Cuadro de situación: Una maraña en la que se mezclan crecientemente prejuicios, ingenuidad, ocultamientos, voces desaforadas, diatribas, opiniones seudoexpertas y, sobre todo, ausencia de políticas, nos está conduciendo a un atolladero en el cual parece borrarse a pasos agigantados la luz que indica la salida.
No faltan en ese conglomerado los reclamos destemplados por más cárceles, por la represión indiscriminada y a mansalva, por leyes más duras y hasta por la pena de muerte ni tampoco las celebraciones masivas del gatillo fácil. Hay circunstancias en las que parece que nos encontramos al borde del linchamiento.
A la comisión de delitos, por sí misma muy dolorosa y causante de tragedias evitables, se suman los efectos indeseables de las conductas que buscan neutralizarla: la guerra de pobres contra pobres, un estado de pánico que afecta a toda la población hasta obnubilarla, el oportunismo de dirigentes políticos y referentes sociales y el aislamiento, el virtual toque de queda, con todo lo que socialmente significa, de mucha gente que pretende así evitar robos, asaltos, lesiones e incluso, la muerte. Aunque pueda parecer absurdo, tampoco falta el reproche a quienes gritan su dolor por la pérdida de un ser querido.
En medio de ese pandemonium, los roles protagónicos tienden a ser ocupados por dos tipos de contrincantes: en este rincón, los que creen en la mano dura y, asumiéndose como víctimas, descreen de cuánta victimización padecen aquellos a quienes acusan; en el otro rincón, quienes en su justa toma de partido por los excluidos terminan abogando por quienes delinquen considerándolos casi mártires.
Unos y otros incurren en prejuicios de direcciones contrarias aunque sobre la base de una coincidencia inquietante: ambos tienden a asociar la práctica delictiva o “los problemas con la ley” con la pobreza y con los pobres. Los primeros, sustentando la anacrónicas vinculaciones pobreza – vagancia – camino fácil versus riqueza – esfuerzo – espíritu competitivo. Los segundos, porque se encierran en los límites de una correcta observación: “las cárceles están llenas de pobres, de quienes no pueden pagar abogados ni cuentan con vinculaciones poderosas”; no parecen darse cuenta de que la inseguridad tiene que ver con factores y con actores que exceden en mucho a las fechorías de chicos descarriados.
Resumidamente, a través de referentes, expertos, medios de comunicación y ciudadanos en general, pareciera que el patrón delictivo respondiera a este curso: una mañana cualquiera alguien al despertarse en su vivienda inhabitable cae en la cuenta de que su familia no tiene para comer y entonces, llevado por su resistencia a trabajar, se provee de paco con su vecino, pasa por lo de su tío a quien le sustrae el arma y, media hora después, en algún barrio de clase media baja, le roba la billetera a un anciano a quien golpea e, incluso, en un arranque de ira hiere o mata. Nada más alejado de mi intención que mofarme, de ninguna manera por favor, de la gravedad merecidamente atribuida a las acciones criminales. Con esa descripción quiero mostrar lo rayano en el ridículo que puede estar la lectura más frecuente que se está haciendo sobre esta densa problemática (sin desconocer que la desesperación pueda impulsar eventualmente a alguien a proceder de esta injustificable manera).
Quiero ser suficientemente abarcativo y justo: es digna de encomio la actitud de quienes habiendo sido víctimas, sea de asaltos y homicidios culposos o a sangre fría ejecutados por delincuentes, sea de la represión salvaje, de la droga o del gatillo fácil, mantienen una firme adhesión a la ley y asumen, incluso, un compromiso militante con el fin de modificar maduramente este estado de cosas. Quiero expresar mi más profundo respeto y solidaridad con estas personas y grupos y valorar cuánto contribuyen a que adoptemos el rumbo correcto.
Finalizando esta introducción pregunto: ¿para cuándo el reconocimiento a la inmensísima mayoría de excluidos, de pobres y de sin techo por sus esfuerzos, sus aportes, su honestidad a toda prueba, su espíritu solidario?
Un poco de historia
Los comportamientos delictivos, tengan el alcance y la masividad que tengan, responden a patrones: esto es, se basan y despliegan siguiendo ciertas modalidades, determinados modi operandi.
Para entender esta primera aseveración, incursionemos en la historia más o menos reciente.
El 24 de marzo recordamos el golpe de estado que en 1976 instauró la terrocracia cívico militar más sanguinaria de nuestra historia del siglo XX. Tuvo como antecedentes la acción más que injustificadamente violenta de la tenebrosa triple A y de quienes, supuestamente del otro lado, creían a pie juntillas (de buena o mala fe) que la revolución supone excluyentemente el tronar de los fusiles. Ni unos ni otros escucharon a Perón, conductor y presidente legal y legítimo quien, entre otras lúcidas sentencias, formuló aquella de “dentro de la Ley todo, fuera de la ley nada”; tampoco escucharon a las fuerzas democráticas de todo el arco político ni a los referentes sociales de la época. Prepararon, así, el advenimiento de la terrocracia cívico militar la cual instauró, desde el dominio del Estado, el delito como modalidad sistemática para la represión tanto de las organizaciones guerrilleras como de los reclamos populares legítimos; también para la realización de los negocios, negocios que socavaron la soberanía argentina, comenzaron la destrucción de la cultura, de la industria y del trabajo, endeudaron a nuestro país con cifras siderales y arrasaron con la genuina vocación política y todo compromiso social.
Esa dictadura, además de incurrir en sedición, “legitimó” el secuestro seguido de la desaparición de personas, los asesinatos a mansalva a cualquier hora del día y la noche, el robo de bebés, los saqueos, la extorsión, la persecución de ciudadanos y de ideas, la quema pública de libros, la usurpación de las instituciones, los negociados económicos más salvajes de toda la historia nacional y la corrupción del Estado y la actividad privada.
Sus herederos, integrantes de los gobiernos civiles a partir de 1983, continuaron de una u otra manera con la comisión de actos entre ilegales e ilegítimos, entre ellos todo lo referido al tratamiento de la deuda externa y la corrupción; el gobierno menemista fue una catarata de acciones que merecerían la justicia más rigurosa. O, por ejemplo, como acotó en una reunión de la Mesa Coordinadora de GESTAR, Marisa Timor, ¿no causó enorme inseguridad entre todos los argentinos los paquetes de medidas que se hicieron tristemente famosos como “corralito” y “corralón”?
Tampoco podemos olvidar en este rápido repaso cuántos referentes de variadas áreas, desde la política, la religión, la actividad empresaria hasta el deporte o la farándula han cometido delitos, a menudo de implicancias bastante más graves que muchos hechos cotidianos. Muchos de estos “comitentes” hoy, a los cuatro vientos, reclaman mano dura. ¿Qué clase de caraduras son? Cuánto de cierto hay en aquello de “ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio”.
En la sociedad neopatronal que promueve el “vale todo” todo vale para ellos, los que tienen todo; a los demás, nos proponen someternos. Afortunadamente el pueblo argentino, con su proverbial lucidez, en su última marcha “por la seguridad” los dejó solos y, en esa soledad, se notó una pobreza que carece de la dignidad de la que sufren las mayorías: la pobreza de su convocatoria, de sus consignas y de sus discursos.
Modelos, organizaciones e inseguridad
Lo descrito ilustra en torno a dos cuestiones vitales, las dos que me interesa destacar en esta nota:
No sólo para los comportamientos éticos, dignos y solidarios se requiere de modelos: también para los corruptos y los criminales. Queda demostrado que la terrocracia cívico militar y sus dilectos continuadores fueron una fuente inagotable de modelos delictivos.
La acción delictiva requiere de organización. La dictadura se instauró merced al “accionar” de una banda criminal de civiles y militares, tributarias de castas y mafias; los sucesivos gobiernos civiles también se condujeron y se conducen “organizada y orgánicamente” para sus tropelías.
De tal modo, debemos inscribir cualquier acción delictiva, cualquier acción que genere inseguridad, en la conjunción de modelos que facilitan la vocación y el aprendizaje ilegal así como en organizaciones, verdaderas organizaciones, que cumplen la función de planificar, distribuir roles y tareas y hacerse cargo de la logística.
Volvamos al ejemplo: el par de muchachitos que sale por la mañana en una moto a robar cuanto celular se les cruza portado por algún transeúnte confiado, ¿se los comen? Es fácil deducir que requieren, además posiblemente de estimulantes, disponer de la moto (robada quizá), de los reducidores que les pagan y a su vez revenden, de compradores finales.
Si el delito es más grave o complejo, como saquear una oficina o una escuela son más los intervinientes: quienes enseñan y entrenan, quienes hacen inteligencia, quienes manejan dispositivos para ingresos ilegales a edificios, quienes compran después la variada gama de insumos obtenidos (computadoras, teléfonos, etc.), quienes revenden, quienes administran, “llevan la contabilidad”, coimean y negocian con los poderes públicos y las fuerzas de seguridad, quienes se ocupan de la contratación de abogados y de otras clases de profesionales según la envergadura del “negocio”, etc. ¿No es pecar de demasiada ingenuidad suponer que la inseguridad es causada por cientos de chicos violentos dispersos que operan individualmente?
El modelo conservador ya prehistórico, eufemísticamente llamado neoliberal, instaura la sociedad de los “individuos libres” que desemboca en ganadores versus perdedores, en los pocos exitosos que llegan a todo y las multitudes de fracasados que se quedan con nada, en la que vale la ostentación y el consumo desenfrenado a la par que se desacredita a la ética, la educación, el trabajo, el estudio, el esfuerzo, el compromiso social y político genuino, la solidaridad… En ese “todo vale” para ser alguien, las organizaciones delictivas ofrecen a cada hora a muchos una oportunidad para “pertenecer y alcanzar el éxito”: pavada de promesa por cierto tentadora. Es la promesa sostén por excelencia de las orgas del narcotráfico, tan a la orden del día hoy y tan representativas del perfil actual de la práctica delictiva.
Todos los tipos de organizaciones delictivas se escalonan desde la cúspide hasta la base de la compleja pirámide social y sus cabecillas y comandos más notorios ocupan posiciones encumbradas en el Estado y en el variado espectro de la actividad privada, alternan y negocian con los poderosos más diversos, participan de las recepciones de los salones oficiales y de las embajadas. A menudo, estas organizaciones responden a matrices ubicadas en el exterior, incluyendo a “renombradas agencias internacionales de seguridad o inteligencia” (recordemos la intervención en los terribles golpes de estado de los ´70 en América Latina, sin ir más lejos en la geografía ni en el tiempo).
Por supuesto, las organizaciones criminales se sienten como peces en el agua en sociedades, ricas o pobres, en las que se erosiona el sentimiento de pertenencia a una nación y a su pueblo, en las que se desalienta la educación, en las que se desmantela la industria, en las que no se hace nada por el desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica al servicio de la comunidad (y se opta por emplearlas en favor de intereses económicos voraces), en las que se desprecia la producción intelectual a la vez que se incurre en idolatría de la televisión basura, de la fama fácil, de las conductas tramposas y de la frivolización de todo.
Imagino que este análisis puede contribuir humildemente a clarificar acerca de cuáles deben ser los caminos para afrontar la seguridad, para cumplimentar lo que impulsamos en uno de los documentos de GESTAR: “trabajo y seguridad para todos”; como rezaba un cartel en la Jornada de Inclusión del 12 y 13 de diciembre del año pasado en el gomero de Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires: “Seguridad para todos; para los pobres también ¿eh?”.
Afrontando el riesgo de que parezca “traído por los pelos” no puedo dejar de dar otro ejemplo que tiene que ver con algo de una índole muy estratégica: una de las organizaciones más poderosas del planeta, el muy británico Reino Unido. piratea, depreda y busca consumar su saqueo y ocupación ilegal en nuestro – nuestro – Atlántico Sur. Cuenta con la complicidad de otras orgas muy poderosas: EEUU, la UE, la OTAN, etc. (usted puede seguir agregando, porque las hay). ¿Más fuente de inseguridad que el despojo del propio territorio? ¿Más fuente de inseguridad que la ocupación militar extranjera en nuestra patria? (ver en http://proyectonacional.wordpress.com el “Mapa de la soberanía argentina en peligro”).
Así que propongo barrer de cuajo con la ingenuidad – o con la mala fe de los que realizan sus sucios negocios haciendo la del tero (que confunde al predador piando con estridencia lejos del nido)-.
La inseguridad es resultante de organizaciones que buscan apropiarse de una sociedad como si se tratara de un territorio que hay que copar para ejercer su nefasto quehacer. El pibe sinvergüenza o violento, de cualquier clase social, es el eslabón final o débil, el carne de cañón, el mandado; obsesionarse por encanarlo –cuando no matándolo gatillo fácil mediante – es una resolución, además de cruel, precaria; los que manejan la cosa disponen de sustitutos en su nómina.
El reclamo popular
El reclamo por la seguridad es un reclamo popular. Hay que cortarla con que es una sensación o una típica demanda de la clase media.
Es un reclamo popular que hay que saber interpretar y saber canalizar; es el reclamo que resume, en un mismo grito desesperado, desde “basta de atropellos e injusticia” hasta “queremos trabajo, queremos una Argentina próspera, queremos un Estado justo que cumpla con su rol, queremos que se genere y se distribuya riqueza, queremos dignidad para todos”.
En otros términos: nos equivocamos si convalidamos gratuitamente que la masividad del pedido de más seguridad es vocinglería de autoritarios y de zonzos, fácil carne de la manipulación, que le hacen el juego encerrados en su individualismo.
Acertamos si lo entendemos como una exhortación popular a terminar con bandas y cómplices con mucho poder, con bastante más poder que el de la ciudadanía misma.
Quienes tenemos vocación social y política o responsabilidad como dirigentes debemos entender tal reclamo, orientar, proponer una estrategia y políticas y aplicarlas (ver en http://proyectonacional.wordpress.com el documento de GESTAR: “Elecciones ¿qué hacemos?)
Ya se convocó a elecciones generales, nuevamente viciadas. Estaría muy bien tornarlas en un instrumento que sirva para reclamar la necesaria transformación política institucional que siente las bases de la democracia plenamente inclusiva, de la democracia genuina que no es otra que la democracia participativa; es decir, el sistema en el que los pueblos se gobiernan.
Una acotación
Dejo en claro mi rotunda oposición a la pena de muerte. Creo que jamás debería citarse como modelos de institucionalidad a países en las cuales dicha pena tenga vigencia.
Muchos son los argumentos que fundamentan esta oposición; desde que no condice con la tradición espiritual de nuestra comunidad y que implica vulnerar la Constitución y las leyes internacionales hasta su ineficacia, pasando por el riesgo de aplicarla a inocentes, que no es de fácil decisión, que encarece los procesos, etc.
Agrego una razón: si se conoce la mentalidad a fondo de los criminales de “verduqui”, la pena de muerte es hasta un símbolo de honor; hay que ser todo un “grata”, todo un criminal temerario para merecerla y, por lo tanto, propicia identificación. Para muchos malhechores, en los países que se aplica, llegar a ser condenado a muerte es un mérito. ¿Lo pensaron sus propiciadores?
No faltan en ese conglomerado los reclamos destemplados por más cárceles, por la represión indiscriminada y a mansalva, por leyes más duras y hasta por la pena de muerte ni tampoco las celebraciones masivas del gatillo fácil. Hay circunstancias en las que parece que nos encontramos al borde del linchamiento.
A la comisión de delitos, por sí misma muy dolorosa y causante de tragedias evitables, se suman los efectos indeseables de las conductas que buscan neutralizarla: la guerra de pobres contra pobres, un estado de pánico que afecta a toda la población hasta obnubilarla, el oportunismo de dirigentes políticos y referentes sociales y el aislamiento, el virtual toque de queda, con todo lo que socialmente significa, de mucha gente que pretende así evitar robos, asaltos, lesiones e incluso, la muerte. Aunque pueda parecer absurdo, tampoco falta el reproche a quienes gritan su dolor por la pérdida de un ser querido.
En medio de ese pandemonium, los roles protagónicos tienden a ser ocupados por dos tipos de contrincantes: en este rincón, los que creen en la mano dura y, asumiéndose como víctimas, descreen de cuánta victimización padecen aquellos a quienes acusan; en el otro rincón, quienes en su justa toma de partido por los excluidos terminan abogando por quienes delinquen considerándolos casi mártires.
Unos y otros incurren en prejuicios de direcciones contrarias aunque sobre la base de una coincidencia inquietante: ambos tienden a asociar la práctica delictiva o “los problemas con la ley” con la pobreza y con los pobres. Los primeros, sustentando la anacrónicas vinculaciones pobreza – vagancia – camino fácil versus riqueza – esfuerzo – espíritu competitivo. Los segundos, porque se encierran en los límites de una correcta observación: “las cárceles están llenas de pobres, de quienes no pueden pagar abogados ni cuentan con vinculaciones poderosas”; no parecen darse cuenta de que la inseguridad tiene que ver con factores y con actores que exceden en mucho a las fechorías de chicos descarriados.
Resumidamente, a través de referentes, expertos, medios de comunicación y ciudadanos en general, pareciera que el patrón delictivo respondiera a este curso: una mañana cualquiera alguien al despertarse en su vivienda inhabitable cae en la cuenta de que su familia no tiene para comer y entonces, llevado por su resistencia a trabajar, se provee de paco con su vecino, pasa por lo de su tío a quien le sustrae el arma y, media hora después, en algún barrio de clase media baja, le roba la billetera a un anciano a quien golpea e, incluso, en un arranque de ira hiere o mata. Nada más alejado de mi intención que mofarme, de ninguna manera por favor, de la gravedad merecidamente atribuida a las acciones criminales. Con esa descripción quiero mostrar lo rayano en el ridículo que puede estar la lectura más frecuente que se está haciendo sobre esta densa problemática (sin desconocer que la desesperación pueda impulsar eventualmente a alguien a proceder de esta injustificable manera).
Quiero ser suficientemente abarcativo y justo: es digna de encomio la actitud de quienes habiendo sido víctimas, sea de asaltos y homicidios culposos o a sangre fría ejecutados por delincuentes, sea de la represión salvaje, de la droga o del gatillo fácil, mantienen una firme adhesión a la ley y asumen, incluso, un compromiso militante con el fin de modificar maduramente este estado de cosas. Quiero expresar mi más profundo respeto y solidaridad con estas personas y grupos y valorar cuánto contribuyen a que adoptemos el rumbo correcto.
Finalizando esta introducción pregunto: ¿para cuándo el reconocimiento a la inmensísima mayoría de excluidos, de pobres y de sin techo por sus esfuerzos, sus aportes, su honestidad a toda prueba, su espíritu solidario?
Un poco de historia
Los comportamientos delictivos, tengan el alcance y la masividad que tengan, responden a patrones: esto es, se basan y despliegan siguiendo ciertas modalidades, determinados modi operandi.
Para entender esta primera aseveración, incursionemos en la historia más o menos reciente.
El 24 de marzo recordamos el golpe de estado que en 1976 instauró la terrocracia cívico militar más sanguinaria de nuestra historia del siglo XX. Tuvo como antecedentes la acción más que injustificadamente violenta de la tenebrosa triple A y de quienes, supuestamente del otro lado, creían a pie juntillas (de buena o mala fe) que la revolución supone excluyentemente el tronar de los fusiles. Ni unos ni otros escucharon a Perón, conductor y presidente legal y legítimo quien, entre otras lúcidas sentencias, formuló aquella de “dentro de la Ley todo, fuera de la ley nada”; tampoco escucharon a las fuerzas democráticas de todo el arco político ni a los referentes sociales de la época. Prepararon, así, el advenimiento de la terrocracia cívico militar la cual instauró, desde el dominio del Estado, el delito como modalidad sistemática para la represión tanto de las organizaciones guerrilleras como de los reclamos populares legítimos; también para la realización de los negocios, negocios que socavaron la soberanía argentina, comenzaron la destrucción de la cultura, de la industria y del trabajo, endeudaron a nuestro país con cifras siderales y arrasaron con la genuina vocación política y todo compromiso social.
Esa dictadura, además de incurrir en sedición, “legitimó” el secuestro seguido de la desaparición de personas, los asesinatos a mansalva a cualquier hora del día y la noche, el robo de bebés, los saqueos, la extorsión, la persecución de ciudadanos y de ideas, la quema pública de libros, la usurpación de las instituciones, los negociados económicos más salvajes de toda la historia nacional y la corrupción del Estado y la actividad privada.
Sus herederos, integrantes de los gobiernos civiles a partir de 1983, continuaron de una u otra manera con la comisión de actos entre ilegales e ilegítimos, entre ellos todo lo referido al tratamiento de la deuda externa y la corrupción; el gobierno menemista fue una catarata de acciones que merecerían la justicia más rigurosa. O, por ejemplo, como acotó en una reunión de la Mesa Coordinadora de GESTAR, Marisa Timor, ¿no causó enorme inseguridad entre todos los argentinos los paquetes de medidas que se hicieron tristemente famosos como “corralito” y “corralón”?
Tampoco podemos olvidar en este rápido repaso cuántos referentes de variadas áreas, desde la política, la religión, la actividad empresaria hasta el deporte o la farándula han cometido delitos, a menudo de implicancias bastante más graves que muchos hechos cotidianos. Muchos de estos “comitentes” hoy, a los cuatro vientos, reclaman mano dura. ¿Qué clase de caraduras son? Cuánto de cierto hay en aquello de “ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio”.
En la sociedad neopatronal que promueve el “vale todo” todo vale para ellos, los que tienen todo; a los demás, nos proponen someternos. Afortunadamente el pueblo argentino, con su proverbial lucidez, en su última marcha “por la seguridad” los dejó solos y, en esa soledad, se notó una pobreza que carece de la dignidad de la que sufren las mayorías: la pobreza de su convocatoria, de sus consignas y de sus discursos.
Modelos, organizaciones e inseguridad
Lo descrito ilustra en torno a dos cuestiones vitales, las dos que me interesa destacar en esta nota:
No sólo para los comportamientos éticos, dignos y solidarios se requiere de modelos: también para los corruptos y los criminales. Queda demostrado que la terrocracia cívico militar y sus dilectos continuadores fueron una fuente inagotable de modelos delictivos.
La acción delictiva requiere de organización. La dictadura se instauró merced al “accionar” de una banda criminal de civiles y militares, tributarias de castas y mafias; los sucesivos gobiernos civiles también se condujeron y se conducen “organizada y orgánicamente” para sus tropelías.
De tal modo, debemos inscribir cualquier acción delictiva, cualquier acción que genere inseguridad, en la conjunción de modelos que facilitan la vocación y el aprendizaje ilegal así como en organizaciones, verdaderas organizaciones, que cumplen la función de planificar, distribuir roles y tareas y hacerse cargo de la logística.
Volvamos al ejemplo: el par de muchachitos que sale por la mañana en una moto a robar cuanto celular se les cruza portado por algún transeúnte confiado, ¿se los comen? Es fácil deducir que requieren, además posiblemente de estimulantes, disponer de la moto (robada quizá), de los reducidores que les pagan y a su vez revenden, de compradores finales.
Si el delito es más grave o complejo, como saquear una oficina o una escuela son más los intervinientes: quienes enseñan y entrenan, quienes hacen inteligencia, quienes manejan dispositivos para ingresos ilegales a edificios, quienes compran después la variada gama de insumos obtenidos (computadoras, teléfonos, etc.), quienes revenden, quienes administran, “llevan la contabilidad”, coimean y negocian con los poderes públicos y las fuerzas de seguridad, quienes se ocupan de la contratación de abogados y de otras clases de profesionales según la envergadura del “negocio”, etc. ¿No es pecar de demasiada ingenuidad suponer que la inseguridad es causada por cientos de chicos violentos dispersos que operan individualmente?
El modelo conservador ya prehistórico, eufemísticamente llamado neoliberal, instaura la sociedad de los “individuos libres” que desemboca en ganadores versus perdedores, en los pocos exitosos que llegan a todo y las multitudes de fracasados que se quedan con nada, en la que vale la ostentación y el consumo desenfrenado a la par que se desacredita a la ética, la educación, el trabajo, el estudio, el esfuerzo, el compromiso social y político genuino, la solidaridad… En ese “todo vale” para ser alguien, las organizaciones delictivas ofrecen a cada hora a muchos una oportunidad para “pertenecer y alcanzar el éxito”: pavada de promesa por cierto tentadora. Es la promesa sostén por excelencia de las orgas del narcotráfico, tan a la orden del día hoy y tan representativas del perfil actual de la práctica delictiva.
Todos los tipos de organizaciones delictivas se escalonan desde la cúspide hasta la base de la compleja pirámide social y sus cabecillas y comandos más notorios ocupan posiciones encumbradas en el Estado y en el variado espectro de la actividad privada, alternan y negocian con los poderosos más diversos, participan de las recepciones de los salones oficiales y de las embajadas. A menudo, estas organizaciones responden a matrices ubicadas en el exterior, incluyendo a “renombradas agencias internacionales de seguridad o inteligencia” (recordemos la intervención en los terribles golpes de estado de los ´70 en América Latina, sin ir más lejos en la geografía ni en el tiempo).
Por supuesto, las organizaciones criminales se sienten como peces en el agua en sociedades, ricas o pobres, en las que se erosiona el sentimiento de pertenencia a una nación y a su pueblo, en las que se desalienta la educación, en las que se desmantela la industria, en las que no se hace nada por el desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica al servicio de la comunidad (y se opta por emplearlas en favor de intereses económicos voraces), en las que se desprecia la producción intelectual a la vez que se incurre en idolatría de la televisión basura, de la fama fácil, de las conductas tramposas y de la frivolización de todo.
Imagino que este análisis puede contribuir humildemente a clarificar acerca de cuáles deben ser los caminos para afrontar la seguridad, para cumplimentar lo que impulsamos en uno de los documentos de GESTAR: “trabajo y seguridad para todos”; como rezaba un cartel en la Jornada de Inclusión del 12 y 13 de diciembre del año pasado en el gomero de Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires: “Seguridad para todos; para los pobres también ¿eh?”.
Afrontando el riesgo de que parezca “traído por los pelos” no puedo dejar de dar otro ejemplo que tiene que ver con algo de una índole muy estratégica: una de las organizaciones más poderosas del planeta, el muy británico Reino Unido. piratea, depreda y busca consumar su saqueo y ocupación ilegal en nuestro – nuestro – Atlántico Sur. Cuenta con la complicidad de otras orgas muy poderosas: EEUU, la UE, la OTAN, etc. (usted puede seguir agregando, porque las hay). ¿Más fuente de inseguridad que el despojo del propio territorio? ¿Más fuente de inseguridad que la ocupación militar extranjera en nuestra patria? (ver en http://proyectonacional.wordpress.com el “Mapa de la soberanía argentina en peligro”).
Así que propongo barrer de cuajo con la ingenuidad – o con la mala fe de los que realizan sus sucios negocios haciendo la del tero (que confunde al predador piando con estridencia lejos del nido)-.
La inseguridad es resultante de organizaciones que buscan apropiarse de una sociedad como si se tratara de un territorio que hay que copar para ejercer su nefasto quehacer. El pibe sinvergüenza o violento, de cualquier clase social, es el eslabón final o débil, el carne de cañón, el mandado; obsesionarse por encanarlo –cuando no matándolo gatillo fácil mediante – es una resolución, además de cruel, precaria; los que manejan la cosa disponen de sustitutos en su nómina.
El reclamo popular
El reclamo por la seguridad es un reclamo popular. Hay que cortarla con que es una sensación o una típica demanda de la clase media.
Es un reclamo popular que hay que saber interpretar y saber canalizar; es el reclamo que resume, en un mismo grito desesperado, desde “basta de atropellos e injusticia” hasta “queremos trabajo, queremos una Argentina próspera, queremos un Estado justo que cumpla con su rol, queremos que se genere y se distribuya riqueza, queremos dignidad para todos”.
En otros términos: nos equivocamos si convalidamos gratuitamente que la masividad del pedido de más seguridad es vocinglería de autoritarios y de zonzos, fácil carne de la manipulación, que le hacen el juego encerrados en su individualismo.
Acertamos si lo entendemos como una exhortación popular a terminar con bandas y cómplices con mucho poder, con bastante más poder que el de la ciudadanía misma.
Quienes tenemos vocación social y política o responsabilidad como dirigentes debemos entender tal reclamo, orientar, proponer una estrategia y políticas y aplicarlas (ver en http://proyectonacional.wordpress.com el documento de GESTAR: “Elecciones ¿qué hacemos?)
Ya se convocó a elecciones generales, nuevamente viciadas. Estaría muy bien tornarlas en un instrumento que sirva para reclamar la necesaria transformación política institucional que siente las bases de la democracia plenamente inclusiva, de la democracia genuina que no es otra que la democracia participativa; es decir, el sistema en el que los pueblos se gobiernan.
Una acotación
Dejo en claro mi rotunda oposición a la pena de muerte. Creo que jamás debería citarse como modelos de institucionalidad a países en las cuales dicha pena tenga vigencia.
Muchos son los argumentos que fundamentan esta oposición; desde que no condice con la tradición espiritual de nuestra comunidad y que implica vulnerar la Constitución y las leyes internacionales hasta su ineficacia, pasando por el riesgo de aplicarla a inocentes, que no es de fácil decisión, que encarece los procesos, etc.
Agrego una razón: si se conoce la mentalidad a fondo de los criminales de “verduqui”, la pena de muerte es hasta un símbolo de honor; hay que ser todo un “grata”, todo un criminal temerario para merecerla y, por lo tanto, propicia identificación. Para muchos malhechores, en los países que se aplica, llegar a ser condenado a muerte es un mérito. ¿Lo pensaron sus propiciadores?
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