanto del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), El Grupo de Río y la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros. En una posición similar, se han pronunciado ciudadanos y colectivos sociales y políticos de todo el mundo. Todos, cada uno con sus matices, pero en general, han manifestado una posición firme y unánime, de:
o Rechazo y condena enérgica a la actuación de las fuerzas armadas y los grupos fácticos de poder contra el Gobierno Constitucional y Democrático del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.
o Rechazo y desconocimiento del gobierno fáctico presidido por Roberto Michelitti.
o Inmediata restitución al orden constitucional en Honduras, sin condiciones, lo cual pasa porque el Presidente José Manuel Zelaya, cumpla con su período de gobierno que termina el 26 de enero de 2010.
o Rechazo al artificio y perversión de las normas jurídicas, con las cuales se pretende justificar la ruptura del orden constitucional y democrático de la República Honduras.
o Por parte de la OEA, se dio una plazo máximo de 72 horas para que los golpistas restituyan el orden constitucional, lo cual pasa porque el Presidente electo por el pueblo, el Sr. Zelaya, retome la presidencia para que cumpla con su periodo de gobierno para lo cual fue electo.
o Los países que integran el SICA, resolvieron restringir el comercio de productos provenientes de Honduras. Este medida, originalmente fue por 48 horas, pero podría extenderse dependiendo como evolucionan el proceso de restitución del orden constitucional.
El frente de resistencia social pacífica se fortalece
La condena regional e internacional de los organismos intergubernamentales (SICA, ALBA, OEA, UNASUR, Grupo de Río, NNUU y la UE), así como la solidaridad internacional de ciudadanos y de colectivos sociales, ha ido fortaleciendo el frente social de resistencia pacífica del pueblo conciente hondureño. Este movimiento de resistencia social a favor de la restitución del orden constitucional, se ampara en el artículo 3 de la Constitución de la República, el cual establece que, “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones, empleos públicos por la fuerza…La infracción a esta norma constituye delito de traición a la Patria”
En este Frente de Resistencia participan, entre otros: las cuatro centrales de trabajadores, los colegios magisteriales, la coordinadora de resistencia popular, organizaciones campesinas y organizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como ciudadanos independientes indignados por la ruptura del orden constitucional. Como parte de sus expresiones de lucha, están realizando tomas de carreteras, calles en las principales ciudades y algunos edificios públicos en los cuatro puntos cardinales del país.
Cabe mencionar que, aunque es difícil hacer una tipología de los actores que integran este colectivo de resistencia social, en un intento de aproximación inicial, se puede afirmar que incluye a:
o correligionarios del Presidente Zelaya pertenecientes al Partido liberal, especialmente de la facción que tiene una tendencia más orientada a ideologías de corte social y popular;
o Las centrales de obreros y trabajadores, incluyendo a varios sindicatos de instituciones públicas;
o Dirigentes de organizaciones sociales y populares, incluyendo patronatos, campesinos, cooperativistas, entre otros;
o Organizaciones indígenas y negras, entre las que se destacan: COPINH, FITH, OFRANEH y organizaciones del Pueblo Tólupan.
o El partido de Unificación Democrática
o Algunas organizaciones de transportistas (taxistas de Tegucigalpa);
o Los colegios magisteriales, tanto de educación primaria como secundaria;
o Algunos medios de comunicación masiva, que en medio de su objetividad informática, están brindando una mayor cobertura del proceso de resistencia social, entre los que vale mencionar a: Radio Globo en el ámbito nacional y Telesur y CNN en español, que dan cobertura internacional;
o Ciudadanas y ciudadanos, indignados por el rompimiento del orden constitucional; y,
o Organizaciones sociales y populares fraternas de todo el continente y de otras partes del mundo, incluyendo organizaciones indígenas.
Implementación de campaña mediática para limpiar imagen
Los golpistas están queriendo limpiar su imagen y mostrar su respaldo popular. En los últimos dos días, han emprendido una masiva campaña comunicaciones y de relaciones públicas, incluyendo entre otras cosas:
Masivas movilizaciones, tanto en Tegucigalpa como en varias ciudades del país. Estas manifestaciones son calorizadas y financiadas por el gobierno de facto, los empresarios (COHEP), los militares y una facción de la iglesia evangélica[9] y católica. Hay testimonio de que los empleados de las empresas que participan en esta manifestaciones, son en cierta medida obligados por sus propietarios y amenazados con perder su empleo si no asisten a las mismas, incluso los encargados de personal de algunas empresas pasan lista de los empleados en los sitios que se realizan las manifestaciones. También se ha denunciado que, el COHEP ha solicitado a sus miembros aportes financieros para cubrir los gastos y la cobertura de sus marchas a favor del gobierno de facto. Estos actos públicos, son protegidos, respaldados y acompañados por los militares y policías. Los actores que apoyan al gobierno golpistas se han articulado en La Unión Cívica Democrática, que es la instancia que está facilitando las marchas por la Paz y apoyo a la Constitución de la República, cuyas caras más visibles, son personas ligadas al Partido Nacional, como la Sra. Armida López de Contreras[10].
Se han realizado varias conferencias de prensa para divulgar los actos de corrupción y 18 delitos que se aduce cometió el Presidente Zelaya; todo esto, para justificar que el secuestro y golpe de estado cívico militar, tiene una sustentación constitucional y que lo que se ha hecho, corresponde a una sucesión legal del poder.
Todos los días, están realizando cadenas nacionales para informar sus medidas y justificaciones que, según ellos, explican la decisión de secuestrar y dar el golpe de estado.
Están impulsando campaña de terror para sumar seguidores y disuadir el movimiento que se mantiene en resistencia, entre otras cosas, mencionan:
Habrá una invasión militar de Nicaragua y Venezuela
Están sutilmente promoviendo el reclutamiento de los jóvenes para que cumplan el servicio militar. Tras de esta medida, buscan reducir la participar la participación de jóvenes en los colectivos de resistencia.
Están capturando ha extranjeros, especialmente de Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba, entre otros.
Contemplan congelar cuentas bancarias de los que apoyan el retorno del orden constitucional.
Esta campaña mediática, ha sido muy hábilmente diseñada e implementada. Los discursos y lemas que difunden, son que, el gobierno de facto, es por la defensa de la democracia y la constitución. Pero ese discurso, condice con la violación y restricción de los derechos humanos que han implantado en los pocos días que llevan en el gobierno cívico militar.
Los golpistas se aferran al poder
Los golpistas, están como dice la canción de Shakira: ciegos y sordos, ante el repudio nacional e internacional de que son objeto. Con su campaña y control mediático, quieren convencer que lo hecho está apegado a derecho, aún cuando, se sabe que se trata de un golpe de estado.
1. Los golpistas están dispuestos a todo por retener el poder alcanzado por la fuerza de las armas, no sólo a reprimir sino que incluso hasta matar.
2. Minimizan y desconocen a la resistencia social pacífica, manifiestan que se trata de pequeños grupúsculos de izquierda, ligados a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
3. Minimizan el rechazo internacional manifiesto por el SICA, ALBA, UNASUR, Grupo de Río, OEA, la UE y la Asamblea de NNUU. Argumentan que Honduras, es un país independiente y ningún país u organismo debe intervenir en asuntos internos. Dicho argumento, lo sustentan en la libre determinación que tienen los pueblos que está garantizado en la Carta Interamericana y en la universal de NNUU.
4. Han afirmado que financiarán la gestión del gobierno con los fondos disponibles en el fisco nacional. A esto se sumarían, el financiamiento que brindará los empresarios banqueros del país, compromiso que forma parte de la conspiración golpista.
5. El gobierno y empresarios golpistas, están haciendo alianzas con grupos económicos regionales. Se ha mencionado que están estableciendo acuerdos con empresarios de capital salvadoreño y guatemalteco, algunos de los cuales tienen inversiones en Honduras. Estos acuerdos incluyen el apoyo para financiar algunas actividades del gobierno de facto y presionar a los gobiernos de la región (El Salvador, Guatemala y Nicaragua) para que eliminen la restricción de libre circulación de productos hondureños, adoptada en la reciente Reunión Presidencial del SICA, realizada en Managua.
6. Complementariamente, el COHEP y los grandes agricultores de Honduras, buscaran establecer alianzas con sus homólogos de los países de la región y las Cámaras y Federaciones de empresarios y comerciantes de Centroamérica, para que conjuntamente, se logre incidir ante los gobiernos la eliminación de cualquier sanción económica y limitación al comercio regional sea eliminado
Ambiente tras el anuncio del retorno del Presidente Zelaya
Tras este anuncio, se ha profundizado la tensión, conflictividad y polarización social en el país.
Los golpistas han anunciado que el Presidente Zelaya, al llegar al país, será capturado, cumpliendo con las órdenes de captura que se le han emitido, las que se duda de sí las mismas se habían girado antes o después del secuestro y posterior deportación del Presidente Zelaya.
Los colectivos sociales que reclaman la vuelta al orden constitucional, esperan que el Presidente Zelaya sea restituido a su puesto;
Se proyectan masivas manifestaciones para el próximo sábado, día en que se prevé el retorno de Zelaya, tanto los que favorecen al gobierno de facto como los que reclaman la restitución del orden constitucional;
El ejército ha anunciado que reprimirá cualquier manifestación que obstaculice su misión. Desde ahora, tienen militarizados los aeropuertos.
Escenarios posibles. Mirando hacia el futuro
Con el potencial retorno del Presidente Zelaya, prevista para el próximo sábado o en la fecha que decida venir, se anticipa un ambiente incierto, tenso y conflictuado. El Secretario General de la OEA, empezará conversaciones con los dirigentes del gobierno de facto para explorar sí es posible alcanzar algunos acuerdos para el retorno pacífico del Presidente Zelaya y la vuelta al orden constitucional. Paralelamente, es muy probable que otros países miembros de la OEA y de NNUU, tomen algunas medidas para presionar a los golpistas. Dentro de estas últimas, se esperaría una posición más dura del gobierno de los Estados Unidos, pues Honduras depende fuertemente de sus relaciones políticas, económicas y comerciales con este país del Norte. Como resultado de estas negociaciones internacionales, se pueden vislumbrar algunos escenarios[11]:
Escenario 01: Los golpistas no entregan el poder
Este escenario se sustenta en las manifestaciones observadas, hasta ahora, por los voceros del gobierno golpista. Todas sus medidas, sugieren que, parece poco probable que Micheletti deje el poder. En este escenario, se profundizará conflictividad y polarización social; y la represión, criminalización y judicialización de los opositores al gobierno de Facto. En suma, se generará ambiente de ingobernabilidad en todo o en gran parte del país.
Este escenario, estaría marcado por el aislamiento internacional, político, financiero y comercial. Este aislamiento junto a la conflictividad y polarización social, tendrá consecuencias nefastas en la economía, seguridad alimentaria y paz social, entre otros. Es claro que estos impactos, no sólo afectarán al pueblo hondureño, sino que también, a sus vecinos países, debido a la interdependencia económica y comercial.
Ante la intolerancia y la profundización de la represión y criminalización del movimiento social y popular por parte del gobierno golpista dictatorial, podría sentarse de bases y condiciones para la emergencia y funcionamiento de un movimiento social armado y su consecuente derrame de sangre. Y, porque una parte importante del pueblo está indignado por el retroceso que ha sufrido la democracia hondureña.
En este escenario, las próximas elecciones podrían verse perjudicadas por la deslegitimación de las mismas, pues se estarían dando en el marco de un gobierno dictatorial. Además, no parece tan probable que, la OEA les apoye como observadores del proceso electoral, por su eventual suspensión de dicho organismo.
Escenario 02: Los golpistas entregan el poder al Presidente Zelaya
Este escenario asume que las mediaciones de la OEA y las presiones nacionales e internacionales, hagan que impere la razón y la búsqueda de entendimientos, que viabilicen el retorno pacífico al orden constitucional y del Presidente Zelaya. Este escenario, no estará exento de atender la conflictividad y polarización social, lo cual hace imperativa, la gestación de un espacio creíble e imparcial que viabilice el diálogo, la búsqueda de entendimientos y la reconciliación nacional.
En este escenario, se mantendrían los programas sociales y el financiamiento externo. Asimismo, es muy probable que se fortalezca el liderazgo del Presidente con las organizaciones sociales y populares, aunque sus relaciones tensas con los poderes fácticos continuarían. Además, se restituirán los derechos humanos, que de forma dictatorial ha restringido el gobierno de facto.
En este caso, su prioridad estratégica sería garantizar las elecciones libres para Alcaldes, Diputados y Presidente, previstas para el 26 de noviembre de 2009, con la observancia de la OEA.
El diálogo y la reconciliación nacional: Una prioridad de país
El domingo 28 de junio de 2009, cuando iba a ser electo por el Congreso Nacional el Sr. Micheletti, diputados del Partido Nacional, condicionaron su apoyo, al compromiso de impulsar un proceso de diálogo y reconciliación nacional. Este compromiso, ha sido asumido como eslogan del gobierno de facto. Pero esta tarea, no parece tan difícil, sobre todo, porque su discurso es contrario con los hechos, especialmente, con las medidas dictatoriales que ha tomado, a saber: represión y la restricción de los derechos humanos, garantizados en la Constitución de la Republica y otros instrumentos jurídicos internacionales.
El presidente de facto, nombró a Gérman Leizelar para que coordine este diálogo nacional, quien es un abogado del partido nacional, promotor y defensor del golpe de estado. En la primera reunión convocada por él, sólo llegaron los empresarios y otros referentes de sociedad civil afines al gobierno golpista.
Con el liderazgo de Leizelar, parece poco probable que se logre la construcción de un espacio creíble y confiable para el diálogo nacional y que alcance entendimientos y concertación entre las partes conflictuada y la sociedad en general. Leizelar, es alguien que está parcializado con una de las partes, lo cual limita la creación de confianzas. Aquí se necesitaría una facilitación más imparcial, que no tenga intereses creados manifiestos, en los temas que han generado el conflicto.
El Sr. Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, integrante del grupo de conspirador que realizó el golpe de estado, ante la constatación del nivel de tensión, polarización y conflictividad social, está promoviendo que se realice un plebiscito para conocer sí el pueblo quiere que regrese al poder el depuesto Presidente Zelaya. Pero su propuesta, es incoherente, pues ha alegado que el Presidente Zelaya va a ser detenido y ahora, propone un plebiscito para legitimar su restitución. Esta propuesta no ha tenido eco, al menos en el sector que está ofreciendo resistencia pacífica, ya que el Sr. Custodio, ha perdido toda credibilidad con el movimiento social y popular. Él, mientras en la década del 1980, fue un destacado defensor de los derechos humanos, ahora, es un favorecedor y ciego defensor del gobierno golpista, es decir, de los poderes fácticos y los militares.
Indudablemente, Honduras es un país pobre que no tiene la capacidad de soportar un aislamiento internacional, ni mucho menos, un ambiente de ingobernabilidad social y política. Por esta razón, se hace necesaria la gestación de un proceso de diálogo, entendimiento y concertación, así como la creación de confianzas y otras condiciones necesarias para avanzar hacia la reconciliación nacional.
Esto supone, avanzar en la reconstrucción y fortalecimiento de la cultura, institucionalidad y práctica democrática. Asimismo, deberá afianzarse el mandato constitucional de sometiendo de los militares al poder civil, pues con este golpe de estado, los militares han vuelto a tener protagonismo en la vida política del país. Deberán contemplarse reformas constitucionales para que los conflictos de índole político sean resuelto por mecanismos de diálogo y entendimientos, o siguiendo procedimientos de la normativa jurídica nacional e internacional, ya que es inaceptable, que en el siglo XXI, sean los militares quienes tengan la autoridad para intervenir en asuntos políticos.
Como parte de esas reformas constitucionales deberá garantizarse al pueblo su condición de soberano y el derecho de participar plena y efectivamente, en todas las decisiones, leyes, políticas y programas que afecten sus vidas. Esto pasa necesariamente, haciendo efectivo el derecho a la consulta y al consentimiento, libre, previo e informado. Esta medida, no debería ser interpretada como un delito sino como un derecho ciudadano y que contribuye al fortalecimiento de la democracia; ya que con ello, se logrará perfeccionar la misma, pasando de una democracia electorera a una participativa, deliberativa e intercultural.
Como se advierte, la tarea que se tiene por delante es ardua y compleja, pues debemos, no sólo superar los conflictos y la polarización social, sino que sanar las profundas heridas que ha dejado en el sistema democrático, este nefasto golpe de estado cívico militar. De forma prioritaria se sebe apostar por una democracia que incluya a todos y todas los ciudadanos, que deje de ser elitista y representativa, y por sobre todo, que la misma rompa las ataduras de la inequidad y la exclusión social, económica y política que sufre la mayoría de la población de Honduras.
NOTAS:
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[1] Omito mi nombre verdadero, porque el gobierno de facto que se instaló tras el golpe civil – militar, ha eliminado y/o restringido los derechos individuales de los ciudadan@s hondureñ@s. Como parte de sus medidas dictatoriales, reprime, criminaliza, judicializa, y secuestra a quienes piensan de forma diferente a los intereses oligárquicos que él y los militares golpistas defienden.
[2] Elvin Santos, fue electo junto a José Manuel Zelaya como Vice Presidente de Honduras, quien por acuerdo político entre Santos y Micheletti, el Congreso Nacional le aceptó su renuncia, lo cual permitió su habilitación para ser candidato a la presidencia por el Partido Liberal.
[3] Previo a su asunción al poder, José Manuel Zelaya, era un político y empresario, ligado a las estructuras de poder económico, incluso en algún momento, ocupó el puesto de presidente de la Asociación de Madereros de Honduras.
[4] Esta fue la primera Ley que aprobó el Congreso Nacional y que refrendó el Presidente Manuel Zelaya, en su toma de posesión y que fue uno de sus compromisos de campaña.
[5] Entre los golpistas, están militares activos y en retiro (reservistas). Entre algunos militares en retiro que promovieron y que apoyan al gobierno golpista, están varios militares que en la década de 1980, como parte del gobierno cometieron sendos delitos de violación a los derechos humanos.
[6] Los propietarios de Radio Globo, han denunciado ante el Fiscal de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las múltiples violaciones que han recibido, tanto, por agresiones y atropellos físicos y sicológicos de su propietario, el Sr. Villatoro y algunos de sus periodistas de esta radioemisora, como de sus trasmisores, los cuales están militarizados. Por cierto, ayer 01 de julio de 2009, la Fiscal de Derechos Humanos se apersonó a los trasmisores de Radio Globo, y pudo constatar que los mismos están militarizado y que cortan la señal cuando perciben que la programación afecta al gobierno de facto. En esta visita, la Fiscal ordenó que desmilitarizarán los trasmisores, pero los militares decían que ellos sólo cumplen órdenes de sus superiores.
[7] En algunos medios locales, se menciona que, tuvo que haber intervención del gobierno de los Estados Unidos para que los golpistas, permitieron la transmisión en vivo de CNN en la televisión por cable.
[8] Este partido político de corte izquierdista.
[9] Se ha denunciado que el pastor evangélico Evelio Reyes de la Iglesia Vida Abundante con financiamiento de su congregación andaba entregando camisetas blancas y aproximadamente, US $ 27.00 a sus seguidores en la manifestación del pasado miércoles en Tegucigalpa.
[10] Al esposo de la Sra. Contreras, el gobierno de facto lo ha contratado para formar parte de su equipo de gobierno.
[11] Se conoce que los dos escenarios que se presentan, no necesariamente, pueden ser los únicos, ya que pueden presentar otros. Con la presentación de estos dos escenarios, sin pretender ser exhaustivos, sólo se desea puntear algunas ideas preliminares.
Tegucigalpa, 03 Julio, 2009
“Declaro: que mi amor a Centro América muere conmigo. Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imite mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra” (Francisco Morazán)
Introducción
Este documento es contentivo de un breve recuento y análisis de los hechos que dan cuenta del contexto y trasfondo del golpe de estado pertrechado por civiles y militares en Honduras. Describe a los conspiradores y los procesos de resistencia social que se han articulado en todo el país. Con este documento, se espera dar cuenta, desde una mirada de un profesional de las ciencias sociales, nacido y residente en Honduras, muy comprometido con la profundización de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la justicia social, económica, política y ecológica. Espero que este documento sirva como un registro histórico de las atrocidades que han cometido los conspiradores golpistas.
A manera de antecedentes
Honduras, desde 1982, había retornado a la democracia, tras varias décadas de nefastos regímenes de facto liderado por militares. En estos 27 años, se había avanzado en la construcción de una cultura e instituciones democráticas, aún cuando con ciertas limitaciones, los derechos ciudadanos estaban garantizados. Las fuerzas armadas habían entrado a un proceso de profesionalización, supeditada al poder civil. Sin embargo, todo este proceso de construcción de nuestro proceso democrático, ha sido herido e irrumpido violentamente tras el golpe de estado del pasado domingo 28 de junio de 2009.
Este golpe contó con el auspicio, por primera vez en la historia de Honduras, del Partido Liberal, el mismo que llevó a la Presidencia de la República a José Manuel Zelaya, pues previo a la década de 1980, las dictaduras militares fueron acompañadas por el Partido Nacional de corte conservador. Esta participación obedeció en parte, al conflicto personal y disputas de poder al interior del Partido Liberal, especialmente, entre los Señores Roberto Micheletti, Presidente del Congreso Nacional y Presidente del Consejo Central Ejecutivo y el Sr. Elvin Santos, Ex Vicepresidente de la República[2] y candidato a la Presidencia por el Partido Liberal contra el Sr. José Manuel Zelaya, Presidente de la República de Honduras.
Génesis del conflicto: Hacia un breve recuento de los hechos
Es importante anotar que, el Sr. José Manuel Zelaya, en su gobierno reportó cambios importantes en su concepción ideológica y política, pasando de centro derecha a centro izquierda. Él llegó a la presidencia como un político más de corte conservador, ligado al sector de los empresarios de la madera[3] y otros rubros agropecuarios; esto permitió que muchos referentes de la oligarquía empresarial, apoyaran en su campaña electoral para llegar a la presidencia. En los primeros dos años del gobierno de Zelaya, salvo algunas excepciones, sus políticas se mantuvieron sin tocar frontalmente intereses de las oligarquías que conforman el poder fáctico en Honduras. Esto empieza a cambiar, cuando empiezan sus acercamientos con los Sres. Daniel Ortega y Hugo Chávez, pues se observa una mayor preocupación por la participación en la toma de decisiones de los sectores sociales y populares.
Como parte de estos cambios de política, fortaleció sus políticas, programas y proyectos, que tenían como objetivo favorecer a la población más postergada (p.e. la red solidaria, bono tecnológico a los pequeños agricultores, merienda escolar y transferencias directas a ciertos grupos vulnerables, entre otros). Y, en materia de relaciones exteriores, integró a Honduras como parte del ALBA, mecanismo de integración que le permitió acceder algunos fondos adicionales para llevar a cabo varios de sus programas sociales. Además, fortaleció su discurso político cuestionando el modelo neoliberal y las falacias del mercado, destacando que este modelo económico basado en la explotación de la naturaleza, es concentrador de la riqueza, profundizador de las inequidad y productor de pobreza. Frente a esta realidad, postulaba por una intervención más fuerte del estado en la gestión del desarrollo.
Paralelamente, empezó a cuestionar la democracia representativa que impera en Honduras, porque es excluyente y elitista. Postulaba por profundizar la democracia, pasando de una democracia electorera hacia una democracia incluyente y deliberativa. Esta apuesta, incluía brindar mayor poder a las y los ciudadan@s históricamente excluidos del proceso de toma de decisiones, incluyendo el derecho a ser consultados.
En este contexto, es que hace unos seis meses atrás, el Sr. Zelaya y su equipo de gobierno, empezaron ha promover un proceso de consulta al pueblo, la que en su última concepción se le conoció como Encuesta de Opinión Ciudadana. Esta propuesta fue amparada en el artículo 2 de la Constitución de la República vigente, donde explícita que “la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”. También, se sustentó en lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana[4], en el que se cita:
“La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general, a los vecinos de un Municipio, de un barrio o colonia, a gremios, sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante…”
Como parte de este proceso, el Presidente Zelaya, con el apoyo de su equipo de gobierno, colectó según lo manifestado por él, más de 400 mil iniciativas ciudadanas que respaldaban la realización de la Encuesta de Opinión Ciudadana. Además, explicaron que la Encuesta no era vinculante, y que iba servir, sólo para sustentar un proyecto de ley que se enviaría a la aprobación del Congreso Nacional para que se instalara en las elecciones del próximo 26 de noviembre, una cuarta urna. Ésta se sumaría a las tres urnas que regularmente se instalan para las elecciones de cada cuatro años, a saber: Presidente de la República, Diputados y Alcaldes. También, aclaró que él no tenía la pretensión de continuar en el poder y que entregaría el poder al Presidente que saliera electo en las elecciones mencionadas.
Pero este cambio político ideológico del gobierno del Presidente Zelaya, manifiesto por sus programas sociales, su adhesión al ALBA y la promoción de la Encuesta de Opinión, incomodó a los poderes fácticos, a los dirigentes conservadores de los partidos opositores y de la misma dirigencia de su propio partido liberal, especialmente, de los Señores Roberto Micheletti y Elvin Santos.
Previo al golpe de estado, los opositores al Presidente Zelaya, impulsaron una campaña mediática para generar miedo en la población y evitar que participaran en la mencionada Encuesta que había convocado para el domingo 28 de junio de 2009. Entre las cosas que mencionaron como parte de esta campaña, vale recordar las siguientes:
o Que el Presidente Zelaya, estaba promoviendo la Encuesta Ciudadana para legitimar su continuación en el poder, tal como había pasado en Venezuela;
o Que con el continuismo de Zelaya, se iba truncar las elecciones a Presidente, Diputados y Alcaldes, prevista para finales de noviembre de 2009, y con ello el proceso de vuelta a la democracia;
o Que la adhesión al ALBA, conllevaría irremediablemente, al socialismo y comunismo, y que el Presidente Zelaya era un títere del Presidente Chávez;
o Que de convocarse a una nueva constituyente, las personas perderían sus bienes porque pasarían a ser propiedad del estado y que, también se les quitarían a sus hijos;
o Hicieron llamadas telefónicas y enviaron mensajitos por la telefonía celular para disuadir a que no participaran en la Encuesta;
Paralelamente, empezaron a interpelar legalmente al Presidente Zelaya. A través de la Fiscalía de la Republica, lo acusaron ante el juzgado competente que, la Encuesta era ilegal, ya que una eventual Convocatoria a una Asamblea Constituyente, violaría la Constitución de la República vigente. De forma especial, hicieron referencia al artículo 374 de la Constitución vigente, el cual cita lo siguiente: “No podrán reformarse, en ningún caso, (…) los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.”
El fallo del juez fue favorable a la petición de la Fiscalía. Éste a su vez, contó con una el respaldo favorable del Congreso Nacional, presidido por Roberto Micheletti. Una posición similar, adoptaron los rectores de las instituciones que son nombrados por el Congreso Nacional, y que muy a menudo, llegan a dichos cargos, debiendo favores a quienes los nombraron. Entre estas vale mencionar a: Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría de la República, Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Frente a estas acusaciones, el Presidente Zelaya y su gabinete, siguieron argumentando que, la Encuesta era legal, pues estaba amparada en la Ley de Participación Ciudadana y la misma Constitución, así como en otras convenciones internacionales.
Eventos suscitados tres días antes al Golpe de Estado
Mientras el debate legal no parecía haberse acabado, los jerarcas militares estaban en una disyuntiva, entre: i) obedecer la orden que les había dado su Comandante General, Presidente Zelaya de apoyar con la transportación y custodia de las urnas que se utilizarían en la Encuesta; o ii) cumplir el fallo del juez que declaraba ilegal la Encuesta. El jueves 25 de junio de 2009, el General Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas, le comunicó al Presidente Zelaya que no podían cumplir su orden, porque era ilegal. Ante esta respuesta, Zelaya anunció en cadena nacional de radio y televisión la separación de su cargo del General Vásquez. Esta decisión fue sustentada en base al artículo 278 de la Constitución de la República, que cita: “Las órdenes que imparte el Presidente de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República y a los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo militar.”
El mismo jueves 25, el Congreso Nacional aprobó una moción que solicitaba la no presencia de la OEA como acompañante de la Encuesta. Esta decisión, fue rechazada por voceros del gobierno presidido por Zelaya, quienes manifestaron que la política exterior era potestad del Poder Ejecutivo y que la moción presentada por el Congreso violentaba la independencia de poderes.
Días antes y después de la separación de Vásquez, se había orquestada una fuerte campaña mediática, promovida por los empresarios, articulados al COHEP, algunos militares de alto rango en retiro y ciertos dirigentes políticos ligados al Congreso Nacional, para presionar a ejercito que defendiera la Constitución.
El viernes 26 de junio de 2009, se suscitaron tres hechos importantes:
o El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, cerraron filas, emitiendo decretos y fallos, respectivamente, en las que restituían en su puesto, al General Romeo Vásquez, bajo el argumento que la decisión del Presidente Zelaya era ilegal. Además, sustentaron que “…ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir ordenes ilegales o que impliquen comisión de delito.” Ante esto, el poder ejecutivo, reiteró que lo resuelto por el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, en relación al General Vásquez, constituía otra flagrante intervención y usurpación entre poderes constituidos, lo cual, según el artículo 2 de la Constitución de la República, “se tipifican como delitos de traición a la Patria (…) La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.” Ante estos hechos, la Fiscalía General, El Comisionado de Derechos Humanos, nunca se pronunciaron, pues sus actuaciones respondían a líneas de lo emanado por el Congreso Nacional, presidido por Micheletti.
o El Tribunal Supremo Electoral, amparado en el fallo del Juez, solicitó a la Fiscalía el decomiso de las urnas que servirían para realizar la Encuesta. Esta operación se realizó ese mismo día en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, en Tegucigalpa.
o Lo anterior, molestó al Presidente Zelaya, quién con el apoyo de dirigentes de organizaciones sociales y populares y del Partido de Unificación Democrática que promovían la Encuestas, tomaron la decisión de trasladarse hacia la Fuerza Aérea para recuperar el material de la Encuesta. Este cometido fue cumplido sin inconvenientes, pues el jefe de la Fuerza Aérea no se opuso y más bien, reconoció la autoridad del Presidente Zelaya como Comandante General de las Fuerzas Armadas. Así, las urnas fueron trasladas en camiones a la Casa Presidencial.
Por su parte, el sábado 27 de junio de 2009, se realizaron dos actividades principales, que vale mencionar:
o Las Urnas fueron transportadas y distribuidas en todo el país con el apoyo y custodia de los dirigentes sociales y populares, así como con los Comisionados Presidenciales que había nombrado el Presidente Zelaya en cada departamento del país;
o Reunión del Presidente Zelaya con los diplomáticos asentados en país y con el grupo de veedores o acompañantes internacionales de la Encuesta, incluyendo una representación de la OEA y delegados de Nicaragua, Venezuela, Chile, El Salvador, Estados Unidos y de otros países de Europa. Esta reunión terminó pasadas del 22:00 horas.
En medio del alegato político y legal, todo estaba listo para realizar la Encuesta el Domingo 28 de junio de 2009. En general, la ciudadanía estaba consciente que, existían temas legales y conflictos políticos pendientes de aclarar y conciliar, pero que aún no se habían terminado las instancias legales internas. Y, de alcanzar una respuesta positiva en la Encuesta, el Poder Ejecutivo enviaría en Proyecto de Ley para que se instalara la cuarta urna en las próximas elecciones de noviembre de 2009. Así que, la decisión final sobre la Cuarta Urna, quedaba en manos del Poder Legislativo. Por eso, la mayoría de la ciudadanía hondureña, no esperaba un desenlace violento y anticonstitucional.
El día del golpe de estado
A partir de las 06:00 horas del domingo 28 de junio, se empezó a escuchar el zumbido de los aviones de guerra y helicópteros que sobrevolaban por la Capital. Junto con ellos, movilización de tanques y militares superarmados. La mayoría de las instituciones públicas y varios de comunicación privados fueron militarizados, desde muy temprano. En suma, Tegucigalpa y otras ciudades y pueblos del país, amanecieron sitiados y cercados por los militares golpistas y sus secuaces civiles.
Como se conoció a nivel nacional e internacional, el domingo 28 de junio, en horas de la madrugada, un escuadrón del ejército, irrumpió violentamente la casa de residencia del Presidente José Manuel Zelaya. Luego, con la fuerza de las armas fue secuestrado y trasladado sin su voluntad a San José, Costa Rica, como sí fuese un vil delincuente. Ese mismo día, pese a que estaba bajo protección de los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela, la Sra. Patricia Rodas, Canciller de la República del Gobierno del Presidente Zelaya, fue detenida por militares fuertemente, armados y llevada a un regimiento militar. Junto con la detención de la Canciller Rodas, también fueron agredidos los embajadores que le acompañaban.
Es importante mencionar que, con el secuestro y posterior traslado del Presidente Zelaya a Costa Rica, se violó el artículo 102 de la Constitución de la República, el cual establece que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”. Así que, como se ha descrito hasta ahora y lo que se detalle adelante, los golpistas han violentado y siguen violando la Constitución de la República, misma que en su discurso pregonan defender.
Claramente, la detención del Presidente Zelaya fue completamente arbitraria e inconstitucional, ya que “las autoridades deben velar por que se respete escrupulosamente el derecho de toda persona a no ser privada arbitrariamente de su libertad, particularmente si dicha privación resulta del simple ejercicio del derecho a participar en manifestaciones políticas de manera pacífica”, señaló la Presidente-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos, Sra. Manuela Carmena Castrillo.
El Congreso Nacional completó la conspiración golpista
El día del golpe cívico militar, el Congreso Nacional sostuvo sendas y varias reuniones para legalizar la supuesta sucesión del Presidente Zelaya. En su primera reunión, el Sr. Alejandro Saavedra, Secretario del Congreso Nacional, dieron lectura a una Carta con fecha 25 de junio en la que supuestamente el Presidente Zelaya y su gabinete habían interpuesto su renuncia. Sin embargo, cinco minutos después de la lectura de esta carta, el Presidente Zelaya en declaraciones a una cadena de noticias internacional, rechazó totalmente que él y su gabinete había renunciado.
Ante la evidencia de que los conspiradores habían falsificado e inventado la Carta de Renuncia, entonces tuvieron que inventar otros argumentos para justificar el golpe en un lenguaje aparentemente apegado a derecho. En tono con esto, aprobaron un decreto en el que sustentaban la separación del Presidente Zelaya, en esta ocasión, bajo el argumento de que había cometido varios delitos. Con este acto, nuevamente, los congresistas cometieron otra aberración, puesto que enjuiciaron al Presidente Zelaya sin que él tuviera el derecho a la defensa como sucedería en cualquier sistema democrático. Pero, es claro que la conspiración del golpe de estado debía maquillarse en un formato legal para justificar ese nefasto y violento hecho de rompimiento del orden constitucional.
Indudablemente, las decisiones y medidas tomadas por los Diputados, presididos por Roberto Micheletti, formaban parte de los acuerdos alcanzados previamente por los conspirados golpistas.
Los conspiradores y el trasfondo que motivó el Golpe de Estado
El gran delito del Presidente Zelaya, fue que empezó a cuestionar a los poderes fácticos, ligados a los negocios, especialmente ligados a las comunicaciones, energía (termoeléctricas), banca y comercio a gran escala. Su malestar se agudizó, cuando el Presidente Zelaya aprobó por Decreto el nuevo salario mínimo para el 2009, por un monto de US $ 255.00. La oposición a la Encuesta, fue mantener y garantizar sus privilegios, los que ante una eventual reforma constitucional, podrían verse vulnerados. Así que, utilizaron todo su poder económico y político, para derrocar por la fuerza militar al Presidente Zelaya y tomar control de los tres poderes del estado. Con esto, no sólo garantizarían sus espacios de poder, sino también seguir con su acumulación de capital.
En esta conspiración golpista, aparecen como actores claves, los siguientes:
o El Consejo de la Empresa Privada (COHEP). Cabe destacar el tremendo rol que ha jugaron los medios de comunicación masiva (radio y televisión) de Rafael Ferrari, incluyendo periodistas como Renato Álvarez que fueron promotores y ejecutores de la campaña mediática del terror,
o Las fuerzas armadas[5],
o El Congreso Nacional,
o La Corte Suprema de Justicia,
o La Fiscalía de la República,
o El Comisionado Nacional de Derechos Humanos,
o Dirigentes de los partidos políticos tradicionales de corte conservador (Partido Nacional y Liberal) y la Democracia Cristiana y Partido de Innovación y Unidad,
o Dirigentes cristianos, mayormente con asiento en la Capital (evangélicos y católicos, cuyos referente visibles son los religiosos Evelio Reyes y el cardenal Oscar Andrés Rodríguez),
o Politólogos e intelectuales, que ayudaron a sustentar en términos discursivos y legales, los peligros de la Encuesta y las pretensiones de continuismo del Presidente Zelaya. Por cierto, varios de estos intelectuales, han sido llamados a formar parte del equipo de gobierno, liderado por el Presidente de Facto, Roberto Micheletti.
¿Qué ha pasado después del Golpe de Estado?
A seis días del Golpe, sigue un ambiente de polarización de la sociedad, represión y persecución a los ciudadanos y colectivos sociales que rechazan el nefasto y vergonzoso golpe de estado. La elite conspiradora que realizó el golpe cívico militar, han cerrado filas para negar en unísono que realizaron un golpe de estado y que sus actuaciones responden a una sucesión legal. Pero es claro, esta afirmación da risa, pues dicho discurso que tratan de posicionar en la opinión pública nacional e internacional, desde sus inicios, condice con las medidas represivas y dictatoriales que han tomado desde que se instalaron de facto en el poder.
Abajo incluyo algunos hechos que están pasando en el país, tras el golpe cívico militar.
Suspensión de los derechos individuales
Desde el pasado domingo 28, el golpista Micheletti, instauró, sólo mediante declaración pública en los medios de comunicación, el toque de queda por cuarenta y ocho horas, medida que implicaba restricción de circulación entre las 22:00 horas y las 06:00. Pero esta decisión, es violatoria a la Constitución de la República, ya que no siguió el procedimiento correspondiente. La restricción y suspensión de derechos, según el artículo 187 de la Constitución de la República, sólo podrá aplicarse “en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave a la paz, epidemia o cualquier otra calamidad, por el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, por medio de un Decreto”.
Con el propósito de corregir violación constitucional y legalizar sus actos dictatoriales, el miércoles 01 de julio de 2009, por la tarde, con sólo un 30% de los diputados que conforman el Congreso Nacional, aprobaron un decreto que suspende los derechos individuales. Con el Decreto aprobado por el Poder Legislativo se faculta a las fuerzas policiales y militares a realizar arrestos e incomunicar a los ciudadanos o ciudadanas por más de 24 horas, durante el toque de queda que se activa de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.
De igual forma el Congreso Nacional suprime durante el toque de queda, las libertades de asociación y de reunión (artículo 78) y el derecho que tienen las personas a reunirse en forma pacífica y sin armas, en manifestación pública o asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial (artículo 79). También, se suspendió el artículo 81 de la Constitución, el cual cita que, ”…toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala”.
La duración o vigencia de esta medida, no está tan definido, aunque declaraciones públicas de algunos voceros del gobierno golpista, manifiestan que durará el tiempo que sea necesario hasta tener control absoluto, y se logre reducir o eliminar a sus opositores. En suma, más allá del Decreto aprobado por el Congreso, los derechos que en términos fácticos que se han suspendido, son entre otros, los siguientes:
la libertad personal
libre circulación ciudadana, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional,
la libre emisión del pensamiento y expresión, sin previa censura
el respeto de la integridad física,
ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente,
nadie puede ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes,
la libertad de asociación y reunión,
nadie podrá arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente,
el domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de la autoridad competente. El allanamiento del domicilio no puede verificarse de las 18:00 a las 06:00 horas. violando flagrantemente derechos civiles y políticos.
Restricción a la libre circulación en el territorio nacional.
No permiten que las ciudadanas y ciudadanos que provienen de otras partes del país se transporten hacia la Capital. Algunos han sido detenidos y recluidos en planteles militares, tras bajarlos de los buses de transporte privado. Esta restricción la están aplicando las 24:00 horas del día. La aplicación de esta medida, se da preferentemente a los ciudadanos y colectivos sociales que, actualmente ofrecen resistencia y que no reconocen al gobierno de facto. En tanto, las personas naturales y jurídicas que siguen y apoyan al gobierno golpista, son protegidos y apoyados por los militares y la policía nacional. Con esta medida, el gobierno golpista busca evitar que la población que vive fuera de la Capital y que apoya la restitución del Presidente Zelaya, no pueda viajar a participar en las movilizaciones de resistencia social pacífica que se están llevando a cabo en Tegucigalpa.
Implantación de un cerco y silencio mediático
El gobierno de facto ha restringido la libertad de expresión y pensamiento; han creado de un cerco y silencia mediático. Los golpistas, sólo quieren que la población nacional e internacional escuche y conozca su verdad. Con este propósito, han tomado, entre otras las medidas siguientes se destacan:
Los teléfonos, el acceso a internet los tienen intervenidos. Varias páginas Web de radioemisoaras han sido intervenidas y desconfiguradas para suspender su transmisión, tal como ha pasado con Radio Globo[6].
Las radios y televisión nacional e internacional de carácter independiente están sufriendo la censura y cierra de sus medios. Varios medios han sido sacados del aire y los tienen militarizados, tal como, entre otros, Radio Progreso, Canal 36/Cholusat Sur y los transmisores de Radio Globo.
Los canales de televisión internacional que reportan noticias por servicio de cable, como TeleSur, TV Chile, Teletica, Guatevisión e incluso CCN[7], su transmisión es suspendida total o temporalmente. Es frecuente observar que, cuando en algunos de estos canales empiezan a presentar noticias sobre el golpe de estado, especialmente, cuando aparecen declaraciones del Presidente Zelaya o de quienes se mantienen en resistencia, cortan la señal del canal o radio. Cuando se les consulta a los prestadores del servicio de cable por qué está pasando esto, la respuesta es que son órdenes de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), entidad que está junto con Hondutel bajo el control de los militares.
Las principales radios y televisoras ligadas a los centros de poder económico que promovieron y apoyaron el Golpe, como Radio América, los medios de Rafael Ferrari (HRN y sus cuatro canales de televicentro), la prensa escrita de la familia Flores y Canahuati, no tienen ninguna restricción en sus programaciones. Estos medios favorecedores del Golpe, no pasan o en el mejor de los casos, minimizan y ridiculizan las expresiones colectivas de resistencia social pacífica en contra del gobierno de facto.
Las radios, prensa escrita y televisoras nacionales, tanto las que están al servicio del gobierno de facto como algunas independientes que se les ha permitido operar, tienen censuradas sus programaciones. No pueden mencionar que se ha dado un golpe de estado, sino que fue una sucesión legal. Tampoco, pueden presentar imágenes de los militares, policías, tanques y la represión que están haciendo en contra de los que se resisten en las calles. Además, no deben permitir llamadas para convocar marchas promovidas por los opositores al gobierno de facto.
Represión, criminalización y judicialización a los opositores
El Presidente de facto junto con los diputados del congreso nacional, me imagino, atendiendo órdenes de los militares, y para mantenerse en el poder, están tomando varias medidas que profundizan la represión, criminalización y la judicialización, a toda persona natural o jurídica que se oponga al gobierno de facto.
Varios periodistas y dirigentes sociales, han tenido que recurrir a la clandestinidad, huyendo de la represión de los golpistas. Periodistas como Esdras Amado López, Director y propietario de canal 36 y, Eduardo Maldonado, director del programa Hable como Hable, se encuentran huyendo en la clandestinidad, pues este gobierno de facto les ha girado orden de captura. Una situación similar está pasando con los periodistas que trabajaban en el Canal 8 propiedad del estado hondureño;
César David Ham, candidato a la presidencia y diputado en el actual Congreso Nacional por el partido Unificación Democrática[8], fue capturado el mismo día que secuestraron a Zelaya y lo tienen recluido en una base militar.
Todo el gabinete de altos funcionarios entre del gobierno y la familia del Presidente Zelaya, así como varios dirigentes sociales y populares que tienen orden de captura y otros que los mantienen detenidos en bases militares.
Los ciudadanos extranjeros estan siendo perseguidos, detenidos y deportados, especialmente, los nacionales de Nicaragua y Venezuela. La policia y los militares han hecho una llamado publico para que la ciudadania reporte a cualquier persona que tenga un acento diferente al hablar.
Los indígenas están siendo violentados en sus derechos humanos
En medio de esta situación tensa y conflictiva, también compromete derechos de los pueblos indígenas. Varios dirigentes indígenas están siendo reprimidos y perseguidos, especialmente, del pueblo Lenca (COPINH, principalmente) y Tolupán. También, hay una profunda preocupación entre algunos dirigentes indígenas, pues la resistencia de los poderes fácticos y militares a que la población sea consultada, haría muy difícil, la aplicación del derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, tal como está garantizado en múltiples estándares internacionales y que han sido Ratificados por el Estado de Honduras.
Condena Global a los golpistas
Tras el Golpe de Estado, entre el domingo 28 de junio y miércoles 01 de julio de 2009, varios organismos intergubernamentales han realizado reuniones de emergencia para abordar la situación del golpe de estado en Honduras. Ha sido notable, la rápida respuesta regional e internacional, tanto del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), El Grupo de Río y la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros. En una posición similar, se han pronunciado ciudadanos y colectivos sociales y políticos de todo el mundo. Todos, cada uno con sus matices, pero en general, han manifestado una posición firme y unánime, de:
o Rechazo y condena enérgica a la actuación de las fuerzas armadas y los grupos fácticos de poder contra el Gobierno Constitucional y Democrático del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.
o Rechazo y desconocimiento del gobierno fáctico presidido por Roberto Michelitti.
o Inmediata restitución al orden constitucional en Honduras, sin condiciones, lo cual pasa porque el Presidente José Manuel Zelaya, cumpla con su período de gobierno que termina el 26 de enero de 2010.
o Rechazo al artificio y perversión de las normas jurídicas, con las cuales se pretende justificar la ruptura del orden constitucional y democrático de la República Honduras.
o Por parte de la OEA, se dio una plazo máximo de 72 horas para que los golpistas restituyan el orden constitucional, lo cual pasa porque el Presidente electo por el pueblo, el Sr. Zelaya, retome la presidencia para que cumpla con su periodo de gobierno para lo cual fue electo.
o Los países que integran el SICA, resolvieron restringir el comercio de productos provenientes de Honduras. Este medida, originalmente fue por 48 horas, pero podría extenderse dependiendo como evolucionan el proceso de restitución del orden constitucional.
El frente de resistencia social pacífica se fortalece
La condena regional e internacional de los organismos intergubernamentales (SICA, ALBA, OEA, UNASUR, Grupo de Río, NNUU y la UE), así como la solidaridad internacional de ciudadanos y de colectivos sociales, ha ido fortaleciendo el frente social de resistencia pacífica del pueblo conciente hondureño. Este movimiento de resistencia social a favor de la restitución del orden constitucional, se ampara en el artículo 3 de la Constitución de la República, el cual establece que, “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones, empleos públicos por la fuerza…La infracción a esta norma constituye delito de traición a la Patria”
En este Frente de Resistencia participan, entre otros: las cuatro centrales de trabajadores, los colegios magisteriales, la coordinadora de resistencia popular, organizaciones campesinas y organizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como ciudadanos independientes indignados por la ruptura del orden constitucional. Como parte de sus expresiones de lucha, están realizando tomas de carreteras, calles en las principales ciudades y algunos edificios públicos en los cuatro puntos cardinales del país.
Cabe mencionar que, aunque es difícil hacer una tipología de los actores que integran este colectivo de resistencia social, en un intento de aproximación inicial, se puede afirmar que incluye a:
o correligionarios del Presidente Zelaya pertenecientes al Partido liberal, especialmente de la facción que tiene una tendencia más orientada a ideologías de corte social y popular;
o Las centrales de obreros y trabajadores, incluyendo a varios sindicatos de instituciones públicas;
o Dirigentes de organizaciones sociales y populares, incluyendo patronatos, campesinos, cooperativistas, entre otros;
o Organizaciones indígenas y negras, entre las que se destacan: COPINH, FITH, OFRANEH y organizaciones del Pueblo Tólupan.
o El partido de Unificación Democrática
o Algunas organizaciones de transportistas (taxistas de Tegucigalpa);
o Los colegios magisteriales, tanto de educación primaria como secundaria;
o Algunos medios de comunicación masiva, que en medio de su objetividad informática, están brindando una mayor cobertura del proceso de resistencia social, entre los que vale mencionar a: Radio Globo en el ámbito nacional y Telesur y CNN en español, que dan cobertura internacional;
o Ciudadanas y ciudadanos, indignados por el rompimiento del orden constitucional; y,
o Organizaciones sociales y populares fraternas de todo el continente y de otras partes del mundo, incluyendo organizaciones indígenas.
Implementación de campaña mediática para limpiar imagen
Los golpistas están queriendo limpiar su imagen y mostrar su respaldo popular. En los últimos dos días, han emprendido una masiva campaña comunicaciones y de relaciones públicas, incluyendo entre otras cosas:
Masivas movilizaciones, tanto en Tegucigalpa como en varias ciudades del país. Estas manifestaciones son calorizadas y financiadas por el gobierno de facto, los empresarios (COHEP), los militares y una facción de la iglesia evangélica[9] y católica. Hay testimonio de que los empleados de las empresas que participan en esta manifestaciones, son en cierta medida obligados por sus propietarios y amenazados con perder su empleo si no asisten a las mismas, incluso los encargados de personal de algunas empresas pasan lista de los empleados en los sitios que se realizan las manifestaciones. También se ha denunciado que, el COHEP ha solicitado a sus miembros aportes financieros para cubrir los gastos y la cobertura de sus marchas a favor del gobierno de facto. Estos actos públicos, son protegidos, respaldados y acompañados por los militares y policías. Los actores que apoyan al gobierno golpistas se han articulado en La Unión Cívica Democrática, que es la instancia que está facilitando las marchas por la Paz y apoyo a la Constitución de la República, cuyas caras más visibles, son personas ligadas al Partido Nacional, como la Sra. Armida López de Contreras[10].
Se han realizado varias conferencias de prensa para divulgar los actos de corrupción y 18 delitos que se aduce cometió el Presidente Zelaya; todo esto, para justificar que el secuestro y golpe de estado cívico militar, tiene una sustentación constitucional y que lo que se ha hecho, corresponde a una sucesión legal del poder.
Todos los días, están realizando cadenas nacionales para informar sus medidas y justificaciones que, según ellos, explican la decisión de secuestrar y dar el golpe de estado.
Están impulsando campaña de terror para sumar seguidores y disuadir el movimiento que se mantiene en resistencia, entre otras cosas, mencionan:
Habrá una invasión militar de Nicaragua y Venezuela
Están sutilmente promoviendo el reclutamiento de los jóvenes para que cumplan el servicio militar. Tras de esta medida, buscan reducir la participar la participación de jóvenes en los colectivos de resistencia.
Están capturando ha extranjeros, especialmente de Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba, entre otros.
Contemplan congelar cuentas bancarias de los que apoyan el retorno del orden constitucional.
Esta campaña mediática, ha sido muy hábilmente diseñada e implementada. Los discursos y lemas que difunden, son que, el gobierno de facto, es por la defensa de la democracia y la constitución. Pero ese discurso, condice con la violación y restricción de los derechos humanos que han implantado en los pocos días que llevan en el gobierno cívico militar.
Los golpistas se aferran al poder
Los golpistas, están como dice la canción de Shakira: ciegos y sordos, ante el repudio nacional e internacional de que son objeto. Con su campaña y control mediático, quieren convencer que lo hecho está apegado a derecho, aún cuando, se sabe que se trata de un golpe de estado.
1. Los golpistas están dispuestos a todo por retener el poder alcanzado por la fuerza de las armas, no sólo a reprimir sino que incluso hasta matar.
2. Minimizan y desconocen a la resistencia social pacífica, manifiestan que se trata de pequeños grupúsculos de izquierda, ligados a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
3. Minimizan el rechazo internacional manifiesto por el SICA, ALBA, UNASUR, Grupo de Río, OEA, la UE y la Asamblea de NNUU. Argumentan que Honduras, es un país independiente y ningún país u organismo debe intervenir en asuntos internos. Dicho argumento, lo sustentan en la libre determinación que tienen los pueblos que está garantizado en la Carta Interamericana y en la universal de NNUU.
4. Han afirmado que financiarán la gestión del gobierno con los fondos disponibles en el fisco nacional. A esto se sumarían, el financiamiento que brindará los empresarios banqueros del país, compromiso que forma parte de la conspiración golpista.
5. El gobierno y empresarios golpistas, están haciendo alianzas con grupos económicos regionales. Se ha mencionado que están estableciendo acuerdos con empresarios de capital salvadoreño y guatemalteco, algunos de los cuales tienen inversiones en Honduras. Estos acuerdos incluyen el apoyo para financiar algunas actividades del gobierno de facto y presionar a los gobiernos de la región (El Salvador, Guatemala y Nicaragua) para que eliminen la restricción de libre circulación de productos hondureños, adoptada en la reciente Reunión Presidencial del SICA, realizada en Managua.
6. Complementariamente, el COHEP y los grandes agricultores de Honduras, buscaran establecer alianzas con sus homólogos de los países de la región y las Cámaras y Federaciones de empresarios y comerciantes de Centroamérica, para que conjuntamente, se logre incidir ante los gobiernos la eliminación de cualquier sanción económica y limitación al comercio regional sea eliminado
Ambiente tras el anuncio del retorno del Presidente Zelaya
Tras este anuncio, se ha profundizado la tensión, conflictividad y polarización social en el país.
Los golpistas han anunciado que el Presidente Zelaya, al llegar al país, será capturado, cumpliendo con las órdenes de captura que se le han emitido, las que se duda de sí las mismas se habían girado antes o después del secuestro y posterior deportación del Presidente Zelaya.
Los colectivos sociales que reclaman la vuelta al orden constitucional, esperan que el Presidente Zelaya sea restituido a su puesto;
Se proyectan masivas manifestaciones para el próximo sábado, día en que se prevé el retorno de Zelaya, tanto los que favorecen al gobierno de facto como los que reclaman la restitución del orden constitucional;
El ejército ha anunciado que reprimirá cualquier manifestación que obstaculice su misión. Desde ahora, tienen militarizados los aeropuertos.
Escenarios posibles. Mirando hacia el futuro
Con el potencial retorno del Presidente Zelaya, prevista para el próximo sábado o en la fecha que decida venir, se anticipa un ambiente incierto, tenso y conflictuado. El Secretario General de la OEA, empezará conversaciones con los dirigentes del gobierno de facto para explorar sí es posible alcanzar algunos acuerdos para el retorno pacífico del Presidente Zelaya y la vuelta al orden constitucional. Paralelamente, es muy probable que otros países miembros de la OEA y de NNUU, tomen algunas medidas para presionar a los golpistas. Dentro de estas últimas, se esperaría una posición más dura del gobierno de los Estados Unidos, pues Honduras depende fuertemente de sus relaciones políticas, económicas y comerciales con este país del Norte. Como resultado de estas negociaciones internacionales, se pueden vislumbrar algunos escenarios[11]:
Escenario 01: Los golpistas no entregan el poder
Este escenario se sustenta en las manifestaciones observadas, hasta ahora, por los voceros del gobierno golpista. Todas sus medidas, sugieren que, parece poco probable que Micheletti deje el poder. En este escenario, se profundizará conflictividad y polarización social; y la represión, criminalización y judicialización de los opositores al gobierno de Facto. En suma, se generará ambiente de ingobernabilidad en todo o en gran parte del país.
Este escenario, estaría marcado por el aislamiento internacional, político, financiero y comercial. Este aislamiento junto a la conflictividad y polarización social, tendrá consecuencias nefastas en la economía, seguridad alimentaria y paz social, entre otros. Es claro que estos impactos, no sólo afectarán al pueblo hondureño, sino que también, a sus vecinos países, debido a la interdependencia económica y comercial.
Ante la intolerancia y la profundización de la represión y criminalización del movimiento social y popular por parte del gobierno golpista dictatorial, podría sentarse de bases y condiciones para la emergencia y funcionamiento de un movimiento social armado y su consecuente derrame de sangre. Y, porque una parte importante del pueblo está indignado por el retroceso que ha sufrido la democracia hondureña.
En este escenario, las próximas elecciones podrían verse perjudicadas por la deslegitimación de las mismas, pues se estarían dando en el marco de un gobierno dictatorial. Además, no parece tan probable que, la OEA les apoye como observadores del proceso electoral, por su eventual suspensión de dicho organismo.
Escenario 02: Los golpistas entregan el poder al Presidente Zelaya
Este escenario asume que las mediaciones de la OEA y las presiones nacionales e internacionales, hagan que impere la razón y la búsqueda de entendimientos, que viabilicen el retorno pacífico al orden constitucional y del Presidente Zelaya. Este escenario, no estará exento de atender la conflictividad y polarización social, lo cual hace imperativa, la gestación de un espacio creíble e imparcial que viabilice el diálogo, la búsqueda de entendimientos y la reconciliación nacional.
En este escenario, se mantendrían los programas sociales y el financiamiento externo. Asimismo, es muy probable que se fortalezca el liderazgo del Presidente con las organizaciones sociales y populares, aunque sus relaciones tensas con los poderes fácticos continuarían. Además, se restituirán los derechos humanos, que de forma dictatorial ha restringido el gobierno de facto.
En este caso, su prioridad estratégica sería garantizar las elecciones libres para Alcaldes, Diputados y Presidente, previstas para el 26 de noviembre de 2009, con la observancia de la OEA.
El diálogo y la reconciliación nacional: Una prioridad de país
El domingo 28 de junio de 2009, cuando iba a ser electo por el Congreso Nacional el Sr. Micheletti, diputados del Partido Nacional, condicionaron su apoyo, al compromiso de impulsar un proceso de diálogo y reconciliación nacional. Este compromiso, ha sido asumido como eslogan del gobierno de facto. Pero esta tarea, no parece tan difícil, sobre todo, porque su discurso es contrario con los hechos, especialmente, con las medidas dictatoriales que ha tomado, a saber: represión y la restricción de los derechos humanos, garantizados en la Constitución de la Republica y otros instrumentos jurídicos internacionales.
El presidente de facto, nombró a Gérman Leizelar para que coordine este diálogo nacional, quien es un abogado del partido nacional, promotor y defensor del golpe de estado. En la primera reunión convocada por él, sólo llegaron los empresarios y otros referentes de sociedad civil afines al gobierno golpista.
Con el liderazgo de Leizelar, parece poco probable que se logre la construcción de un espacio creíble y confiable para el diálogo nacional y que alcance entendimientos y concertación entre las partes conflictuada y la sociedad en general. Leizelar, es alguien que está parcializado con una de las partes, lo cual limita la creación de confianzas. Aquí se necesitaría una facilitación más imparcial, que no tenga intereses creados manifiestos, en los temas que han generado el conflicto.
El Sr. Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, integrante del grupo de conspirador que realizó el golpe de estado, ante la constatación del nivel de tensión, polarización y conflictividad social, está promoviendo que se realice un plebiscito para conocer sí el pueblo quiere que regrese al poder el depuesto Presidente Zelaya. Pero su propuesta, es incoherente, pues ha alegado que el Presidente Zelaya va a ser detenido y ahora, propone un plebiscito para legitimar su restitución. Esta propuesta no ha tenido eco, al menos en el sector que está ofreciendo resistencia pacífica, ya que el Sr. Custodio, ha perdido toda credibilidad con el movimiento social y popular. Él, mientras en la década del 1980, fue un destacado defensor de los derechos humanos, ahora, es un favorecedor y ciego defensor del gobierno golpista, es decir, de los poderes fácticos y los militares.
Indudablemente, Honduras es un país pobre que no tiene la capacidad de soportar un aislamiento internacional, ni mucho menos, un ambiente de ingobernabilidad social y política. Por esta razón, se hace necesaria la gestación de un proceso de diálogo, entendimiento y concertación, así como la creación de confianzas y otras condiciones necesarias para avanzar hacia la reconciliación nacional.
Esto supone, avanzar en la reconstrucción y fortalecimiento de la cultura, institucionalidad y práctica democrática. Asimismo, deberá afianzarse el mandato constitucional de sometiendo de los militares al poder civil, pues con este golpe de estado, los militares han vuelto a tener protagonismo en la vida política del país. Deberán contemplarse reformas constitucionales para que los conflictos de índole político sean resuelto por mecanismos de diálogo y entendimientos, o siguiendo procedimientos de la normativa jurídica nacional e internacional, ya que es inaceptable, que en el siglo XXI, sean los militares quienes tengan la autoridad para intervenir en asuntos políticos.
Como parte de esas reformas constitucionales deberá garantizarse al pueblo su condición de soberano y el derecho de participar plena y efectivamente, en todas las decisiones, leyes, políticas y programas que afecten sus vidas. Esto pasa necesariamente, haciendo efectivo el derecho a la consulta y al consentimiento, libre, previo e informado. Esta medida, no debería ser interpretada como un delito sino como un derecho ciudadano y que contribuye al fortalecimiento de la democracia; ya que con ello, se logrará perfeccionar la misma, pasando de una democracia electorera a una participativa, deliberativa e intercultural.
Como se advierte, la tarea que se tiene por delante es ardua y compleja, pues debemos, no sólo superar los conflictos y la polarización social, sino que sanar las profundas heridas que ha dejado en el sistema democrático, este nefasto golpe de estado cívico militar. De forma prioritaria se sebe apostar por una democracia que incluya a todos y todas los ciudadanos, que deje de ser elitista y representativa, y por sobre todo, que la misma rompa las ataduras de la inequidad y la exclusión social, económica y política que sufre la mayoría de la población de Honduras.
NOTAS:
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[1] Omito mi nombre verdadero, porque el gobierno de facto que se instaló tras el golpe civil – militar, ha eliminado y/o restringido los derechos individuales de los ciudadan@s hondureñ@s. Como parte de sus medidas dictatoriales, reprime, criminaliza, judicializa, y secuestra a quienes piensan de forma diferente a los intereses oligárquicos que él y los militares golpistas defienden.
[2] Elvin Santos, fue electo junto a José Manuel Zelaya como Vice Presidente de Honduras, quien por acuerdo político entre Santos y Micheletti, el Congreso Nacional le aceptó su renuncia, lo cual permitió su habilitación para ser candidato a la presidencia por el Partido Liberal.
[3] Previo a su asunción al poder, José Manuel Zelaya, era un político y empresario, ligado a las estructuras de poder económico, incluso en algún momento, ocupó el puesto de presidente de la Asociación de Madereros de Honduras.
[4] Esta fue la primera Ley que aprobó el Congreso Nacional y que refrendó el Presidente Manuel Zelaya, en su toma de posesión y que fue uno de sus compromisos de campaña.
[5] Entre los golpistas, están militares activos y en retiro (reservistas). Entre algunos militares en retiro que promovieron y que apoyan al gobierno golpista, están varios militares que en la década de 1980, como parte del gobierno cometieron sendos delitos de violación a los derechos humanos.
[6] Los propietarios de Radio Globo, han denunciado ante el Fiscal de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las múltiples violaciones que han recibido, tanto, por agresiones y atropellos físicos y sicológicos de su propietario, el Sr. Villatoro y algunos de sus periodistas de esta radioemisora, como de sus trasmisores, los cuales están militarizados. Por cierto, ayer 01 de julio de 2009, la Fiscal de Derechos Humanos se apersonó a los trasmisores de Radio Globo, y pudo constatar que los mismos están militarizado y que cortan la señal cuando perciben que la programación afecta al gobierno de facto. En esta visita, la Fiscal ordenó que desmilitarizarán los trasmisores, pero los militares decían que ellos sólo cumplen órdenes de sus superiores.
[7] En algunos medios locales, se menciona que, tuvo que haber intervención del gobierno de los Estados Unidos para que los golpistas, permitieron la transmisión en vivo de CNN en la televisión por cable.
[8] Este partido político de corte izquierdista.
[9] Se ha denunciado que el pastor evangélico Evelio Reyes de la Iglesia Vida Abundante con financiamiento de su congregación andaba entregando camisetas blancas y aproximadamente, US $ 27.00 a sus seguidores en la manifestación del pasado miércoles en Tegucigalpa.
[10] Al esposo de la Sra. Contreras, el gobierno de facto lo ha contratado para formar parte de su equipo de gobierno.
[11] Se conoce que los dos escenarios que se presentan, no necesariamente, pueden ser los únicos, ya que pueden presentar otros. Con la presentación de estos dos escenarios, sin pretender ser exhaustivos, sólo se desea puntear algunas ideas preliminares.
1 comentario:
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